AFP
LA PAZ.- La convocatoria simultánea del presidente Carlos Mesa para elegir una Asamblea Constituyente y realizar un referendo por autonomías el 16 de octubre exacerbó los ánimos en Bolivia y planteó una discusión legal acerca de su constitucionalidad.
Urgido por el clima de desborde social, Mesa convocó la víspera por decreto a la elección de constituyentes “en las formas y modalidades de elección establecidas en la ley especial mencionadas al efecto” y al referendo “en las condiciones que establezca el Congreso Nacional”.
Esto en medio de presiones desde hace dos semanas para que se pronunciara en uno u otro sentido, lo que le llevó a optar por las dos opciones.
Fundado en la certidumbre de que “el país está viviendo un momento de extrema urgencia”, Mesa expidió el decreto de convocatoria que ya este viernes fue rechazado por los autonomistas de Santa Cruz que insisten en que el referendo debe hacerse el 12 de agosto.
“El referendo vinculante departamentalmente se realizará el 12 de agosto. Junto con la elección de prefectos. Junto con los departamentos que así ya lo decidieron y con todos aquellos que quieran sumarse”, anunció el comité cívico-empresarial Pro Santa Cruz (CPSCZ).
Como si faltaran elementos a la crisis, la convocatoria por decreto de Mesa generó además una fuerte polémica sobre si ésta es constitucional o no.
“El decreto supremo es constitucional y no está violando ninguna ley”, retrucó a las ácidas críticas el viceministro de Justicia, Carlos Alarcón.
El gobierno interpreta que el Presidente puede hacer la convocatoria por decreto a la espera de la confirmación del Congreso.
Según los críticos, Mesa podría verse en problemas si se comprueba que infringió el artículo 31 de la Constitución: “Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley”.
Alarcón basó la defensa de la decisión presidencial en un antecedente similar de convocatoria por decreto del referendo del gas, en julio de 2004.
