- El presidente del Poder Judicial, Manuel Martínez, advierte sobre “dictadura o anarquía” en el país
- Poderes del Estado, que controlan sandinistas y liberales, esperan que la Policía los obedezca
Luis Felipe [email protected]
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado liberal Manuel Martínez, advirtió ayer que el país puede caer en una “dictadura” o una “anarquía”, si cada quien decide interpretar la ley de acuerdo a sus intereses, en alusión al Ejecutivo.
Martínez —leal al ex presidente y reo Arnoldo Alemán, dirigente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC)— sostuvo que la Asamblea Nacional es un poder independiente y soberano que tiene facultades para cambiar las leyes y las instituciones, y quien no lo acate se expone a ser acusado por no obedecer la Constitución.
“Si no vamos a respetar la ley, pues entonces ya de una vez digamos que estamos en una dictadura o una anarquía”, dijo el magistrado liberal.
Observó que la misma Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y “todos nos debemos a la Constitución y las leyes”.
“El día que haya efectivamente una situación en que la Policía tenga que decidir, entre la voluntad de una persona y la ley, estoy seguro de que va por la ley”, agregó.
POLICÍA CAUTELOSA
El jefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero, dijo escuetamente que los oficiales de la institución se mantendrán resguardando INAA y Telcor en cumplimiento a lo ordenado por el Presidente de la República.
El ministro de Gobernación, Julio Vega, tampoco quiso referirse a la posibilidad, ya efectiva, de que el Tribunal de Apelaciones de Managua ampare a los funcionarios electos por la Asamblea Nacional y ordene a las autoridades policiales proceder a la entrega de las instituciones INAA y Telcor.
Dijo que no hay que adelantarse a los hechos ni tampoco especular, sin embargo aseveró que el Ejecutivo tiene la obligación de cumplir con la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que establece que las reformas constitucionales son inaplicables jurídicamente.
CORTE COMO JUEZ Y PARTE EN EL CONFLICTO
El magistrado Martínez evitó comentar cuál de los dos poderes, si el Ejecutivo o Legislativo, tienen la razón en cuanto al control que disputan por las instituciones de servicios públicos.
“No puedo anticipar, porque es una cuestión eminentemente legal que va a llegar a los tribunales y eventualmente podría llegar hasta la Corte Suprema, de manera que no podría adelantar opinión”, justificó.
Precisamente, la junta directiva de la Asamblea Nacional, controlada por sandinistas y liberales, dejó el caso en manos del Poder Judicial.
“La CSJ de Nicaragua, de acuerdo a la Constitución Política en su artículo 164, es la única facultada para dirimir problemas entre los poderes del Estado”, dijo el presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, en rueda de prensa.
OBANDO PREVÉ VIOLENCIA
El cardenal Miguel Obando Bravo advirtió que la crisis institucional en el país, podría terminar en actos de violencia.
“Si no resolvemos este problema se puede complicar la situación y caer en la violencia, y sabemos que la violencia siempre engendra violencia”, advirtió Obando, quien instó a los actores políticos a hacer un “esfuerzo para resolver” la crisis.
A preguntas de los periodistas sobre la supuesta posición del Ejecutivo de no reintegrarse en el diálogo porque él jamás habría reclamado al FSLN ni al PLC por los incumplimientos de lo acordado, Obando se limitó a decir que no ha conversado últimamente con el mandatario.
Aunque luego admitió: “Hay sus fallas, pero aquí no se trata ya, en este momento, de ver las fallas”.
POLICÍA CAUTELOSA
El jefe de la Policía Nacional, comisionado Edwin Cordero, evitó comentar cual será la actitud de la institución si un juez de primera instancia ordena desalojar por la fuerza a quienes se resisten a entregar los cargos en las instituciones de servicios públicos, a los electos por el parlamento. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo han expresado su confianza en que la institución policial obedecerá a uno u otro.