El Presidente de la República hizo publicar ayer en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, la Ley No. 528, que es la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal.
Esta ley 528 había sido vetada parcialmente por el Presidente de la República, porque atenta de manera flagrante contra la libertad de prensa, en su artículo 17, en el que se condensa la “ley Arce” contra los medios de comunicación independientes. La “ley Arce”, como muy bien se sabe, tiene el propósito de castigar a los medios de comunicación social que han denunciado la corrupción y el pacto libero-sandinista, imponiéndoles cargas fiscales que harán más costosa su producción y operación.
Con la entrada en vigencia de la Ley 528 se ha puesto fin a uno de los múltiples conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, causado porque al ser detenida por el veto presidencial la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Equidad Fiscal, el Estado no podía recaudar algunos de los fondos adicionales que necesita para cubrir los desmedidos aumentos de gasto corriente que impusieron los diputados en el Presupuesto General de la República de este año; desfase presupuestario que colocó a Nicaragua al borde de la ruptura del programa acordado con el FMI, lo que entre otras cosas significa la pérdida inmediata de cuantiosos fondos de cooperación internacional.
El veto presidencial al artículo de la reforma a la Ley de Equidad Fiscal que castiga por razones políticas a los medios de comunicación, fue objeto de un enconado forcejeo entre la mayoría liberal-sandinista de la Asamblea Nacional y el presidente Enrique Bolaños, los cuales se culparon mutuamente por la casi inminente ruptura del programa con el FMI, y sus graves consecuencias. Aunque éstas no parecen importarles a los diputados de la coalición liberal-sandinista, pues su líder Daniel Ortega dijo, de la manera absolutamente irresponsable con que suele hablar habitualmente, que lo mejor que podrían hacer esos organismos internacionales —como el FMI— es marcharse de Nicaragua.
Los diputados del FSLN y el PLC querían obligar al Presidente de la República a retirar el veto parcial a la Ley 528, no obstante que no existe procedimiento para retirarlo. Lo que tenían que hacer los diputados era simplemente aceptar o rechazar el veto —tal como han hecho con otras objeciones presidenciales— para que la mencionada ley entrara en vigencia con o sin la enmienda al artículo 17 propuesta por el Poder Ejecutivo.
Obviamente, lo que pretendían los diputados sandinistas y liberales era forzar al presidente Bolaños a retractarse de su oposición al artículo de la reforma a la Ley de Equidad Fiscal que castiga a los medios. Y esto es lo que finalmente ha hecho el presidente Bolaños, al mandar a publicar la Ley 528, con lo cual, además, los diputados del FSLN y el PLC lo han obligado a renunciar de hecho a su cuestionamiento de las reformas constitucionales pactistas que contrarían la naturaleza democrática del Estado nicaragüense.
En realidad, sólo así se puede interpretar la aceptación del presidente Bolaños del artículo 17 de la reforma a la Ley de Equidad Fiscal, que está basada en una enmienda espuria e ilegal que hicieron los diputados a la Constitución.
Sin embargo el Presidente de la República, al mismo tiempo que mandó a publicar la Ley 528 conservando el artículo 17 que castiga a los medios de comunicación, envió también a la Asamblea Nacional —con solicitud de trámite de urgencia—, un proyecto de “Ley de Promoción y Protección a los Medios de Comunicación Social”, que si fuera aprobada los protegería en parte del devastador efecto que tendrá la “ley Arce contra la libertad de prensa”. Pero esto es como un premio de consolación que no tendrá ningún valor efectivo, porque los diputados no la aprobarán y probablemente ni siquiera la van a considerar.
Al parecer, el presidente Bolaños espera que, por reciprocidad, a cambio de esta concesión a sus encarnizados adversarios liberal-sandinistas de la Asamblea Nacional, éstos no revocarán las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo al amparo del Estado de Emergencia Económica que decretó el lunes recién pasado.
Ya veremos. Pero en lo que a nosotros respecta reafirmamos que vamos a continuar nuestra lucha incansable e inclaudicable por la defensa de la libertad de prensa, y en primer lugar recurriremos por inconstitucionalidad contra esta “ley Arce” que por múltiples razones es monstruosamente inconstitucional.
