Marcela Sánchez
¿Qué le sucede a soldados estadounidenses acusados de auxiliar a organizaciones terroristas internacionales?
Esa pregunta está en la mente de muchos colombianos por estos días después de que el técnico militar Allan N. Tanquary y el sargento Jesús Hernández fueron arrestados por la Policía colombiana la semana pasada presuntamente intentando vender municiones —40,000 proyectiles— a las asesinas fuerzas paramilitares de derecha. Las Autodefensas Unidas de Colombia, consideradas como una organización terrorista internacional por el Departamento de Estado, han cometido algunas de las peores atrocidades en las cuatro décadas del conflicto colombiano.
El Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, buscó detener a los dos soldados estadounidenses por 24 horas mientras autoridades judiciales determinaban si podrían ser juzgados en el país andino. Pero incluso antes de que Maya recibiera su respuesta, el Presidente colombiano Álvaro Uribe había entregado a los oficiales a las autoridades estadounidenses.
Uribe no tenía muchas opciones. No sólo se veía obligado a cumplir los acuerdos de inmunidad destinados a proteger al personal militar en su país, sino que Uribe no quería afectar la estelar relación entre Colombia y su multimillonario benefactor.
Tras los arrestos de la semana pasada, suman ya siete militares estadounidense implicados públicamente en violaciones de leyes colombianas en menos de dos meses. En marzo, cuatro militares estadounidenses fueron acusados de traficar con cocaína a bordo de un avión militar de su país. Por esos días, los colombianos supieron además de otro sargento estadounidense presuntamente involucrado en la muerte de dos soldados colombianos.
Es claro que han sido dos meses vergonzosos para funcionarios estadounidenses en Colombia. Nadie está más indignado que el embajador William Wood, quien ha insistido públicamente que “la inmunidad no significa impunidad”. Wood ha sugerido además que Washington está dispuesto a discutir los términos de los actuales acuerdos de inmunidad y también a que investigadores colombianos tengan acceso a Tanquary y Hernández.
Los colombianos, que estarán muy atentos a que el embajador y su gobierno cumplan esas promesas, tienen razón para mirar con escepticismo a la justicia impartida a militares estadounidenses que violan leyes colombianas.
En el 2000, el ex comandante de la misión militar antidrogas estadounidense en Colombia, el coronel del Ejército James Hiett, fue vinculado a un caso de narcotráfico por medio de la valija diplomática para enviar drogas a Nueva York. Investigadores del ejército lo absolvieron de cualquier cargo. Más tarde, sin embargo, Hiett se declaró culpable de haber encubierto a su esposa por lavado de dinero y fue sentenciado a cinco meses de prisión.
Más recientemente, autoridades judiciales colombianas han estado investigando la muerte de dos soldados colombianos. Según dichos investigadores, otro sargento del ejército estadounidense estaba conduciendo un vehículo que los atropelló. De acuerdo con informes de prensa, el gobierno estadounidense realizó dos investigaciones y concluyó que no había evidencia en contra del sargento, todo ello sin la participación de investigadores colombianos.
En un editorial reciente, el principal diario de Colombia, El Tiempo, indicó haber alcanzado un punto de saturación con el episodio Tanquary-Hernandez y llamó a que se revisen los convenios de inmunidad con Estados Unidos. De no hacerlo, el editorialista argumentó, los colombianos que han luchado arduamente para convertir al país en un país de leyes se quedarán con la impresión de que existe una “impunidad consentida, inexplicablemente, por el Estado colombiano”.
La frustración que sienten los colombianos es sólo una prueba más del malestar que causa en América Latina la búsqueda agresiva de acuerdos de inmunidad, más recientemente como parte de esfuerzos de proteger a militares estadounidense de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Aún así, el general Bantz Craddock, líder del Comando Sur militar estadounidense, declaró en el Congreso en marzo que el afán estadounidense de proteger a sus soldados en el exterior está socavando las relaciones militares con países claves en la región. Se trata de una “consecuencia imprevista”, advirtió Craddock, de la ley aprobada en el 2002 para proteger a las tropas de la Corte y retener también parte de la ayuda a aquellos países que no firmen acuerdos de inmunidad.
Hoy 11 países en el Hemisferio Occidental, incluidos Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, ya no pueden participar en programas financiados por Estados Unidos en educación y entrenamiento militar debido a que se rehúsan a firmar. “Ahora corremos el riesgo de perder contacto”, dijo Craddock, “con una generación de compañeros militares en muchas naciones de la región, incluidos varios países líderes”.
En diciembre, el Congreso agregó nuevas sanciones suspendiendo casi 27 millones de dólares en ayuda estadounidense para promover la democracia y el crecimiento económico, al igual que para luchar contra la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo en países que no firmaron los acuerdos de inmunidad. El representante Jim Kolbe (R-Arz.), presidente del subcomité de asignaciones para programas internacionales, ha dicho que esas sanciones reducen una “herramienta de influencia diplomática”, potencialmente perjudicando las prioridades de política exterior, incluida la guerra contra el terrorismo. Como lo dijo el representante William Delahunt (D-Mass.), miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, “tiene que haber una mejor forma” de hacer las cosas.
La frustración que sienten los colombianos es sólo una prueba más del malestar que causa en América Latina la búsqueda agresiva de acuerdos de inmunidad, más recientemente como parte de esfuerzos de proteger a militares estadounidense de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
