José Antonio Poveda Salvatierra
Esta crisis cuya duración, profundidad y extensión, le dan un carácter estructural, es la más severa, larga y generalizada que ha vivido nuestro país. Los retrocesos que produjo en nuestros procesos de desarrollo provocaron la caída del PIB por habitante, la profundización de los problemas sociales y grandes desequilibrios estructurales internos y externos.
Su origen se encuentra básicamente en factores externos, los cuales han generado graves problemas de balanza de pagos, como producto de las altas tasas de interés nominales y reales y el hecho son precedente en nuestra historia de habernos convertido en exportadores netos de recursos financieros; el continuo y más agudo deterioro de los términos de intercambio, atribuibles en los fundamental a la constante caída de los precios de los productos básicos y materias primas que exportamos; y la proliferación de las barreras proteccionistas en los países industrializados y el aumento desproporcionado de los precios del petróleo. Todo ello se traduce en un costo que, tras años de sacrificios económicos y sociales, hace que las cargas para nuestra sociedad estén llegando a límites intolerables, en todos los sectores de la vida nacional, que reclaman urgentemente al Gobierno de la República, alternativas de solución para que nuestro país sea viable tanto en el contexto interno como internacional.
La comunidad europea condicionó ayer un desembolso de 120 millones de dólares anuales para Nicaragua, hasta que el país alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y exista “un clima de tranquilidad” en esta nación centroamericana. (LA PRENSA. Sección Política, Managua, viernes 22 de abril, 2005).
Las bases conceptuales de las políticas de ajuste que se recomiendan a nuestros países se han traducido en condicionalidades de corto y mediano plazo, que han afectado adversamente su recuperación internacional y las conductas de los agentes económicos de la región, que a la postre no resultaron realistas. Tampoco han tomado en cuenta las situaciones disímiles existentes en nuestros países, ni la naturaleza de sus estrategias nacionales de desarrollo de los países de la región, teniendo en cuenta sus particularidades.
Con un alto costo político y social hemos hecho un enorme esfuerzo interno para ajustar nuestra economía, con los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el sacrificio realizado no ha permitido hacer frente al logro de los objetivos de propuestas. De mantenerse esta difícil situación prevalecerán las condiciones recesivas e inflacionarias y nuestras posibilidades de recuperación continuarán siendo precarias. Los procesos de ajuste, que se estimaban de carácter transitorio mientras se reactivaba el crecimiento de la economía internacional, y se avanzaba en los propósitos de cambio estructural interno, se han prolongado en el tiempo, amenazando con convertirse en una forma crónica de funcionamiento de nuestra economía, asociados los factores ocurridos en Estados Unidos ya conocidos, que ha producido una desaceleración económica, que producen efectos de rebote en nuestro país.
Por consiguiente, contrarrestar las tendencias recesivas dominantes es el mayor desafío que debe enfrentar el Gobierno, junto a todos los gobernados. Conviene, por tanto, abordar la crisis presente de manera pragmática e innovadora, en la búsqueda de la recuperación y en el establecimiento de vínculos que signifiquen desarrollo y equidad social, con la base a los rasgos particulares de las exigencias de todos los sectores sociales de la nación, que es de tomarse en cuenta e incluirlos en el diálogo nacional que se efectuará en fecha próxima.
Es necesaria la distribución más equitativa de los costos y frutos del progreso material, en el marco de un proceso participativo, indispensable en la ejecución de las estrategias de desarrollo económico y social al que se aspira, con la implementación del nuevo plan de gobierno en toda la nación, en conjunción con la Cooperación Internacional, y tomando en cuenta el ingreso de nuestro país a la iniciativa de los países pobres altamente endeudados y la cuenta del milenio.
El autor es Vicedecano Facultad de Derecho UNAN-León y Catedrático Derecho Internacional.
