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Solórzano en mira legislativa
Luis Felipe Palacios
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Los legisladores liberales se la tienen contra el ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Pedro Solórzano.
Ayer viernes, el jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Enrique Quiñónez, amenazó a Solórzano con destituirlo de la cartera que dirige desde que inició la Administración Enrique Bolaños en enero del 2002.
La razón, según Quiñónez, es que el titular de Transporte habría pasado por encima de la Contraloría General de la República cuando se modificó el contrato de adjudicación con la empresa española Hispánica, que construye el cuestionado tramo de carretera Granada-Masaya-Managua.
Quiñónez observó que una carta del ente fiscalizador dice que en ningún momento “la Contraloría ha autorizado ninguna modificación al contrato y eso es violar la Ley de Contrataciones del Estado”.
El diputado liberal añadió incluso que hay una auditoría “que está haciendo la Contraloría General de la República, donde nos dijeron que ya hay presunciones para acusarlo (a Solórzano) con responsabilidades administrativas y responsabilidades civiles y penales”.
El miércoles, legisladores liberales y sandinistas solicitaron nuevamente la interpelación de Solórzano, por no haber satisfecho las dudas de los parlamentarios sobre el caso Hispánica.
Quiñónez advirtió que durante la interpelación, el parlamento tiene la facultad de destituir a Solórzano, según las reformas constitucionales que desconoce el Ejecutivo, sobre todo si existen presunciones penales en su contra.
Estimó que la nueva interpelación de Solórzano puede ser a finales de agosto o inicios de septiembre.
