Un modelo para el progreso indígena

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Un modelo para el progreso indígena

Marcela Sánchez*

Algunos pueblos indígenas de los Andes, están mirando al norte en busca de un nuevo modelo de desarrollo —pero más al norte de lo que muchos se imaginan.

No están pidiendo acceso a pequeños préstamos para microempresas o facilidades para emigrar a tierras más ricas. Están pensando en grande y hablando de dinero en grande. Están imaginando corporaciones nativas, con ánimo de lucro, donde los indígenas son los accionistas y las empresas multinacionales son socias. Para ser exactos, están hablando de capitalismo corporativo al estilo de Alaska.

En 1971 una histórica legislación conocida como ANCSA (Alaska Native Claims Settlement Act) fue aprobada por el Congreso estadounidense para poner fin a una disputa entre el Estado y los indígenas sobre tierras en Alaska, permitiendo así la construcción de un oleoducto de 1,300 kilómetros entre la costa norte y el puerto de Valdez. ANCSA le pagó a los indígenas casi mil millones de dólares por tierras retenidas por el Estado y creó corporaciones con ánimo de lucro, 13 regionales y más de 170 en aldeas, dándoles total derecho sobre el 10 por ciento de las tierras estatales, incluidos recursos del suelo y el subsuelo.

Después de mucho ensayo, error y litigios, los indígenas de Alaska empezaron a ver las ganancias económicas de ANCSA. El número de indígenas que viven en la pobreza ha caído a 18 por ciento (una década antes de ANCSA esa cifra era del 67 por ciento). En el 2000, cuatro veces más hombres y diez veces más mujeres tenían trabajo que hace 40 años y el ingreso entre los más ricos creció en un 157 por ciento mientras que aumentó en un 242 por ciento entre los más pobres.

Ese tipo de progreso ha sido particularmente esquivo para los indígenas latinoamericanos. Según un reciente informe del Banco Mundial “los pueblos indígenas en América Latina han logrado poco progreso económico y social en la última década y continúan sufriendo de mayor pobreza… que otros grupos”. En Bolivia y Guatemala, tres cuartas partes de los indígenas son pobres. Y en las zonas montañosas rurales de Ecuador, un 96 por ciento viven en la pobreza.

Curiosamente, durante la última década, los indígenas han hecho valer más su poder político a nivel nacional. Nuevos partidos políticos indígenas y nuevos representantes elegidos han surgido donde dominaban antes los blancos. Medidas constitucionales y legales se han creado para responder a sus demandas. Y su activismos ha ocupado las primeras planas al derrocar presidentes, como pasó recientemente en Bolivia, y obstruir la inversión de empresas multinacionales en sus países.

Aunque ese poder político ha significado ganancias democráticas, algunos líderes indígenas saben que eso no es suficiente. Ángel Medina, quien promueve la participación cívica y prepara nuevos líderes indígenas en Ecuador, está ahora convencido de que “no puede haber democracia cuando la parte productiva y económica es desastrosa en nuestros pueblos”.

Medina y el gobernador José Francisco Paqui, ambos indígenas saraguros del sur de Ecuador, estuvieron en Washington la semana pasada para decirle a congresistas estadounidenses y a otros que es hora de dirigir más recursos y asistencia a la gente más afectada por la pobreza y el aislamiento. Más concretamente, Medina quiere apoyo para una nueva iniciativa que busca adaptar el experimento de Alaska en Ecuador.

Medina siente que su gente ha tenido pocas opciones distintas a las de vivir en la pobreza. Al no haber tenido oportunidad de opinar sobre acuerdos de desarrollo que explotan sus tierras, han aprendido a ver cualquier uso extranjero del territorio como destructivo. Algunos líderes nacionales han usado eso para proyectar la imagen de que los indígenas están en una permanente “confrontación con el capitalismo”.

En los 70, los indígenas de Alaska estaban en una situación muy similar particularmente por su preocupación sobre lo que haría el capitalismo con su modo de vida. “Nuestra gente se imaginó peces muertos y fauna y flora muerta… lo cual era suficiente para asustarla”, recordó Oliver Leavitt, capitán ballenero y alto ejecutivo de la corporación regional Arctic Slope creada por la Ley del 71. “Insistimos y negociamos con la industria” y gracias a ello su región tiene ahora “uno de los campos de petróleo más limpios”, dijo Leavitt.

Claro que existen riesgos para los indígenas que adoptan ese modelo corporativo. Cambios económicos sustantivos inevitablemente crean ajustes culturales. Pero Medina es optimista. Cree que la propiedad indígena y la explotación de tierras indígenas basadas en la “cosmovisión colectiva” es mucho mejor que lo que ocurre actualmente cuando los indígenas no pasan de ser simples testigos mientras otros hacen las excavaciones. Para Medina, la experiencia nativa en Alaska promete exactamente las lecciones que quisiera tener la oportunidad de aprender.

Artic Slope, que provee servicios a campos petrolíferos, es ahora una compañía de mil millones de dólares con dueños esquimales y que emplea a miles de personas. Durante el primer trimestre del año declaró ganancias por 21.3 millones de dólares.

“Empezamos con asociarnos con gente que sabía lo que estaba haciendo”, dijo Leavitt. “Terminamos comprando su parte del negocio. Aprendimos”.

Después de mucho ensayo, error y litigios, los indígenas de Alaska empezaron a ver las ganancias económicas de ANCSA. El número de indígenas que viven en la pobreza ha caído a 18 por ciento (una década antes de ANCSA esa cifra era del 67 por ciento). En el 2000, cuatro veces más hombres y diez veces más mujeres tenían trabajo que hace 40 años y el ingreso entre los más ricos creció en un 157 por ciento mientras que aumentó en un 242 por ciento entre los más pobres.

* washingtonpost.com