- Municipalidad enfrentará juicio civil por afectar a urbanización
José Adán [email protected]
Qué construir: ¿una escuela o un callejón? A quién beneficiar: ¿a un hotel privado, un proyecto de urbanización o un barrio?
Éstos son algunos de los dilemas que afronta la Alcaldía de Estelí, ante el destino de una propiedad que, aunque es pública, ha generado malestar entre personas particulares que sienten violentados sus derechos de propiedad ante las pretensiones municipales.
El pasado martes el Concejo municipal de Estelí decidió entregar un callejón de 10 metros de ancho por 31 de largo, a los pobladores del barrio Boanerges López, al sur de la ciudad, para la construcción de un centro infantil que supuestamente beneficiaria a unas 100 familias pobres del sector.
A pesar de ser un área pública el mencionado callejón, la señora Marisela Rodríguez se opone a que ahí se construya un centro infantil, como pretenden los pobladores con el apoyo de un organismo no gubernamental que financiaría la construcción.
La oposición de Rodríguez, quien es gerente y propietaria del Hotel Cualitlán, se debe a que la mencionada construcción afectaría su negocio, ya que el terreno donde se construiría el centro, está ubicado frente a la entrada principal de su local, por lo cual ella considera que al donar dicho terreno obstruirían la entrada a sus clientes.
Ella asevera, además, que la Ley Orgánica de la Policía o Ley 228 establece que no se puede construir una escuela en al menos 400 metros cerca de un hotel, y que de construirse el centro escolar, ahogarían su negocio.
Otra persona que se siente afectada por la resolución municipal es la abogada Glenda Ibarra, dueña de la urbanización Amores de Sol, contigua a la zona en disputa.
A ella le derribarán una parte del muro perimetral que bordearía la futura urbanización. A juicio del alcalde de Estelí, Pedro Pablo Calderón, la construcción de ese muro no cuenta con el permiso municipal, bloquea dos calles públicas del barrio Boanerges López, aísla a dos barrios más y fomenta las inundaciones.
Ibarra, quien fue asesora legal de dicha alcaldía, asegura tener los permisos correspondientes para la lotificación de la urbanización, los permisos municipales para la construcción del muro y los avales de las alcaldías anteriores para impulsar su proyecto urbano.
El alcalde Calderón dice que la ley municipal faculta a las alcaldías a establecer planes de ordenamiento de la ciudad, que ninguna persona tiene la autoridad de cerrar calles públicas en perjuicio de las mayorías y que todas las resoluciones se han tomado por mayoría de los concejales representados en el Concejo municipal.
No obstante, Ibarra reclama que ninguna autoridad municipal está facultada a dañar la propiedad privada, ni usufructuar un bien privado legalmente registrado, para uso público sin un debido proceso judicial.
Ambas partes se preparan para un juicio civil, mientras los pobladores del barrio supuestamente demandan la construcción de la escuela.
