Apolonio Palacios
De acuerdo con lo que establece nuestra Constitución Política en su Artículo 120, todos los maestros, sin excepción, tenemos derecho a condiciones de vida y trabajo acordes con nuestra dignidad y con la importante función social que desempeñamos.
Sin embargo, la Asamblea Nacional, contradiciendo esta norma constitucional, aprobó en el mes de diciembre la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2005, estableciendo de manera taxativa en su Artículo 7 la cantidad y las categorías docentes a las cuales se le incrementaría el salario a través del pago de un bono mensual de 433 córdobas.
Como consecuencia de esta injusta disposición de la Asamblea Nacional quedaron excluidos de la distribución del pago del bono 4,156 docentes que se desempeñan tanto como directores y subdirectores en los centros educativos estatales y como técnicos y administrativos en las delegaciones municipales y departamentales y en la sede central del MECD, así como los maestros de las escuelas normales.
Esta decisión de la Asamblea Nacional fue ratificada en los acuerdos suscritos unilateralmente por el MECD, en el mes de febrero del 2005 con las cuatro confederaciones, encabezadas por la asociación sindical sandinista CGTEN-ANDEN, que promovieron la huelga magisterial.
Por lo antes expuesto, demando al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Asamblea Nacional que incorporen en la Reforma a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2005 a los docentes que fuimos arbitrariamente discriminados en la aprobación de dicha ley.
