- La historia registral de Nicaragua revela a Samuel Santos López como el “comprador” de propiedades confiscadas por el régimen sandinista en los años 80, dirigido por Daniel Ortega Saavedra. Los CDS, la ATC, AMNLAE y una sociedad vinculada al sandinismo denominada 3,000 S.A., Inversiones Xiloá, obtuvieron propiedades al amparo de la Ley 85
Jorge Loáisiga Mayorga
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tras la derrota electoral de abril de 1990, comenzó un proceso “original de acumulación de bienes” que incluyó aquellas propiedades que antes habían sido confiscadas a los somocistas. Ese proceso se desarrolló en todo el país.
El tres de abril de 1990, dos meses después de haber aceptado la derrota electoral, el Gobierno de Daniel Ortega, a través del último Procurador General de Justicia del sandinismo, Omar Cortés Ruiz, confiscó los bienes de Josefina (Pina) Blandón de Barberena Pérez.
La confiscación se hizo basada en los decretos confiscatorios No. 3, del 20 de abril de 1979, y el No. 38, del mismo año, decretando Cortés la confiscación de todos los bienes, derechos y acciones de Blandón de Barberena.
“… incluyendo dentro de los mismos un lote de terreno ubicado en Granada, Calle Calzada, Cine Hilda, media cuadra al lago “y por mandato de ley pasa a ser propiedad del Estado de Nicaragua y por escritura se traspasa todo su dominio y posesión al Banco de la Vivienda de Nicaragua (Bavinic), para que goce de todos los derechos que la ley le otorga a los dueños de bienes inmuebles”, dice el acta de confiscación.
El acto de confiscación fue registrado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble de Granada, a la una de la tarde del tres de abril de 1990, en el asiento 532, folio 119, tomo 119 del libro diario del Registro.
Trece días después, el 16 de abril de 1990, Samuel Santos López, representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, adquiría la propiedad por el precio de 360 millones de córdobas (7,031 dólares al tipo de cambio oficial de la época).
La transacción quedó registrada en la escritura de compra-venta autorizada en Granada a las seis de la tarde del 16 abril de 1990 por el notario José Félix Trejos Trejos y presentada a las 9:30 de la mañana del 20 de abril en el Registro de la Propiedad Inmueble de Granada.
“Consta que el Cro. Samuel Santos López, casado, ejecutivo de empresas, del domicilio de Managua, en representación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), adquiere este inmueble por venta que le hace el Bavinic, representado por Rodolfo Urtecho González por la suma de 360 millones de córdobas. El comprador acepta la venta. Todo en base a la Ley 85, Ley de transmisión de viviendas… Granada 23 de abril de 1990”, la inscripción descrita en las páginas 174, 175 y 176 del tomo 267 del Registro de la Propiedad de Granada.
HIPOTECA A FAVOR DEL BAVINIC
Tres días después de haber inscrito la propiedad a nombre del Frente Sandinista, su representante Samuel Santos López constituyó una hipoteca a favor del Bavinic, por 360 millones de córdobas, el mismo precio por el cual le fue vendida la propiedad.
“… el Cro. Samuel Santos López en representación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, constituye hipoteca en primer grado por la suma de 360 millones de córdobas, sobre dicho inmueble, a favor del Bavinic, representado por Rodolfo Urtecho Gozález, a un plazo de hasta 20 años, con interés anual del 3% sobre saldo con garantía de las obligaciones…”, dice la hipoteca inscrita y que actualmente está viva porque no ha sido cancelada.
El expediente de la venta de dicha propiedad no está en la junta liquidadora del Banco de la Vivienda, según confirmó el presidente de dicha junta, Adolfo Chamorro.
OTRA “COMPRA”
Un mes antes del traspaso de Gobierno a la presidenta electa, Violeta Barrios viuda de Chamorro, el Frente Sandinista “compró” una valiosa propiedad, bajo el dominio del Bavinic. La propiedad, de 784 metros cuadrados, es donde funcionan actualmente las oficinas del diputado sandinista Bayardo Arce Castaño, otrora “Comandante de la Revolución”.
La propiedad que fue confiscada a Salvadora Debayle de Somoza, madre del dictador Anastasio Somoza, también la compró Samuel Santos, actual jefe de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, al Bavinic, por un monto de 322 millones 885,200 córdobas, cifra que al cambio oficial de ese momento —25 de marzo de 1990— equivale a sólo 6,961 dólares.
La venta, según consta en la documentación del Registro de la Propiedad de Managua, la hizo Silvio Román Berríos Cruz, en representación del Bavinic.
LOS “COMPRA PROPIEDADES” DEL FSLN
Éste es el mismo funcionario involucrado en la transacción de un sinnúmero de inmuebles que administraba el Banco de la Vivienda, tras la desaparición de la Corporación Nicaragüense de Bienes Raíces (Conibir). Es el mismo que apareció vendiendo las propiedades que adquirió Tomás Borge a través de Luz Danelia Talavera Valenzuela.
Documentos de la actual Intendencia de la Propiedad indican que sólo en Managua, los denominados Comités de Defensa Sandinista (CDS) se quedaron con unas 34 viviendas al amparo de la Ley 85. Los anteriores propietarios y reclamantes de las propiedades eran Urbanizadora Polanco, Sociedad Atalaya, Teodolinda Becklin González, Miguel Ángel Toruño, Inmuebles e Industrias S.A. (IEISA), Marina Portocarrero Gutiérrez, Bayardo Estrada López, entre otros.
A la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), de filiación sandinista, también al amparo de la Ley 85 se le entregó sólo en Managua, cinco propiedades. A la Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza (Amlae) le entregaron siete propiedades en la capital.
OTRA DE SAMUEL SANTOS
Una sociedad vinculada al sandinismo, denominada 3,000 S.A., Inversiones Xiloá, en la que figuraba como socio Samuel Santos López, al momento de la constitución, en junio 1988, también adquirió al amparo de la Ley 85 al menos dos propiedades en Managua.
