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Cada semana unas 300 tucas de madera parten de Boca de Sábalos, en el departamento de Río San Juan, hacia Costa Rica como destino principal. La mayoría de ellas son de almendro, cuya tala está prohibida en el vecino país del sur. Esa cantidad se traduce en 120 mil córdobas para los dueños de fincas y 900 mil dólares para los comerciantes internacionales.
Esto se desprende de una denuncia de los dirigentes del Proyecto de Manejo Sostenible (PMS), sobre los permisos que otorga el Instituto Nacional Forestal (Inafor) en esa zona, cuyo daño aparentemente está sostenido en una explotación que, siendo legal, está acabando con los bosques de la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz, al sur del país.
Según Harlam Jarquín, delegado municipal del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), quien además es miembro de la PMS, se han encontrado “ciertas anomalías” supuestamente a sabiendas de los delegados del Inafor, como la utilización de una misma guía forestal para sacar varios camiones de madera (de fincas distintas), o aprobaciones a planes de manejos que ya fueron utilizados en otras comunidades anteriormente.
Esto demuestra doble ilegalidad: primero porque deben ser documentos únicos y, segundo, porque se demuestra que se hacen “en el escritorio”, cuando deben realizarse en el campo.
Fidel Martínez, de la Fundación del Río, un organismo no gubernamental ambientalista establecido en Río San Juan, señala que “hay bastante corrupción en la sacada de la madera, por ejemplo: hay un permiso para sacar madera de una parcela, y con ese permiso sacan madera de otra. No sé de qué manera se justifican, pero los casos se dan, muchos madereros van sacando los últimos árboles que van quedando, no creo que esos estén dentro de un plan de manejo, porque se trata de los últimos árboles de una finca”.
La queja del PMS es que todo eso es legal, y aparentemente es defendido por el delegado del Inafor en Boca de Sábalos, Rubén Rodríguez, quien literalmente huyó de la cabecera municipal, tras conocer de la presencia de varios periodistas que querían abordarlo sobre el asunto la semana pasada.
En representación de la Alcaldía, Erick Reyes mencionó que no pueden hacer mucho. “Si llamamos a los madereros y les decimos: miren, me están descomponiendo toda esta infraestructura (los caminos), necesitamos que nos paguen. Ellos nos responden que el único pago que tenemos que hacer es al Inafor y ya lo hicimos”.
Los datos oficiales indican que cada año se exportan tres mil metros cúbicos de madera, que una vez en Honduras y Costa Rica, se convierten en muebles costosos. El problema en Boca de Sábalos es que los madereros ticos y nicaragüenses encuentran asidero legal para transportar madera hacia la frontera sur, pero además tienen hasta 50 puntos ciegos para hacerlo de manera ilegal.
Martínez advirtió que la tala es la punta de lanza para el fenómeno agropecuario, al quitarle valor forestal a las fincas. La actividad tiene en peligro de extinción a aves como la lapa verde y amenaza a otras especies silvestres.
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¿INAFOR DEPURA?
El Instituto Nacional Forestal (Inafor) es probablemente la institución más desacreditada en el departamento de Río San Juan. El que sea legal entregar guías forestales en blanco para los madereros o permitir alteraciones a los permisos de explotación, hacen que algunas autoridades duden de la ventaja de tener un delegado o regente en su jurisdicción.
A pesar de eso, su director, Indalecio Rodríguez, lo defiende a como puede. No niega la corrupción existente en el Inafor, pero asegura que la institución está en un proceso de depuración que terminará en un cambio drástico de la explotación forestal para el año que viene.
Según Rodríguez, se están cambiando a los delegados que han caído en anomalías, y pronto se realizarán auditorías para “medir” a los 285 regentes, ya que “algunos nos están fallando”, indicó. Asimismo, se realizará un inventario forestal nacional y se promoverá una veda a la exportación de madera en rollo.
