- Investigador sandinista asesinado en Los Ángeles habría revelado los nexos
Roberto Orozco B.
Un informe publicado en febrero de 1986 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, basado en declaraciones que ofreció un desertor y ex alto oficial de la Policía Sandinista, brinda detalles del supuesto vínculo que existió en la década de los 80 entre el FSLN y el narcotráfico, lo cual coincide con las revelaciones que hiciera en Colombia el ex brazo derecho de Pablo Escobar Gaviria, John Jairo Velásquez, alias “Popeye”.
Velásquez purga 20 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad de Colombia y dijo a finales de la semana pasada que el Cártel de Medellín, del cual Escobar era su cabeza, trasegó droga a través de Nicaragua y Cuba, a Estados Unidos. También afirmó que el Gobierno de los sandinistas dio refugio al capo colombiano de la droga.
El informe del Departamento de Estado se basa en declaraciones que brindó el ex capitán Álvaro José Baldizón Avilés, quien fuera desde 1982 el investigador en jefe de la Comisión Especial de Investigaciones, creada por el Gobierno sandinista a finales de ese año.
Fue nombrado en ese cargo por el entonces ministro del Interior, Tomás Borge Martínez, para “investigar” denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos en que incurrían la Policía Sandinista y otros órganos de esa institución.
Baldizón desertó de las filas sandinistas y logró huir a Estados Unidos, donde ofreció detalles de lo que investigó la oficina que tuvo a cargo, una especie de “Asuntos Internos”. El oficial, después de un año de haber dado esas declaraciones ante el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos, fue hallado muerto en su departamento de Los Ángeles.
El informe asegura que el Departamento de Baldizón recibió un informe a mediados de 1984 en el que se vinculaba al ministro del Interior, Borge, con el tráfico de cocaína.
SECRETO DE ESTADO
“Durante una fiesta en casa de Jorge Avequeira, chileno residente en Nicaragua, supo, por boca de David Miranda, también chileno y subteniente de la Policía nicaragüense, que Tomás Borge estaba implicado en el contrabando de cocaína de Colombia a Estados Unidos, vía Nicaragua. La oficina de Borge ordenó a Baldizón que investigara esto como una violación de secreto de Estado”, dice el documento.
De acuerdo con él mismo, Baldizón creyó que la orden se trataba de un error, ya que no pensó que el Gobierno (sandinista) estuviere implicado en el tráfico de narcóticos. Por ello, según el informe, éste preguntó sobre el caso a su jefa inmediata, la entonces capitana Charlotte Baltodano Egner, si no sería mejor investigar el asunto como difamación contra el ministro Borge.
“Baltodano se mostró sorprendida y dijo que el Departamento no debería haber recibido el informe, ya que el hecho de que Borge había implicado al Gobierno en el narcotráfico, era conocido en el Ministerio sólo por Borge, su asistente, los jefes de la Policía y de Seguridad estatal, y por ella misma”, indica el documento.
“Fuera del Ministerio lo sabían sólo algunos miembros de la Dirección (Nacional) general del FSLN. Baltodano informó a Borge del intercambio que había sostenido con Baldizón, y el ministro ordenó que se diera a este último una explicación oficial de los motivos por los que el Ministerio practicaba el narcotráfico”, agrega.
Siguiendo con este informe, Baltodano dijo a Baldizón que Borge había establecido contacto con los distribuidores colombianos de cocaína, a través del capitán Paul Atha, entonces director de Inversiones Héroes y Mártires, mejor conocida como Inversiones H y M, una dependencia del Ministerio del Interior, controlada por Borge, la cual manejaba negocios en Nicaragua y en el extranjero con el fin de procurarse dólares norteamericanos.
¿DINERO PARA LA INTELIGENCIA?
Para entonces, el Gobierno sandinista estaba bajo el bloqueo comercial que Estados Unidos decretó para Nicaragua y se comenzaba a tener déficit en la economía nacional. Los dólares eran necesarios para financiar gran parte del enorme aparato burocrático del Estado y las fuerzas armadas sandinistas, las cuales se convertirían luego en las más grandes de todo Centroamérica.
“Baltodano le explicó (a Baldizón) que el Gobierno de Nicaragua provee a los traficantes de cocaína con aviones Aero Commander y Navajo, y les permite hacer escala en el Aeropuerto Montelimar para reabastecerse de combustible antes de proseguir a Estados Unidos. Dijo que el Ministerio había decidido colaborar con el tráfico de drogas, a fin de obtener dinero para montar operaciones clandestinas del Departamento de Inteligencia y Seguridad estatal, fuera de Nicaragua”, detalla el documento.
“Posteriormente, el Departamento (de Baldizón) recibió una orden de la oficina del ministro, que invalidaba las instrucciones anteriores de investigar la fuga de información y, unos días después, el capitán Franco Montealegre, asistente personal de Borge, se entrevistó con Baldizón y le dijo que si en el futuro recibía de nuevo cualquier informe relacionado con el tráfico de cocaína, lo turnara al ministro sin hacer averiguaciones”, agrega.
“Varios meses después, Baldizón vio cómo un avión pequeño era atacado desde puestos de defensa antiaérea alrededor de Diriamba, en Carazo. Baldizón se dirigió entonces a la oficina de Borge para informar sobre los resultados del caso que había estado investigando por esas fechas. Borge, que celebraba en su oficina una junta con los jefes de departamentos del MINT (Ministerio del Interior), partió inmediatamente para el aeropuerto. Baltodano, que acompañó a Borge, dijo después a Baldizón que el ministro giró instrucciones de que nadie se acercara al avión que había aterrizado en el aeropuerto Los Brasiles, y lo puso bajo custodia hasta que llegó y personalmente sacó varias bolsas de cocaína”, explica el informe.
“Dice Baldizón que en 1982, el MINT dictó una orden que estipulaba que toda la cocaína, metales preciosos y dólares norteamericanos que se obtuvieran durante las operaciones del Ministerio, debían ser enviados a la oficina de Tomás Borge. El producto de la venta de estos objetos debía usarse para ayudar a financiar las actividades internacionales del MINT. Baldizón explica que el resultado de esta orden es que ya no se siguen procesos por posesión de cocaína, pues ya no hay pruebas que presentar”, finaliza este resumen.
FRANCO MONTEALEGRE: “INFORME ES RIDÍCULO”
El ex jefe de la Policía Nacional, Franco Montealegre, aseguró que la información presentada en el informe del Departamento de Estado es falsa, porque, según dijo a LA PRENSA, “nunca tuvo una reunión con Baldizón” para ordenarle que toda información sobre el tráfico de cocaína la remitiera sin preguntar al despacho del ministro Borge.
“Sí conocí a Baldizón, porque fue oficial del Ministerio. Me parece que es falso afirmar cosas tan concretas. Eso (la oficina de Baldizón) era una cuestión que se especializaba por ver todos los problemas (internos) pero no en casos de cocaína. Eso (la cocaína) no existía en el país prácticamente, no era ningún problema, lo que veíamos allí eran problemas internos, así que eso desde mi punto de vista es falso”, dijo Montealegre..
El ex jefe policial dijo que la oficina de Baldizón era pública y que allí llegaba la gente que se sentía agredida en sus derechos “Era como Asuntos Internos (de la Policía)”, afirmó. “El informe del Departamento de Estado es basado en lo que dijo Baldizón y éste, aunque es verdad que pudo haber investigado muchas cosas internas del Ministerio, pero eso no quiere decir que todo fuera verdad. Tal vez el Departamento de Estado recogió lo que le dijo Baldizón, pero no necesariamente era verdad, (él) se tenía que vender y (decir) que tenía información y por eso podía inventar cualquier cosa”, valoró Montealegre.
Montealegre no recuerda cómo Baldizón salió del MINT, porque aseguró que de ese Ministerio se fue a trabajar al Sistema Penitenciario Nacional (SPN). “No te puedo precisar eso, sería mentira, hace mucho tiempo que pasó eso”, agregó.
SIN CLASIFICAR
La Comisión Especial de Investigaciones fue creada por el Gobierno sandinista a finales de 1982, para llevar a cabo investigaciones internas sobre supuestos abusos gubernamentales, sobre los que habían pedido informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos.
Álvaro José Baldizón Avilés fue el jefe investigador de la misma. Baldizón expuso ante miembros del Congreso estadounidense y de grupos de derechos humanos, la política del Gobierno sandinista sobre la violación a los derechos humanos y su encubrimiento.
También expuso la participación de más de 200 asesores cubanos en las operaciones diarias del Ministerio del Interior y el adiestramiento del Gobierno de Nicaragua a guerrillas extranjeras.
Un detalle a destacar del informe es que el Gobierno de Estados Unidos, ni sus aliados, “clasificaron” este documento.
