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El fallo de la CSJ sobre los megasalarios
La resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Regulación Salarial de los Funcionarios de Mayor Jerarquía del Estado, a pesar de que ya se sabía por donde venía causó una gran conmoción sobre todo en los círculos parlamentarios, donde algunos diputados inclusive estallaron en insultos contra los magistrados de su mismo partido e ideología.
El colmo es que un diputado sandinista calificó a los magistrados como un “atajo de sinvergüenzas que mensualmente reciben 143 mil córdobas de salario, en un país donde hay un 80 por ciento de pobreza, donde los profesionales como los médicos tienen básico de 3,300 córdobas; y los profesores universitarios devengan sueldos que oscilan entre los 4,000 y 8,000 córdobas mensuales” (LA PRENSA, viernes 15 de julio, 2005). Sin embargo el diputado de marras no aclaró que él mismo es uno de los (…) que recibe mensualmente un enorme sueldo estatal, ni dijo que en la mencionada Ley de Regulación Salarial los diputados redujeron los sueldos de sus colegas en otros poderes del Estado, pero se aumentaron los propios.
Sin duda que con este fallo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante todo están protegiendo sus propios intereses pecuniarios. Pero también hay que decir que la Ley de Regulación Salarial de los Funcionarios de Mayor Jerarquía del Estado, es tan defectuosa que mueve a pensar que los diputados querían que la Corte la declarara inconstitucional. Sólo para dar un ejemplo, los diputados establecieron para la reforma de dicha ley una categoría especial de votación (del sesenta por ciento) siendo que el procedimiento de formación de la ley forma parte de la Constitución. Y además, lo lógico es que una iniciativa de ley de regulación salarial en los estratos superiores de todas las instituciones del Estado debió haber sido consultada y consensuada entre los respectivos poderes estatales, y no dictarla como un ucase de dictadura legislativa. Salvo que, repetimos, el propósito de los diputados fuera quedar bien con la población que protesta contra los mega salarios en el Estado, pero al mismo tiempo “pasarle la bola” a la Corte para que anulara la ley por inconstitucional.
Ahora bien, la remuneración de los funcionarios de los niveles medio y superior del Estado es un tema de antigua y todavía no resuelta discusión, y no sólo en Nicaragua sino que a escala internacional. Al respecto se manejan dos planteamientos principales: uno, que los funcionarios públicos son servidores del pueblo y por lo tanto se deben sacrificar económicamente y sus sueldos deben ser dignos pero moderados. Y además, que en tiempos económicamente malos para el país, la burocracia superior del Estado tiene que dar el ejemplo de austeridad ante los ciudadanos.
La otra postura acerca de la remuneración de la capa dirigente del Estado, sostiene que sus sueldos deben corresponder a la complejidad de la función que desempeña el funcionario, a su capacidad profesional y su dignidad oficial. Quienes sostienen esta tesis señalan, además, que con un sueldo insuficiente se aleja a las personas idóneas de la función pública, se llena las instituciones de gente incapacitada y se alienta o se incrementa la corrupción.
Viendo el asunto de modo ideal, sin duda que la motivación principal para que una persona desempeñe cualquier cargo público y sobre todo uno de alta responsabilidad, no debería ser el factor económico sino la vocación de servicio. Pero, en el mundo real, la gente —y ante todo quienes ocupan altos cargos en el Estado— piensa y opera de un modo diferente, máxime en un país como Nicaragua, donde por la corrupción pública, la debilidad de la economía privada y la pobreza de la población, el empleo estatal es un codiciado medio —para unos— de sobrevivencia y —para otros— de progreso personal y ascenso social.
En todo caso, queda la sospecha de que fue por pura demagogia populista que los diputados aprobaron la Ley de Regulación Salarial de los Funcionarios de Mayor Jerarquía del Estado, pero de una manera tal que fácilmente fuese declarada inconstitucional. Si de verdad querían moderar los sueldos en el Estado debieron hacer un estudio comparativo de las remuneraciones estatales en otros países cuyas condiciones son parecidas a las nuestras, establecer una propuesta salarial razonablemente adecuada a las circunstancias de Nicaragua, y consensuarla entre los distintos poderes del Estado. Todo eso hecho de manera transparente, de cara al conocimiento del público y a la crítica de los ciudadanos.
