AN casi reconoce fallo de la CCJ

Ludwin Loáisiga López Roman, Times, serif»> AN casi reconoce fallo de la CCJ Ludwin Loáisiga López Los legisladores estuvieron a punto de reconocer la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que reafirma en el Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir a ministros de Estado y miembros del cuerpo diplomático. Durante la aprobación […]

Ludwin Loáisiga López

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AN casi reconoce fallo de la CCJ


Ludwin Loáisiga López




Los legisladores estuvieron a punto de reconocer la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que reafirma en el Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir a ministros de Estado y miembros del cuerpo diplomático.

Durante la aprobación de tres artículos en lo particular, de la ley que regula la atribución constitucional del parlamento para solicitar informes, la comparecencia e interpelación de los funcionarios públicos, los diputados trabajaron con base en un dictamen que se emitió dos años atrás, cuando la Constitución establecía al Presidente como el único facultado para nombrar y destituir ministros.

“Ibamos a dar toda la razón del caso a la CCJ, de que esas reformas son inaplicables y le íbamos a dar toda la razón al Poder Ejecutivo, en el sentido de decir que esas reformas constitucionales adulteraban el equilibrio de poder”, explicó el diputado Orlando Tardencilla.

Añadió que el cuerpo de la ley reconocía que los procesos de interpelación y destitución de miembros del Gabinete gubernamental corresponden al Presidente de la República, “y no como supuestamente las reformas constitucionales señalan, que corresponde a la Asamblea Nacional esa decisión ejecutiva”.

Para rectificar el error, los diputados optaron por mandar de nuevo la ley a la Comisión de Justicia.

El próximo paso será emitir un nuevo dictamen con las mociones de consenso que se presentaron y adecuar el reglamento a las reformas constitucionales que brindaron al Legislativo la potestad de ratificar y destituir a ministros y representantes diplomáticos, lo que causó un cisma con el Ejecutivo.

La ley, aprobada en lo general, permitirá a los diputados exigir informes, interpelar y hasta destituir ministros.

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