- Alza del 11.83 por ciento al servicio eléctrico queda vigente, pero sin la protección del Decreto de Estado de Emergencia
- Desde ayer los diputados alentaban los amparos contra la medida
María José Uriarte R. yLuis Felipe [email protected]
El presidente Enrique Bolaños decidió derogar el decreto de Estado de Emergencia Económica emitido el pasado lunes, aunque las medidas adoptadas durante ese período, como fueron el incremento a la tarifa de energía eléctrica y la reglamentación de Ley de Equidad Fiscal, se mantienen vigentes.
No obstante, al retirar el decreto de Estado de Emergencia Económica, las medidas implementadas por el Ejecutivo quedan en indefensión.
De acuerdo a la asesora legal de la Presidencia, Fabiola Masís, los parlamentarios, legalmente, no pueden revertir los decretos, ni tampoco las autoridades electas de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), no obstante cualquier ciudadano, al recuperar sus derechos y garantías con la derogación del decreto, puede recurrir ante el Poder Judicial.
En este sentido, Masís considera que no sería sorprendente que los diputados tengan respaldo, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra dominada por liberales y sandinistas “y ahí son capaces de cualquier cosa”.
La funcionaria dijo que no entendía quiénes eran esas personas preocupadas por el alza del servicio de energía, porque no afecta a los consumidores de 150 kilowatts o menos, que son un 75 por ciento, recayendo la carga en los sectores más pudientes.
BOLAÑOS CRITICA “INERCIA DE DIPUTADOS”
El presidente Bolaños argumentó que las condiciones para emitir el decreto habían cesado y, por esa razón, se procedía a restaurar los derechos y garantías de los ciudadanos, los que estaban inhibidos al suspenderse tres artículos constitucionales.
Criticó la inercia que ha primado en la Asamblea Nacional para aprobar legislaciones que puedan paliar la problemática generada por los precios del petróleo, las que en algunas ocasiones, incluso tienen respuestas parciales.
Citó como ejemplo la Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables, aprobada un año después de su envío al parlamento.
“A pesar de todo eso, Nicaragua avanza, todas estas actitudes aquí señaladas no las hace la Asamblea Nacional por defender los intereses de los más pobres y los del pueblo en general. Lo hace para defender los intereses partidarios y personales y legisla mucho para la repartición de puestos y cargos entre ellos mismos, a todas luces inaplicables e inconstitucionales”, adujo el mandatario.
DIPUTADOS RECHAZAN POLÍTICAMENTE
Los diputados liberales y sandinistas rechazaron ayer el Decreto de Estado de Emergencia Económica, emitido por el Ejecutivo el pasado lunes, desde el punto de vista político.
“Se rechaza el Estado de Emergencia Económica decretado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros”, dice parte de la resolución legislativa aprobada por 77 legisladores de los 91 que hay en la Asamblea Nacional.
La resolución deroga “todas y cada una de sus partes” del Decreto de Emergencia, referido a la suspensión de garantías y derechos constitucionales.
Los legisladores rechazaron, además, el Decreto 35-2005, que autoriza el incremento de la tarifa eléctrica en 11.83 por ciento.
LOS CINCO DECRETOS
Fabiola Masís, asesora legal de la Presidencia, destacó que no hubo necesidad de enviar el Decreto de Emergencia a la Asamblea Nacional, ya que el Artículo 7 de la Ley de Emergencia establece la facultad al mandatario de derogarlo, si las causas para emitirlo ya cesaron, por lo que se le comunica a la Asamblea Nacional en un plazo de 45 días.
Explicó que las medidas adoptadas por el mandatario, no son afectadas al derogar el Decreto de Estado de Emergencia Económica, ya que éste fue el número 34-2005, en tanto la autorización para el alza de la tarifa el 35-2005 y el de la Creación del Grupo de Trabajo para el Estudio y Diagnóstico de la Cadena de Valor de los Hidrocarburos en Nicaragua, fue el 37-2005, así como el de la reforma y adición al reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, contenido en el Decreto 36-2005.
«Quedan vigentes, porque no es una consecuencia del Estado de Emergencia, se fundamenta en otra reforma que se hizo al Reglamento de la Ley de Industria Eléctrica, que faculta al Presidente a ajustar la tarifa cuando no existe una autoridad competente para hacerlo o cuando se haya incurrido en silencio administrativo», observó Masís.
Recordó que las causas para que el presidente Bolaños decretare el estado de emergencia se debieron a la falta de vigencia de la reforma a la Ley de Equidad Fiscal, al paralizarla la Asamblea Nacional, al no rechazar el veto parcial, enviado por el Ejecutivo.
El quinto decreto es el de derogación (38-2005), dado a conocer ayer, en el que también se establece que Nicaragua informará a la ONU y a la OEA.
SURTIÓ EFECTO
El ministro de Hacienda, Mario Arana, indicó que las medidas implementadas después de decretarse el Estado de Emergencia Económica, surtieron los efectos esperados por el gobierno, uno de ellos, es que ya se empezó a recaudar los impuestos establecidos en la reforma de Equidad Fiscal, además de retomar la posibilidad de lograr el acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
