Gustavo Ortega [email protected]
El presidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Alonso Icabalceta, confirmó ayer que el jueves interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones, contra la Ley de Regulación Salarial, aprobada por la Asamblea Nacional recientemente.
“Fui el día de ayer (jueves), fui por una sencilla razón: no por mi salario como Mario Alonso, sino por mi salario como presidente del Banco Central, porque el salario del presidente del Banco Central afecta la estructura salarial de todo el banco”, apuntó.
Afirmó que su salario es una referencia para el resto de cargos, “eso está en la ley… pero no sólo puede haber fuga (de personal) sino que hacia el futuro nos puede debilitar por la estructura (de salarios), el Banco Central es una institución donde se hace carrera a largo plazo”.
LA PRENSA indagó sobre este argumento en la Ley Orgánica del BCN, publicada en La Gaceta el 15 de octubre de 1999, pero ahí no se define ninguna referencia salarial, de la que hizo mención el presidente del BCN.
Alonso no supo responder cuántos empleados laboran en la entidad y aseguró que su salario es de 3,010 dólares mensuales. Sin embargo, LA PRENSA conoció durante la administración anterior, que ese cargo, ocupado por el ahora diputado liberal Noel Ramírez, devengaba 10 mil dólares.
“No sé, nunca he chequeado cuánto han ganado antes, tenemos ahora el que nos estableció la ley”, indicó.
Alonso negó problemas con el Fondo de Ahorro de Retiro (FAR), tal y como lo indicaron en su momento fuentes del mismo banco que exigieron el anonimato, pues aseguraban que varios altos cargos del BCN se retiraron de manera simultánea debido a la nueva Ley de Regulación Salarial, provocando iliquidez en el Fondo.
Estas denuncias provocaron el anuncio de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
“No hay inconsistencias, es una cosa normal, el FAR se creó en 1971, incluso a mí me tocó escribir el primer borrador de eso, incluso han habido ajustes en el tiempo, las cosas no son iguales, pero eso sigue operando”, aseguró Alonso
En tanto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, dijo que “cada quien está en su derecho, eso es algo que está haciendo cada quien individualmente, no tengo mucho más que decir… en términos generales creo que la ley fue redactada a la ligera y tiene una serie de problemas, lo idóneo es que trabajáramos ese tipo de cosas”.
Arana consideró que esta ley crea problemas en el servicio exterior, “vamos a ver en qué termina esto… luego lo veremos”, agregó.
Además de Alonso, también se han amparado contra esta ley, funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB), del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Entresa) y de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
YA VIGENTE
La Ley de Regulación de Salarios de Funcionarios Públicos de Mayor Jerarquía en el Estado, está vigente desde el seis de junio pasado.
Ésta establece un salario mensual de 5,103.90 dólares para el Presidente de la República; 4,403.97 para el Vicepresidente de la República.
Para los magistrados de los poderes del Estado, procuradores, ministros, fiscal, diputados, se establece un salario mensual de 3,500 dólares.
A los viceministros, presidentes y directores de entes descentralizados, Fiscal General Adjunto, Superintendente de Pensiones y subprocuradores, se les definió un salario de 3,010 dólares mensuales.
Asimismo se definen otros salarios para funcionarios en otros cargos de dirección en el Estado.
