- El Presidente condiciona el envío del tratado a la Asamblea Legislativa a la aprobación de una reforma tributaria que debe, según su gobierno, de proporcionar fondos para gastos sociales, pero los empresarios advierten de posibles pérdidas de centenares de miles de empleos
Josué BravoCORRESPONSAL COSTA RICA
SAN JOSÉ.- La ruta hacia la aprobación del Tratado de Libre Comercio que Centroamérica y República Dominicana firmaron con Estados Unidos (conocido como DR-Cafta), sigue sin allanarse en el seno de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Lo ilógico de este “estancamiento” es que el presidente Abel Pacheco, quien en teoría debiera ser su principal promotor, aún no envía el texto a la Asamblea, no sólo por no estar tan convencido de las ventajas y defectos de este acuerdo comercial, sino porque lo condiciona con la aprobación de un proyecto de reforma fiscal.
“Yo estoy a favor de un TLC (Tratado de Libre Comercio) con un sistema tributario aceptable, para que sea beneficiado el campesino, el agricultor, la ama de casa, la gente de las barriadas”, dijo Pacheco esta semana.
“Con un TLC que implique disminuir nuestra soberanía, que implique sacrificar nuestra ecología, que implique aumentar la brecha entre ricos y pobres, yo no estoy con ese TLC. No es que estoy en contra del TLC. Estoy a favor de un buen TLC y no de un mal TLC”, agrega el mandatario.
Esta posición ambigua del Presidente sigue preocupando al sector empresarial del país, que descalifica el condicionamiento de Pacheco de no iniciar la discusión del texto del DR-Cafta, si antes el Legislativo no aprueba este proyecto de reforma fiscal, el cual permanece estático desde hace tres años en el primer poder de la República.
“El plan de reforma fiscal es un proyecto que quiere equilibrar sobre todo lo que ha sido la inversión en el campo social. Es para que los ricos paguen como ricos y los pobres no paguen o paguen de acuerdo a su nivel”, dijo a LA PRENSA Liliana Salas, jefe de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fracción oficialista.
Según el Ministro de Hacienda, Federico Carrillo, antes de aprobar el DR-Cafta el Estado pretende crear primero una estructura tributaria que le permita captar recursos frescos para desarrollar proyectos sociales y equilibrar las ventajas de este acuerdo comercial.
“Este acuerdo fiscal permitiría generar un ingreso equivalente al dos por ciento adicional del Producto Interno Bruto del país, el cual es de unos 17 mil millones de dólares. El 70 por ciento de este dos por ciento serviría para absolver de pérdidas al Banco Central y disminuir la inflación a un cinco por ciento”, explicó Carrillo.
El proyecto de pacto fiscal pretende solucionar estructuralmente el desequilibrio de las finanzas públicas mediante la mejora en la calidad del gasto, la reactivación económica, la eficiencia y el fortalecimiento de la administración tributaria, así como una mayor justicia y equidad tributaria, según el documento.
Además, introduce el concepto de renta mundial o universal, renta global, se generaliza el Impuesto al Valor Agregado, propone un amplio esquema de exenciones y deducciones en renta, entre otros.
Asimismo, establece un impuesto a los vehículos de lujo: se eleva la carga tributaria entre un 15% y un 50% adicional a lo que actualmente se paga, para los automotores nuevos cuyo precio supere los US$35,000; un impuesto a los casinos y salas de juego.
Para Pacheco la razón de este condicionamiento es sencilla: “El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ha aumentado la pobreza en México. Se debe a que no se tributa tal y como debe ser. Eso es lo que yo quiero evitar. Yo no puedo permitir que aquí mucha gente se haga más multimillonaria de lo que son, lo cual me alegra, pero en tanto que no me hagan más pobres a los más pobreciticos”, insistió.
Con esta disposición Pacheco también se ha ganado la crítica del sector sindical del país, que además repudian el DR-Cafta por considerarlo lesivo para algunas áreas sensibles del país como el agro, la ecología, telecomunicaciones, seguro social, educación y banca estatal.
“En primer lugar hay que aclarar que éste no es ni un tratado, no es libre y tampoco es de comercio. El DR-Cafta es algo que impulsa la oligarquía del país liderada por el ex presidente (1986-1990) Óscar Arias, quienes están presionando para su aprobación”, explica Edgard Morales, Secretario Adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
“Además que este plan fiscal es una nueva carga tributaria para la clase trabajadora del país, lo cual no estamos de acuerdo. Nosotros hemos hecho algunas propuestas sobre este pacto fiscal pero al final han sido descartadas”, agregó.
Así las cosas el panorama para la aprobación del DR-Cafta no es alentador en Costa Rica. El lunes anterior las fracciones del PLN y del PUSC pretendían aprobar “vía rápida” el proyecto de reforma fiscal, aplicando el artículo 208 bis del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, pero la discusión no prosperó.
El presidente de la Asamblea, Gerardo González, definirá este jueves si lo convoca nuevamente para aplicarle el 208 bis, pero bancadas minoritarias como Bloque Patriótico y Movimiento Libertario dicen que no se puede utilizar el mecanismo expedito, pues el texto fiscal conserva disposiciones que requieren aprobación de mayoría calificada (38 votos).
El jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides, dijo que “si no se le puede aplicar el 208 bis la reforma fiscal está muerta”.
En tanto la ambigüedad de Pacheco parece no tener fin. El martes reiteró que será una comisión de cinco notables quienes le indicarán si es o no viable el DR-Cafta para Costa Rica, la cual apenas se está conformando.
Según un cable de la agencia EFE, la reticencia de Costa Rica a presentar el DR-Cafta a su legislatura para su aprobación, “está enfriando los ánimos en el Congreso en Washington, donde la batalla por la ratificación del pacto ya es dura de por sí”.
EMPLEOS EN PELIGRO
La presidenta de la Cámara de Comercio, Eva Arguedas, dijo que el Ejecutivo debe agilizar el envío del tratado al primer poder del Estado, sin condicionar que antes se apruebe la Ley de Reforma Fiscal con que el Gobierno pretende combatir la pobreza.
“Quiere condicionar la aprobación del tratado con el argumento que quiere combatir la pobreza, como que si el problema fuera sólo de ingresos y no de falta de políticas sociales y de capacidad ejecutiva para poderlas llevar a cabo, siendo más fácil luchar con la pobreza cuando el país crece y tiene recursos”, agregó.
Asegura que sin ese acuerdo el trabajo del 20 por ciento de la población empleada del país, es decir unos 331 mil personas que laboran en el comercio, estaría en riesgos.
“Según cifras de la Encuesta de Hogares del año 2004, de no aprobarse el Tratado de Libre Comercio el desempleo que se ubica en la actualidad en un 6.5 por ciento, pasaría solamente por el efecto de disminución de exportaciones a un 14.7 por ciento. Pero si agregamos el efecto de los importadores podría llegar al 21 por ciento, en total unos 381 mil empleos”, aseguró.
Indicó que el 61 por ciento de la inversión directa en Costa Rica proviene de Estados Unidos y que el 49 por ciento de las exportaciones va a ese país.
PARA TODOS
“Definamos entonces un tratado comercial ‘a la tica’, donde todo mundo gane, que se respete nuestro modo de ser, nuestra tradición… donde tengamos una agenda complementaria que se pueda lograr una serie de ventajas para los agricultores, pequeños industriales, para los señores que hacen cajetas, para las viejitas que hacen almohadas y las exportan”, dijo Pacheco.
