Jorge Loáisiga Mayorga
La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra sigue siendo el talón de Aquiles del Estado nicaragüense. Los habitantes de este país están a merced de los roba tierras. Pocos son los que saben si sus propiedades siguen siendo suyas.
Según datos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), solamente 22,300, de los 131,000 kilómetros cuadrados de extensión territorial del país están catastrados, es decir, apenas el 17 por ciento del territorio nacional.
Pero además, el 40 por ciento (una cifra conservadora), de las tierras catastradas están desactualizadas.
Un mapa de la zona catastrada de Nicaragua presentado ayer por el director de Ineter, Claudio Gutiérrez, durante el desarrollo del “Taller Centroamericano de Regularización de la propiedad, registro y catastro: aspectos técnicos y legales”, organizado por el Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (Prodep), señala que solamente los departamentos de Managua, Chinandega, León, Masaya, Jinotepe, Rivas y Carazo, están totalmente catastrados.
Los departamentos de Estelí y Matagalpa tienen menos del 50 por ciento de las tierras catastradas.
MAFIAS DE TODOS LADOS
El magistrado Francisco Rosales quien participó en el evento exponiendo el tema de los “Sistemas de Tenencia de la Propiedad en Nicaragua: Marco Legal y Propuestas para su regularización”, dijo que en Nicaragua operan “mafias de izquierda, derecha y terceras vías para robar tierras”.
“Las mafias de izquierda, de derechas y terceras vías se han dedicado a robarse las tierras que carecen de dueños, que no están inscritas”, dijo al responder preguntas de los participantes.
“Existen aquí mafias que se clavan tierras. Hace tiempo lo denuncié, sobre lo que pasaba en la parte de San Carlos, Río San, lo que sucedía en la Costa del Pacífico, aquí mismo en los alrededores de Managua. En todo el país hay mafias organizadas”, dijo.
Había gente incluso que sacaba y sacan títulos supletorios en el Atlántico, los ofrecen aquí en garantía, después cuando los ejecutaban, se allanan a las demandas y había una venta forzada y entonces había un nuevo dueño de las propiedades. Hubo un caso en el que se destituyó a un juez de Carazo”, indicó Rosales al ser consultado por LA PRENSA sobre sus afirmaciones.
INSEGURIDAD EN ZONAS PRODUCTIVAS
El área catastrada concentra la mayor capacidad económica y la mayor población del país, pero la mayor parte de las áreas productivas no tienen delimitaciones catastrales, según se desprende de los documentos presentados por Gutiérrez.
“Actualmente nosotros estimamos que el catastro está desactualizado en un 40 por ciento, conservadoramente. Puede ser mayor. ¿De dónde sale esta cifra del 40 por ciento? En el año 94 se inició un proyecto de tecnología agropecuaria del ordenamiento de la propiedad agraria y se estudiaron varias zonas pilotos y se encontró que el 40 por ciento de los datos de catastro estaban desactualizados. Es decir, los datos que se manejan en Catastro no coinciden con los datos que están en los registros y en el tamaño, superficie de las propiedades, la realidad no coincide con lo que dicen los mapas catastrales”, aseguró Gutiérrez.
Así los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Jinotega, Chontales, Río San Juan y las Regiones Autónomas del Atlántico Sur y Norte, con una gran capacidad de producción agrícola y forestal, carecen absolutamente de ese instrumento técnico para determinar quién es el titular de una propiedad.
De acuerdo con modestos cálculos realizados por Gutiérrez, Nicaragua necesitaría invertir 1,200 dólares por cada kilómetro cuadrado en el área rural y 50,000 por cada kilómetro cuadrado en áreas urbanas.
“Conservadoramente unos 150 millones de dólares para actualizar el catastro físico nacional”, según expresó.
Gutiérrez señaló que para realizar esa tarea se necesita una red geodésica (topográfica); toma de fotografías aéreas, elaboración de foto-mapas, delineación sobre éstos, de los límites de las parcelas individuales mediante trabajos topográficos “in situ”, entre otras múltiples actividades.
CADENA ROTA
El director del Ineter, Claudio Gutiérrez, recordó que el Catastro se empezó a deteriorar en 1979 cuando se desintegró la estructura que había hasta antes de esa fecha y las seguridades catastrales se interrumpieron.
“Se deterioró por el incumplimiento de la Ley de Actualización del Catastro, hasta 1978 mal que bien, la ley se había cumplido y había cierta actualización, cierto mantenimiento. Luego entraron otras leyes que obviaron el cumplimiento de la Ley Catastral, las Leyes 85, 86, 88”, dijo.
“Con sólo presentar los títulos de reforma agraria se inscribían en los registros públicos, obviando todos los procedimientos establecidos en la Ley de Mantenimiento de Catastro, se ocasionó la ruptura de la cadena de registro.
