Mirna Velásquez Sevilla yLudwin Loá[email protected]
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Corte protege los megasalarios en el Estado
Mirna Velásquez Sevilla y
Ludwin Loáisiga
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) oficializó ayer la decisión unánime de declarar inconstitucional la ley que regula los jugosos salarios de los funcionarios de alta jerarquía en el Estado.
Entre los argumentos de los magistrados están la “violación de una serie de garantías y derechos adquiridos”, pero sobre todo, el que la ley “tiene efectos retroactivos” porque hay funcionarios que —previo a la aprobación de la ley en el parlamento—, fueron contratados con determinados salarios, y al aplicarse la misma, se estaría “violando la libertad de contratación y sus derechos adquiridos”.
“Los salarios quedan firmes (para) todos los funcionarios, tal como entraron, y el presupuesto lo tienen preestablecido”, declaró Manuel Martínez, presidente de la CSJ.
La Asamblea Nacional aprobó el 12 de abril pasado la Ley de Regulación Salarial de los Funcionarios de Mayor Jerarquía del Estado, nivelando el sueldo a 3,500 dólares a cada funcionario.
Según el magistrado Martínez, al aprobarse la ley, el parlamento está invadiendo a los demás poderes del Estado, puesto que el encargado de elaborar el Presupuesto General de la República, es el Ejecutivo.
“Cada Poder elabora su propio presupuesto conforme se le asigna, entonces, estar variándole los presupuestos a un Poder del Estado, es una invasión de atribuciones”, indicó Martínez.
Gustavo Porras, secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), rebatió este argumento basado en que el Legislativo emite el presupuesto después que éste ha sido formulado como anteproyecto, por el Ejecutivo.
“La Asamblea tiene la potestad de determinar sin mover los techos, si no dice de dónde sacar, tiene la potestad de determinar a donde pone y a donde quita. Desde ese momento está claro que la Asamblea, como primer poder del Estado determina en su momento de formulación presupuestaria sobre los diferentes poderes del Estado”, expresó Porras.
“FALTA DE VERGËENZA”
Porras consideró que la decisión de los funcionarios públicos de recurrir de amparo, y de los magistrados judiciales, es una “falta de vergüenza” y les llamó “atajo de sinvergüenzas” puesto que mensualmente reciben 143 mil córdobas de salario, en un país donde hay un 80 por ciento de pobreza, donde los profesionales como los médicos tienen un salario básico de 3,300 córdobas; y los profesores universitarios devengan sueldos que oscilan entre los 4,000 y 8,000 córdobas por mes.
DIPUTADOS TAMBIÉN AFECTADOS
Diputados liberales y sandinistas rechazaron el fallo de la CSJ, al argumentar que no respeta el equilibrio que supuestamente se buscaba para el salario de los altos funcionarios del Estado.
Los legisladores anunciaron que presentarán una nueva propuesta de Ley de Regulación Salarial, luego que mediante la ley declarada inconstitucional por la Corte, ellos se habían subido el salario en cerca de 300 dólares.
Al aprobarse la ley en la Asamblea Nacional, los diputados fueron los únicos funcionarios del Estado que se incrementaron el salario bruto a 4,725 dólares.
“Nos parece lamentable que se haya dado ese fallo”, dijo el sandinista Bayardo Arce.
“Nosotros perfectamente podemos volver a hacer esta ley, si hay señalamientos válidos de que la Asamblea erró en la ley, pues perfectamente se puede elaborar otra ley”, agregó.
Los parlamentarios consumen anualmente diez millones de dólares en cuatro rubros: salario, gasolina, presupuesto para gastos sociales y otra partida por pertenecer a una bancada del Legislativo.
Al año, cada uno de los 91 diputados consume casi 109 mil dólares.
El diputado liberal Wilfredo Navarro manifestó que el objetivo de la ley era terminar con la desproporción en el salario de los funcionarios públicos y que los 3,500 dólares netos mensuales “están acorde con la realidad del país”.
