- Violencia latente por proceso en Chinandega que iniciará el lunes
- Familiares de muertos están airados porque acusaron a precaristas
Carol Munguía yJosé Adán [email protected]
Un fuerte clima de tensión existe en Chinandega, tras conocerse que el próximo lunes se abre la audiencia preliminar contra diez personas, entre policías y precaristas, implicados en la muerte de tres personas, durante el desalojo del 23 de febrero.
Se conoció que una comisión de representantes de los barrios cercanos donde murieron Walter Arata, Adilia Rivera y Walter Estrada, se plantará en la calle de los juzgados de la ciudad, para ejercer presión y generar un estado de opinión que les favorezca.
De acuerdo al abogado de los familiares de los muertos, Luis Pérez Carmona, sus clientes no consideran que se debió acusar a los siete precaristas implicados y protestan por los argumentos que el Ministerio Público usó para mezclar a víctimas con victimarios.
“Estamos exigiendo castigo para los responsables y demandamos indemnización para los familiares porque la muerte de sus deudos desestabilizó la economía familiar”, explicó Carmona.
Los ciudadanos Francisco José Castillo (24), Walter Solórzano Martínez (24), José Martínez Delgado, Oscar Daniel González Zamora (22), Noel Aguirre Martínez (23), Julio Andrés Tejada Paniagua (27) y Félix Vanegas Guevara (19), subirán a responder por los cargos de exposición de personas al peligro y atentado contra la autoridad.
El comisionado Domingo Navas y los tenientes de la Policía Nacional, Mayra Inés Altamirano y Francisco González, son los acusados por el Ministerio Público en las investigaciones que se siguieron a la muerte de los civiles, durante el desalojo de la finca Pan Bram, aún tomada por 200 personas desde el 2 de febrero del 2005.
A ellos se les imputó el delito de exposición de personas al peligro en diferentes grados, incluyendo la muerte de tres de ellas a mano de un solo agente.
“No hemos sido oficialmente notificados, mi cliente ignora lo que se rumora en la ciudad”, dijo Juan José Sánchez, defensor de Mayra Altamirano, quien agregó que estudian la mejor forma de aclarar la participación de los acusados.
POLICÍA EXPECTANTE
El comisionado mayor Aldo Sáenz, Jefe de la Policía de Chinandega, declaró a LA PRENSA que “la moral de la planilla del departamento está en alto, cumplimos con nuestras funciones de restablecer el orden público y estamos atentos al proceso que se les sigue a nuestros compañeros”.
El pasado 23 de febrero, tres personas murieron, cinco resultaron heridas de balas, y siete policías fueron lastimados por pedradas y morteros caseros, durante el violento desalojo de una propiedad privada.
En el operativo, en el que se registraron casi cinco horas de fuego, pedradas y sangre, participaron 95 policías que ingresaron con una orden judicial y del Ministerio Público para desalojar a los precaristas y establecer el orden en las 16 manzanas de la finca Pan Brand.
