José León Talavera S.
Cuando se conoció la iniciativa de Ley de Costas, introducida en simultáneo por un diputado del FSLN y otro del PLC, muchos nicaragüenses y extranjeros con propiedades en zonas costeras, o vinculados a proyectos de desarrollo en las riberas de mares, lagos, lagunas y ríos de nuestro país, nos entusiasmamos frente a la oportunidad que representaba disponer de normativas modernas que faciliten la protección del ambiente y el ordenamiento de los miles de kilómetros que circundan los abundantes cuerpos de agua de nuestro territorio.
Transformar las zonas costeras con mayor potencial turístico en polos de desarrollo requiere de un conjunto de acciones que permitan contener los procesos de deterioro ambiental y la vigencia de normas que regulen su uso, para garantizar que los diferentes proyectos se comprometan con modelos de desarrollo sostenible y que los ciudadanos nicaragüenses tengan garantizado el libre acceso a las áreas de dominio público ya establecidas en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en vigencia desde 1996.
En lo personal pensé que dicha iniciativa de ley tendría un impacto multiplicador para generar nuevas inversiones y masivos empleos, particularmente en los municipios de Tola y San Juan del Sur, en donde más de un centenar de grandes, medianos y pequeños inversionistas extranjeros y nicaragüenses, organizados ya en asociaciones gremiales, hemos apostado a transformar dichas zonas costeras en verdaderos instrumentos de desarrollo.
Vale la pena recordar que información oficial del Instituto de Turismo (Intur) con base a proyectos ya registrados, refleja programas de inversiones privadas superiores a los 200 millones de dólares para los próximos cinco años, constituyendo desde ya dichos proyectos los ejes fundamentales para la generación de ingresos en esos municipios a través del pago de impuesto de bienes inmuebles. Gracias a estos proyectos, las propiedades costeras se han revalorizado en más de un 500 por ciento en los últimos 5 años.
Paradójicamente, es en este contexto que ha comenzado a provocar alarma generalizada el contenido de algunos preceptos de la iniciativa de Ley de Costas. Desconociendo el principio fundamental de respeto de los derechos adquiridos, la iniciativa de ley amenaza con confiscar una franja de 200 metros a lo largo de las zonas costeras, sin hacer excepción alguna.
Lo anterior significa, por ejemplo, que sería confiscada la mitad de la ciudad de San Juan del Sur, incluyendo el parque y la mitad de la Iglesia. Otro tanto sucedería con las comunidades de pescadores como El Ostional, Gigante, El Astillero, La Boquita, Casares y Aserradores, así como con las casas, hoteles y negocios turísticos de los principales balnearios del Pacífico y Atlántico de nuestro país. Igual fenómeno ocurriría con parte de las ciudades de Bluefields, Puerto Cabezas, Corn Island, Corinto, etc.
Considero importante destacar, que en el caso de las propiedades en zonas costeras tanto marítimas como lacustres en el departamento de Rivas, la mayoría tiene asientos registrales anteriores al año 1917, fecha relacionada con la aprobación de la Ley Agraria de la época, que regulaba futuras asignaciones de tierras baldías propiedad del Estado, la cual de manera expresa cautelaba los derechos adquiridos.
Tratando de revertir tan temeraria iniciativa, que vendría a echarle más leña al fuego al ya de por sí espinoso tema de la propiedad, hemos iniciado bajo el liderazgo de la Cámara Nacional de Turismo los contactos personales con las respectivas comisiones parlamentarias y sus liderazgos políticos, advirtiéndoles de los riesgos y costos de la presente iniciativa de ley.
Agravando la situación, en fecha más reciente confirmamos que en el proyecto de discusión de la importante Ley de Aguas, también en la tubería parlamentaria, los mismos intereses oscuros que promueven la confiscación vía Ley de Costas, han incorporado el mismo artículo confiscatorio de 200 metros a lo largo de las costas de los océanos, que pasarían bajo dominio del Estado.
Hemos insistido en diferentes reuniones con legisladores en nuestro respaldo a una iniciativa de ley que contribuya al ordenamiento de las zonas costeras, con participación beligerante de las autoridades municipales respectivas, y la presencia de instituciones del Gobierno Central como el Intur y el Marena
De igual manera hemos respaldado la necesaria regulación a través de los planes de ordenamiento territorial de cada municipio, para garantizar los accesos a las playas y balnearios tradicionales, para el disfrute ciudadano de los 30 metros de dominio público a partir del límite de la marea alta, establecidos en la Ley General del Medio Ambiente.
En lo personal pienso que la nueva ley de costas, sin afectar el dominio de la propiedad, debe establecer una zona restringida para construcciones, la cual sería delimitada a través de los permisos o estudios de impacto ambiental que cada proyecto debe someter al Marena y a las municipalidades para su aprobación. Ello con el propósito de reducir los riesgos de contaminación ambiental que inevitablemente provocan las construcciones de viviendas o proyectos turísticos en zonas aledañas a los cuerpos de agua, si no se realiza el manejo adecuado de desechos sólidos y líquidos.
Por último considero que la Ley de Costas debiera establecer mecanismos que permitan agilizar la solución por la vía judicial en los casos de disputas de propiedad que persisten en algunas zonas costeras, en donde el Estado, las municipalidades y particulares se enfrentan por la posesión de valiosas propiedades.
De nuevo el consenso entre la Asamblea Nacional y los ciudadanos es materia de milagros en nuestro desventurado país. Esperemos que ocurra uno.
El autor es Presidente de la Asociación de Desarrolladores del Pacífico Sur.
