- Dice que teme lo inhabilitenpara las elecciones del 2006
Mirna Velásquez Sevilla yLudwin Loáisiga López
Un juicio que desde el año pasado “dormía” en el Juzgado Tercero Local Penal de Managua, fue “desempolvado” ayer, cuando el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, fue llamado a declarar como procesado por el delito de desobediencia.
Montealegre declaró en calidad de indiciado, desde las 8:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., respondiendo a la denuncia promovida por Salvador Samayoa Huezo, representante de Jorge Alberto Huezo, quien reclama el pago de una indemnización de más de 3.5 millones de dólares por la finca La Flor, ubicada en el departamento de Río San Juan.
La Flor fue tomada por ex miembros de la Resistencia Nicaragüense, creyendo que pertenecía al Estado, y posteriormente exigieron títulos a su favor.
La denuncia incluye además al ex intendente de la Propiedad, Elí Tablada Tijerino, y al también ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montiel.
De acuerdo con los denunciantes, los procesados no cumplieron con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que mandaba a cumplir un acuerdo de la Intendencia de la Propiedad sobre el pago de 3,560,000 dólares a los reclamantes.
El acuerdo de la Intendencia, dictado el dos de junio del 2002, dio por aceptada la oferta de Samayoa Huezo, para que el Estado adquiriese en compra-venta la finca La Flor, pero según la denuncia, ninguna de las instituciones dio cumplimiento a lo acordado.
PROPIEDAD SIN EVALUAR
“Claramente he demostrado con documentos escritos, copias de memorandos, copias de escritos a la Corte Suprema de Justicia, todo lo que como entonces ministro hice para que se diera cumplimiento a la sentencia de la Corte”, dijo Montealegre luego de rendir su declaración indagatoria.
La resolución de la Corte Suprema fue emitida en septiembre de 2003 y en ella se declaró con lugar un recurso de amparo administrativo a favor de los demandantes, y ordenó a Hacienda y la Intendencia de la Propiedad cumplir con el mandato.
Montealegre puntualizó que la sentencia de la Corte Suprema no establece el monto a pagar a Huezo y tampoco lo hacía el acuerdo administrativo de la Intendencia de la Propiedad.
“¿Cómo vamos a saber una cantidad, si no se ha evaluado la propiedad? En ese momento también había problemas en las cuentas registrales, aparecía registrada en dos lados, por lo tanto mis instrucciones por recomendaciones de un dictamen legal de la asesoría legal del Ministerio, era que se valorizara la propiedad por Catastro y que se subsanaran las deficiencias registrales en la propiedad, para que después se procediera al pago correspondiente”, explicó Montealegre.
Montiel coincidió con Montealegre y opinó que debía agotarse el proceso administrativo para proceder al pago de la propiedad.
El Juez Tercero Local Penal, Ernesto Rodríguez, señaló que el caso pasará a la fase de apertura a pruebas, a partir de hoy.
TÁCTICAS DILATORIAS
Salvador Samayoa Huezo valoró que los argumentos esgrimidos por Montealegre son “tácticas dilatorias”, porque el precio de la propiedad ya había sido pactado con la misma Intendencia de la Propiedad.
Samayoa afirmó que en Nicaragua existe una gran cantidad de casos similares y las instituciones más bien cierran las puertas para no resolver.
“Hay un factor común: no aumentar la deuda interna del país, y se valen de mil circunstancias para no pagar”, expuso Samayoa.
“En cualquier parte del mundo, una persona que incumpla una orden de la Corte Suprema de Justicia tiene que pagar por eso”, agregó.
Al referirse a la insinuación de Montealegre de que se trata de un asunto con trasfondo político, Samayoa expresó que él, por su condición de extranjero, no puede involucrarse en asuntos políticos. Informó que el actual intendente de la Propiedad, Alfonso Sandino, emitió una nueva resolución en la que establecía el precio y que hay documentos legales que demuestran el saneamiento de la propiedad.
JUEGO POLÍTICO
El precandidato presidencial Eduardo Montealegre manifestó que la querella que lo llevó a los juzgados se presta a «malas interpretaciones», en alusión a una posible estrategia que sus oponentes políticos podrían estar desarrollando, para evitar que se presente a los comicios del año 2006.
Montealegre dijo confiar en el profesionalismo del Juez Tercerlo Local Penal, Ernesto Rodríguez, quien tramita el juicio, aunque no descartó un juego político en su contra.
”Se presta a esas interpretaciones, obviamente (…) alguien puede pensar que es para afectarme y lo más interesante es que la pena es de seis meses a doce meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asumamos por un segundo que fallan en contra mía, hay un proceso de apelación y los tiempos van a caer exactamente cuando uno es candidato», concluyó.
