- Dice que es acosada por juez, policías y un fiscal
Emiliano Chamorro
Por un intercambio de palabras con una vecina de origen salvadoreño, la señora Vicenta Bracamonte, de 62 años, pasó tras las rejas un mes y 20 días. Aunque el hecho sucedió hace tres años, asegura que desde entonces sufre persecución de parte de las autoridades de San Dionisio, Matagalpa.
Bracamonte señala que desde entonces su vida se “ha convertido en un martirio” y que las consecuencias ahora perjudican a su hijo, Juan Antonio Granados, de 22 años, a quien acusan de haber cortado un poste y es acosado por las autoridades policiales.
La afectada asegura sentirse acosada y perseguida por las autoridades de San Dionisio-Matagalpa, entre éstos, el juez Guillermo Blandón; el capitán Abraham Martínez; el subinspector Marvin Reyes; el fiscal Ángel Omar Jarquín y una familia salvadoreña.
“Mi familia y yo estamos desamparados por las autoridades, sin embargo las autoridades se han convertido en nuestros perseguidores”, señaló.
Añadió que producto de las persecuciones de las que es objeto, está padeciendo enfermedades en su piel.
Hizo un llamado a la jefatura de la Policía Nacional que realicen una auditoría a las autoridades policiales de San Dionisio, pero a la vez, también solicitó a la Corte Suprema de Justicia, investiguen al juez Guillermo Blandón “porque nos están atropellando nuestra dignidad y nuestros derechos. Ellos están abusando de su autoridad para acosarnos y perseguirnos”.
Bracamonte se encuentra en Managua, donde denunciará su caso ante Asuntos Internos de la Policía Nacional, Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos, que preside la doctora Vilma Núñez Escorcia.
Vicenta Bracamonte reside en la comunidad de Piedra Larga, jurisdicción de San Dionisio, departamento de Matagalpa.
