Anne Pérez Rivera
El ingeniero Augusto César López González denunció que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) está violando su derecho al trabajo, al no dejarlo ejercer el cargo de Procurador Especial de Cárceles en Nicaragua.
El salario de dos meses, equivalente a un total de 76 mil córdobas, y la firma de un contrato de trabajo de acuerdo a lo establecido en el Código laboral, son las demandas de López González, quien solicitó una inspección especial, al Ministerio del Trabajo (Mitrab), en la PDDH, la que fue realizada el 15 de este mes.
La resolución del Mitrab tras la inspección establece que la PDDH debe firmar contrato laboral con López González, porque éste ha desempeñado la función de Procurador Especial de Cárceles en Nicaragua desde el momento en que fue nombrado; además el ente debe pagarle su salario devengado.
López González fue nombrado Procurador Especial el 25 de febrero de este año, por el Subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, quien en ese período asumió el cargo de Procurador, porque Omar Cabezas Lacayo, Procurador General, estaba fuera del país.
La contratación no se ha cumplido porque la administración argumenta que no hay fondos para habilitar a la Procuraduría Especial de Cárceles en Nicaragua, dice López.
Sin embargo, le habían afirmado con anterioridad que la PDDH destinó 590 mil córdobas para que ésta empezara a funcionar, monto que se aumentaría ya que el Gobierno de Dinamarca “tenía la voluntad de entregar un fondo de 60 mil dólares para la misma”.
DESAUTORIZAN AL SUBPROCURADOR
Jorge Téllez, director administrativo-financiero de la PDDH, expresa en un comunicado enviado a Mario Tercero Rivera, inspector del trabajo del Mitrab, que el señor Subprocurador “no tiene ninguna función que no le sea determinada por el Procurador y, más aún, nunca se le han delegado facultades administrativas… en ningún momento el doctor Jarquín, subprocurador, puede afirmar que se le ha dado atribución de contratar, despedir, firmar convenios, entre otras”.
El comunicado además establece que para el nombramiento de Procuradores Especiales, “debe hacerse convocatoria a la sociedad civil, para cumplir con el mandato de la Ley 212… y no existe tal convocatoria”.
Gilda Tinoco, divulgadora de la PDDH, afirmó que oficialmente López González no ha sido nombrado, por lo que no hay ningún documento que lo acredite como Procurador Especial.
