Jorge Loáisiga Mayorga
El vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), Guillermo Argüello Poessy, advirtió ayer, que interpondrá una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue penalmente las indemnizaciones que se recetaron los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Los magistrados de la CCJ recibieron una indemnización de 180 mil dólares cada uno, lo cual fue admitido por éstos en un campo pagado publicado en los diarios nacionales.
“Notros vamos a profundizar en este tema hasta llegar a saber quién dio el dinero, cuándo dieron este dinero, y naturalmente que será la justicia penal la que lo haga, porque personalmente me voy a hacer cargo de interponer la denuncia en la Fiscalía, sobre la distribución hermanable que hicieron los señores miembros de la honorable Corte Centroamericana de Justicia, donde se distribuyeron un millón de dólares, entre seis”, expresó Argüello Poessy.
“Recordemos que los tribunales de justicia penal nicaragüenses tienen competencia porque el hecho ocurrió en Nicaragua y están involucrados recursos públicos de Nicaragua. Me van a decir los señores que son inmunes, sería el colmo, el descaro, que es la palabra exacta, ya recibieron lo que ellos llaman una compensación de 180 mil dólares y no se van, y todavía están ganando cinco mil dólares más. Si ya se fueron no son inmunes y si lo son se les puede quitar la inmunidad”, dijo el contralor.
“Yo creo que si ya retiraron su compensación es porque ya terminó su relación de trabajo. No sé si serán capaces de haber recibido los 180 mil dólares y seguir recibiendo cinco más mensualmente”, finalizó Argüello.
La CGR intenta conocer de dónde salieron los 526 mil dólares que el Estado de Nicaragua entregó a la CCJ, para amortizar una deuda que roza los tres millones de dólares por parte de Nicaragua con la institución supranacional.
El Gobierno niega que el dinero haya sido para comprar el voto de los magistrados de la CCJ, para lograr la resolución que declara inaplicables las reformas constitucionales y expresa que son violatorias del pluralismo político, que atentan contra la democracia, la independencia de poderes y advierte que los diputados se extralimitaron en sus funciones.