- Empresa señala incumplimientos de su contrato de concesión y alega que crisis política del país les perjudica
- Diputados e INE preparan argumentos para rebatir cualquier intención de Fenosa por cobrar seguro
Moisés Martínez
Unión Fenosa se quejó ante el Banco Mundial por la inestabilidad política del país, aduciendo que esto ha ocasionado el incumplimiento del contrato suscrito con el Gobierno cuando les adjudicó la distribución eléctrica del país.
Esta acción puede significar el primer paso de Fenosa para abandonar Nicaragua, no sin antes cobrar un seguro por riesgo político de 115 millones de dólares, advirtieron algunos diputados.
Este seguro fue contratado precisamente con una aseguradora adscrita al Banco Mundial y establece el pago a Fenosa de 115 millones de dólares si ésta deja el país porque no le brinda las condiciones para generar las ganancias esperadas por la empresa.
La situación es tan tensa, que incluso diputados de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional y las autoridades del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) se reunieron ayer para preparar los argumentos técnicos y jurídicos con los cuales refutar las quejas de Fenosa ante el Banco Mundial.
Estos argumentos se presentarán ante un funcionario de este organismo financiero internacional, que vendrá el próximo jueves para constatar in situ el nivel de gravedad de las relaciones entre Fenosa, el Gobierno y los diputados.
El diputado David Castillo reveló que obtuvieron información de que Fenosa había presentado el reclamo en Washington, Estados Unidos y que incluso solicitó la anulación del contrato y la aplicación de la garantía establecida en el seguro de riesgo político contratado con el Banco Mundial.
SEÑALAN INCUMPLIMIENTO DE FENOSA
El parlamentario explicó que se reunirán con el funcionario del Banco Mundial, quien es el encargado de custodiar la garantía contratada por Fenosa por medio del seguro, para plantearle que la distribuidora eléctrica ha incumplido con varios puntos del contrato de adjudicación de la distribución eléctrica.
“Estábamos viendo con los asesores legales del INE, los procedimientos que tendría que llevar a cabo Fenosa para aplicar esa garantía, en caso se quiera ir del país”, explicó.
“Pero, además, estábamos viendo los diferentes escenarios que habría que plantearle a esta gente que tiene en custodia la garantía, para asegurarnos de que Fenosa ha tenido varios incumplimientos del contrato, sobre todo en el tema de expansión de la cobertura eléctrica, servicios y electrificación rural”.
Unión Fenosa contrató su seguro con la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), aseguradora que forma parte del grupo del Banco Mundial.
El Gobierno de Nicaragua es socio de esa aseguradora, aunque muy minoritario, participa con el uno por ciento del capital accionario.
Esa empresa aseguradora no vende sus pólizas sin el consentimiento previo del país anfitrión de la inversión asegurada, lo cual significa que el Gobierno de Nicaragua, en ese entonces presidido por el ahora reo Arnoldo Alemán, no objetó que se extendiera este seguro a Fenosa.
FENOSA CONFIRMA
La gerente de Comunicación de Fenosa, Erika Ramírez, confirmó a LA PRENSA la carta enviada por esa empresa al Banco Mundial, pero negó que en ésta se solicitara aplicar la garantía de 115 millones de dólares y por ende la anulación del contrato en Nicaragua.
Sin embargo, Ramírez reconoció que, en la carta, Fenosa detalla una serie de supuestos incumplimientos del contrato para el manejo de la distribución eléctrica.
“En la carta lo que se señala es toda la serie de anomalías que a lo largo de los años se han dado en Nicaragua y que han traído perjuicio a la distribución eléctrica”, explicó.
Mencionó que la principal anomalía se refiere a que el INE no ha cumplido con las modificaciones en la normativa tarifaria, que tenían que llevarse a cabo en varias fases, iniciando éstas en el 2001.
Básicamente, estos cambios en las normativas tarifarias serían para incrementar gradualmente las ganancias de Fenosa.
Lógicamente, parte de estos cambios se referían a incrementos en la tarifa, situación que se ha agravado últimamente por la crisis originada con los altos precios del petróleo.
Esta diferencia de Fenosa con el INE incluso fue elevada a la Corte Suprema de Justicia, la cual no se ha pronunciado.
“Actualmente no existe un margen de ganancias en la empresa, todo lo que se recauda sólo es para pagar la generación de energía, y esto no ha sido reconocido por el INE”, comentó Ramírez.
MÁS INCUMPLIMIENTOS
Otros puntos mencionados por la distribuidora eléctrica como incumplimientos, han sido: las reformas a la Ley de Industria Eléctrica del año 2003, que provocaron la modificación de la denominada “energía no registrada”, la falta de una ley que castigue con la cárcel el fraude eléctrico y el hurto de energía, y la elaboración de la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), la cual establece que el pliego tarifario será modificado hasta un año después de instaurada esta institución.
El pliego tarifario se discute y modifica cada cinco años, por lo que toca hacerlo en este 2005.
DEFIENDE GESTIÓN
Ramírez defendió la gestión de Fenosa, asegurando que la empresa ha invertido 180 millones de dólares en el país desde su aparición.
“Fenosa ha invertido 110 millones de dólares por la compra del sistema de distribución y 70 millones de dólares por la mejora del servicio”, aseguró Ramírez.
COMO FUNCIONA EL RIESGO POLÍTICO
Un análisis de Luis Humberto Guzmán, publicado en LA PRENSA el 27 de junio del 2003, explicaba que los seguros de riesgo político se aplican en situaciones de crisis derivadas de decisiones políticas, como dificultades de transferencias de utilidades, daños por guerra o asonadas por motivaciones políticas.
Este especialista reveló que el seguro del MIGA agrega a estos riesgos políticos mencionados, lo que es la ruptura de contrato (como puede ser el caso de Fenosa) y ofrece una cobertura por esto.
Según este análisis, por ruptura de contrato se entienden falta de pago, cancelación unilateral de la concesión, promulgación de leyes o decretos que cambien la sustancia del contrato y actos administrativos hostiles a la empresa asegurada.
”El problema podría evolucionar en tensiones entre el Gobierno de Nicaragua, la empresa aseguradora de Unión Fenosa, el Banco Mundial y toda la comunidad financiera internacional. Nicaragua podría ser excluida de sus programas”, señala Guzmán en su escrito.
NO SERÍA PRIMERA VEZ
A finales del año 2003, Unión Fenosa anuló su contrato en República Dominicana, por sus constantes choques con las autoridades de la Superintendencia de Energía. El Gobierno dominicano acordó pagar la inversión de Fenosa en un período de diez años.
