Fallarán contra reformas

Una de cal y otra de arena. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por un lado, declarará parcialmente inconstitucionales las recientes reformas a la Constitución que hizo la Asamblea Nacional, y por el otro declarará inconstitucionales los decretos promulgados por el presidente Enrique Bolaños, adelantó el magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional.

Rosales informó que la reunión de la Corte Plena será reanudada este lunes para decidir sobre el fondo de dos asuntos importantes: los recursos de inconstitucionalidad que 97 personas introdujeron como parte del Movimiento por Nicaragua contra las enmiendas y otros dos recursos contra los decretos promulgados recientemente por el presidente Bolaños.

Sobre el primer aspecto, el magistrado Rosales dijo que a lo interno de la Corte hay una opinión generalizada de declarar inconstitucionales las enmiendas, pero no en su totalidad.

El 7 de abril de este año, el Movimiento por Nicaragua introdujo 150 recursos por inconstitucionalidad en contra del proceso de aprobación de una serie de reformas constitucionales, aprobadas en enero por el Parlamento.

Según el magistrado Rosales, a más tardar el martes será declarada la inconstitucionalidad parcial de las reformas a la Constitución porque pareciera que no toda la ley roza. Pero la discusión sobre este tema se detuvo el viernes pasado porque, hay dos puntos —de los que evitó dar detalles— en los que no logran avanzar.

“Todavía tenemos dos inconstitucionalidades y sobre eso es que todavía no hay acuerdos”, refirió.

«INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL, NO PARCIAL»

Lindolfo Monjarretz, Secretario de Comunicación de la Presidencia, se pronunció porque si el Poder Judicial emite una resolución apegada a derecho, sobre la inconstitucionalidad de las reformas a la Carta Magna, debe ser de manera total y no parcial.

Recordó que la inconstitucionalidad en la modificación que los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron, radica precisamente en la ruptura del equilibrio y armonía entre los Poderes del Estado, al restarle facultades al Ejecutivo, y que ha derivado en una crisis política, que podría llevar hasta el desafuero del presidente Enrique Bolaños.

Dijo que en lo referente a la forma, sobre la inconstitucionalidad de las reformas, es porque no se aplicó correctamente el proceso de reforma constitucional, ya que el texto aprobado en la segunda legislatura varió del original que se aprobó en primera legislatura.

“Si quisieran fallar apegados a derecho, eso es lo que deberían de resolver, que son reformas inconstitucionales, no parcialmente inconstitucionales, son completamente inconstitucionales”, insistió Monjarretz.

“Y recuperar de alguna manera el prestigio que han perdido, producto de la judicialización de la política, en la cual ellos han estado lamentablemente involucrados”, comentó el funcionario de Gobierno.

En el mismo sentido se refirió Klaus Stadthagen, del Movimiento por Nicaragua, quien presentó los recursos de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial, al argumentar que “son o no son inconstitucionales”.

Indicó que desde que se presentan más de 150 recursos por inconstitucionalidad, aunque no todos hayan sido tramitados, en ellos se establece el porqué de la inconstitucionalidad, por lo que no puede haber “claroscuro”.

Entre los argumentos contenidos en los recursos presentados ante la CSJ, aducen que además de la variación del texto original, no se hizo consultas amplias a la población si las respaldaban, previa aprobación y por último la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), la que es vinculante.

Desestima que el Poder Judicial brinde una respuesta a medias para intentar abrir una salida a la crisis política que mantiene confrontados a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“Se puede prestar a malas interpretaciones, lo que la ley dice, si hay errores o faltas en el procedimiento, son inconstitucionales, no dice que parte es inconstitucional y otra no”, señaló Stadthagen.

Abogó porque los magistrados judiciales respeten la ley y no permitan que se preste a maniobras políticas, para optar por medidas intermedias, porque si se manipula para incidir en negociaciones políticas, se caería en la génesis del conflicto que fue el pacto entre los partidos mayoritarios, además de la politización de la justicia en Nicaragua.

La sentencia será dada a conocer una vez que se venza el plazo para que tanto el Procurador de la República, Alberto Novoa, como el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, rindan un informe sobre las reformas parciales a la Constitución, criticadas porque le restan facultades al presidente Bolaños.

Para el magistrado Rosales, la sentencia que emitirá la Corte demuestra que no hay una “ofensiva judicial” contra el presidente Bolaños, como aseguran algunos.

“Ése es un disparate que se ha estado queriendo manejar de que estamos en contra del Presidente. El problema es que el pobre Presidente no hizo caso a los que le asesoraron para que sacara esos dos decretos que son totalmente fuera de lugar. (…) Si así fuera no nos pronunciaríamos sobre la inconstitucionalidad de las reformas a la Constitución”, expuso Rosales.

“Si nosotros cerráramos filas, no tenemos por qué sacar ahorita una sentencia sobre las inconstitucionalidades, sencillamente vamos a sacar una sentencia porque ésa es nuestra responsabilidad”, añadió.

LOS DECRETOS

De la cal pasamos a la arena. Según Rosales, también existe consenso entre los 16 magistrados que conforman la Corte Plena para declarar la inconstitucionalidad de la decisión del mandatario de reconocer la supremacía de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) frente a los tribunales nicaragüenses.

La semana pasada, dos miembros del Colegio de Abogados introdujeron dos recursos de inconstitucionalidad contra los decretos del Presidente.

Bolaños dispuso, mediante estos decretos, que la Policía Nacional no debe acatar las resoluciones emanadas por el Poder Judicial y desconoció las reformas a la Constitución, basado en una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia.

OEA PIDIÓ NO ECHAR MÁS LEÑA AL FUEGO

El magistrado Francisco Rosales dijo que el Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, les pidió no emitir ninguna sentencia que acentuara la crisis, tregua que, según él, Bolaños rompió.

“Insulza nos dijo a nosotros: ‘por favor les quiero pedir que no le echen aceite ni leña al fuego, que por favor no saquen ninguna resolución’. Entonces nosotros no sacamos nada. El señor Presidente saca los dos decretos que dicen que va a ejecutar y cumplir con la sentencia de la CCJ y el otro que le ordena a Edwin Cordero que haga cumplir esa sentencia”, refirió Rosales.

Rosales consideró que la salida del Presidente es sentarse a negociar tomando en cuenta la “apertura” de Daniel Ortega y del Partido Liberal para ceder algunos cargos como el Inprur, el INSS, la ratificación de sus ministros y la aprobación de las leyes que mande al Parlamento.

¿FIN A LA CRISIS?

La sentencia que la Corte en pleno vaya a dictar próximamente va a ayudar a Nicaragua y le va a poner fin al profundo conflicto entre poderes, solamente si el presidente Enrique Bolaños sabe aprovechar dicha resolución, según explicó el magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).