El violento desalojo en Chinandega, dejó un saldo de tres personas muertas y avivó las tensiones por las ocupaciones ilegales de propiedades.

Policías alegan legítima defensa en desalojo

Carol Munguía/[email protected] CHINANDEGA.- Para hoy a las 10:00 de la mañana está programado el juicio oral que la juez Rosario Ibarra desarrollará para conocer los hechos que implican a tres policías y siete precaristas, participantes del violento desalojo, que dejó tres personas muertas en Chinandega. Después de los hechos del 23 de febrero, donde murieron […]

Carol Munguía/[email protected]

CHINANDEGA.- Para hoy a las 10:00 de la mañana está programado el juicio oral que la juez Rosario Ibarra desarrollará para conocer los hechos que implican a tres policías y siete precaristas, participantes del violento desalojo, que dejó tres personas muertas en Chinandega.

Después de los hechos del 23 de febrero, donde murieron Walter Arata, Walter Estrada y Adilia Rivera, la Inspectora General, Aminta Granera, ordenó la suspensión de 13 policías y la Comisión de Asuntos Internos despojó de sus armas a los participantes del operativo policial.

Sin embargo, pasados dos meses, Granera volvió a incorporar en sus funciones a diez de los investigados y dejó a tres suspendidos para que pudieran ejercer su defensa.

“La Policía respalda al comisionado Domingo Navas, quien sigue fungiendo en sus labores policiales y asume la defensa de Navas, como de los agentes Francisco González y Mayra Altamirano, por estar conscientes de que actuaron dentro del marco de la ley”, dijo Aldo Sáenz, Jefe de la Policía en Chinandega.

Sáenz confirmó que esa institución contrató los servicios de los mejores penalistas de la ciudad para defender a sus policías, sosteniendo que aunque los hechos tuvieron resultados negativos, los oficiales actuaron en legítima defensa de sus vidas.

El abogado defensor de los familiares de los civiles muertos, licenciado Luis Pérez Carmona, estimó que tienen claro los criterios para acusar a los policías y demandar castigo por los atropellos cometidos, así como la indemnización por los daños causados.

Pérez insistió en que la Policía hizo un uso excesivo de la fuerzan contra la población, lo que afirma será demostrado en el juicio.

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