Wilder Pérez R. yAmparo Aguilera
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Marena niega ser parte de “mafia” maderera
Wilder Pérez R. y
Amparo Aguilera
Una denuncia de corrupción en la administración pública de los recursos naturales, condujo a un caso que involucra a una empresa privada: la compañía maderera Jirón, que presuntamente pretendió exportar madera preciosa con guías forestales ajenas.
El pasado lunes, el Procurador General del Medio Ambiente, Lisandro D’León, denunció que funcionarios del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y del Instituto Nacional Forestal (Inafor) están involucrados en la explotación y tráfico ilegal de madera.
En rueda de prensa, el director de coordinación territorial del Marena, Medardo López, dijo que el Procurador se había basado en el permiso de explotación otorgado a Jirón en Bosawás, algo que catalogó de equivocado, porque “la autorización está técnica y legalmente fundamentada”.
Bayardo Quintero, director de Áreas Protegidas, argumentó que el permiso se dio en la zona de amortiguamiento, donde se permite la explotación de recursos naturales con planes de manejo y aprovechamiento forestal.
Sin embargo, Jirón falló al momento de exportar y sufrió las consecuencias. Fátima Vanegas, directora de la Cites (Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna), informó que la empresa pretendió exportar caoba con una guía forestal que semanas atrás utilizó otra empresa, por lo que le fue denegado el permiso de exportación.
Al preguntar cómo Jirón logró explotar madera basándose en un documento falso, Vanegas dijo que “ese gol se le pasó al Inafor”, institución que, dijo, ofrecerá detalles hasta la semana próxima.
A Quintero se le pidió que fuera autocrítico, y mencionó que hay debilidades para vigilar físicamente las reservas, y que el ministro del Ambiente, Arturo Harding, no permitiría actos de corrupción.
Tanto el Marena como el Inafor, insistieron en que requieren pruebas “claras y concisas”. En el caso de la segunda entidad, la divulgadora Martina Porta dijo: “venimos reestructurando nuestra institución, ya se ha renovado a 60 personas implicadas en corrupción”, apuntó sin dar detalles.
Porta insistió en que “necesitamos de jueces honestos, hemos visto que ellos protegen a los implicados (corruptos), de nada sirve procesarlos porque los jueces los han reenganchado en la entidad, pese a que se les ha demostrado actos ilícitos, entonces el llamamiento también sería para el Poder Judicial local”, reiteró.
En ese sentido, los funcionarios del Marena señalaron que es urgente tipificar los delitos ambientales.
Esto último está en manos de los diputados, seis de los cuales fueron señalados por D’León.
