- Tres civiles muertos y decenasde heridos en refriega entretoma-tierras y policías
- Precaristas respondieroncon armas hechizas, piedras,palos, machetes y morteros
Carol Munguía yJosé Adán Silva
CHINANDEGA.- ¿Qué hacía ahí la señora Adilia Rivera? Muchas versiones y pocas certezas, lo único claro es que una bala le atravesó la cabeza y murió, junto a dos personas más, en la violenta refriega ocurrida ayer en Chinandega, cuando un centenar de policías desalojó a cientos de precaristas de una finca de ese departamento de Occidente.
Adilia Rivera, de 39 años de edad, tenía casa, familia y cosas que hacer, según cuenta su viudo, Gabriel Varela Mendoza.
Pero estaba cerca del lugar de donde ayer fueron desalojadas centenares de personas y recibió un disparo en la cabeza que voló su masa encefálica, y dejó en orfandad a una prole de ocho.
Algunos, indignados, dicen que la señora estaba en su casa y que la bala atravesó las paredes de madera de su pobre vivienda y la mató. Otros, llorosos, afirman que la señora iba a traer a su hijo de ocho años a la escuela, porque alguien le habría dicho que los niños se estaban asfixiando por las bombas lacrimógenas que lanzaba la Policía.
Otros, en emotiva simbiosis de rabia y llanto, dicen que la mujer salió a la calle a asomarse para ver si veía a algunos de sus hijos y meterlos a la casa antes que los mataran. Lo único claro es que la mataron a ella, como a Walter Arata Murguía (45 años) y a Walter Bismark Estrada Ramos (18 años).
INVASIÓN Y FUEGO
Al primero, jefe de los toma- tierras de Occidente, lo mataron de un balazo en la mitad de la frente y, al otro, barra brava de los precaristas, de un tiro al corazón.
Los tres muertos, los siete policías heridos, los más de diez civiles lesionados y las casi cinco horas de fuego, pedradas y sangre, fueron los resultados de una mañana que nació caliente cuando 95 policías ingresaron con una orden judicial y del Ministerio Público, a desalojar a los precaristas y establecer el orden en las 16 manzanas de la finca Pan Brand.
A eso de las ocho y treinta de la mañana de ayer, unas seis patrullas policiales bajo el mando del comisionado Domingo Navas Fúnez, entraron a la finca propiedad de Milton Castillo, amparados en una orden judicial solicitada por la fiscal auxiliar Juana Valladares, después que el apoderado legal y socio de la finca, César Castillo, interpusiera en los Juzgados una denuncia por usurpación de propiedad privada.
La denuncia dice que los precaristas habían invadido la propiedad, una vasta y plana extensión de tierras polvorientas; luego habrían buscado a los dueños para ofrecer la compra a precios irrisorios y, después, cuando recibieron a uno de los dueños, destruyeron los cultivos, hicieron zanjas para evitar que entraran los tractores y dividieron el área en lotes que marcaron con estacas y alambres.
Los uniformados, entre policías de línea, reguladores de tránsito y una única brigada de antimotines, se alinearon a lo ancho de la propiedad y entraron buscando el fondo de la finca, que termina donde comienza el asentamiento Camilo Ortega.
En la zona, donde ya se habían levantado casuchas y muy rústicas construcciones de madera y plástico, estaban unas 100 personas que limpiaban los lotes, instalaban estacas y cerraban con alambres las áreas tomadas.
POLICÍA EN DESBANDADA
Cuando vieron a la Policía, huyeron a los callejones del asentamiento, pero por poco tiempo. No habían recorrido ni 100 metros los policías, cuando de los callejones salieron hombres, mujeres y muchos jóvenes con los rostros cubiertos, portando palos, machetes, piedras, morteros y armas hechizas de fuego.
La orden policial era llegar al límite de la finca y custodiar a los peones para que reiniciaran las labores agrícolas. Pero no pudieron avanzar, mucho menos custodiar a los obreros. Una lluvia de piedras y morteros los detuvo y los obligó a replegarse.
Fue en esa retirada cuando un oficial, seguido de cerca por dos jóvenes con machetes, cayó y perdió el cinturón donde portaba su arma de reglamento, una pistola nueve milímetros.
La orden, ahora, era no salir del terreno. Alguien ordenó que avanzaran y sostuvieran sus posiciones, pero los uniformados, en todo momento desorganizados, se rehusaban por la falta de armas y equipos de protección. “¿A qué voy a entrar, a que me maten? No jodás, yo no voy”, le dijo uno de ellos a un teniente.
Los pocos policías que estaban armados eran los antimotines y unos oficiales, quienes portaban fusiles AK y pistolas automáticas.
Los jóvenes, furiosos y confiados, no cesaban de tirar piedras y morteros, hasta que la Policía recibió la orden de lanzar gases lacrimógenos y balas al aire. Se armó el infierno. Los gases, lejos de dispersar a los precaristas, los enfurecieron, y con la misma pistola que quitaron a un oficial caído, más armas hechizas y morteros, dispersaron en desbandada a los policías, a quienes en tres ocasiones obligaron a correr hacia la carretera.
La primera vez que los policías huyeron, los precaristas celebraron y se burlaron enseñando sus traseros y penes a los policías, quienes en respuestas tomaron piedras y las lanzaron.
PANDEMONIUM
Los agentes, avergonzados y molestos porque no tenían armas suficientes, municiones ni equipos de protección, y porque además no les permitían disparar a quienes lanzaban los morteros, se culpaban entre ellos y maldecían a sus superiores por no haberles proveído de equipos suficientes.
Así estuvo por más de hora y media la situación: la Policía queriendo entrar y los precaristas, ahora reforzados con jóvenes pandilleros, rechazándolos, haciéndoles huir y provocándoles policías heridos y rajados de cabeza por piedras.
De pronto el equilibrio del conflicto cambió. Una camioneta de la Policía llegó con municiones y armas; los agentes se reorganizaron, entraron por tres frentes rumbo a los callejones de donde salían y entraban los precaristas, y se armó la balacera.
El estremecedor sonido de los fusiles AK, en pequeñas ráfagas y tiro a tiro, más los disparos apagados de las pistolas automáticas, se escucharon más que los morteros.
“Tuvimos que hacer uso de las bombas lacrimógenas y las balas de salva”, dijo el comisionado Navas cuando había transcurrido una hora de enfrentamiento. Era tanto el desorden e incapacidad policial por dominar a los precaristas en un primer momento, que la delegación de Chinandega pidió refuerzos a las brigadas especiales antimotines de León y Managua para resguardar el orden.
CAEN LOS MUERTOS
En ese último despliegue de la fuerza policial a la huerta, disparando contra grupos de adolescentes sin camisa y cubierta la cara con pañuelos, que se alzaban en las bocacalles del reparto contiguo para desafiar a los agentes, se conoció de la muerte de Adilia Rivera Urrutia, Walter Bismarck Estrada Ramos y Walter Arata Munguía.
Los primeros heridos fueron trasladados al Hospital España, donde expiraron, pero Arata perdió la vida en el propio terreno.
Entre los heridos civiles se menciona a Luis Somarriba, Rafael Vallecillo y Paola Bonilla Palma, con lesiones menores, mientras que entre los policías se reportan lacerados el teniente Jorge Escorcia, Luis Matamoros y Rafael Rojas.
Los familiares de los atendidos en el centro asistencial por este sangriento hecho, coincidieron en declarar que ninguno de los pacientes se encontraba dentro de la finca invadida y que realizaban labores independientes cuando fueron alcanzados por las balas.
Por el hecho se detuvo a tres sospechosos: Víctor Manuel Reyes Gaitán, de 22 años, Juan Alberto Espinosa Campos y otro de datos desconocidos.
PIDEN ALTO AL FUEGO
Justo cuando la tensión subía y la violencia incrementaba, Carlos Sánchez, vecino del lugar, alzó una bandera blanca y pidió hablar con las autoridades policiales.
Sin temor, avanzó sobre el campo y encabezó una comisión que pidió a la Policía un alto al fuego, por temor al alcance de los efectos de las bombas lacrimógenas a la niñez del asentamiento Camilo Ortega, donde se reportó que una bebé de seis días de nacida, Milagros Mendoza, estaba muriendo luego que una bomba lacrimógena cayera en el patio de su vivienda.
Tras una breve discusión con el comisionado Navas Fúnes, quien exigía que le devolvieran el arma quitada a un policía, se acordó que los precaristas cesarían sus ataques a cambio de que la Policía se retirara de los callejones del lugar.
La población estaba indignada, los policías cansados, y las autoridades policiales perturbadas. “Nosotros actuamos en defensa de las leyes y nos atacaron, tuvimos que hacer uso de la fuerza para restablecer el orden”, insistía con preocupación Navas Fúnez, quien frunció el ceño cuando por radio le dijeron que había tres civiles muertos y varios heridos.
Los afectados del asentamiento lanzaban frases de condena contra los agentes policiales, a quienes acusaban de haberse portado excesivamente violentos contra civiles con palos y piedras.
El dirigente sandinista y diputado del Parlamento Centroamericano, Luis Lindo, se ofreció a mediar entre las partes en conflicto, pero no tuvo mayor incidencia; la Policía no quería retroceder y la gente estaba demasiada indignada llorando a sus muertos y jurando venganza.
¿ORTEGA EN FUNERALES DE CHINANDEGA?
Ayer trascendió en Chinandega que el secretario general del FSLN, Daniel Ortega Saavedra, asistirá hoy a los funerales de las personas que murieron en enfrentamientos contra policías.
La información fue confirmada por Andrés Sandoval, secretario político del FSLN en el departamento de Chinandega.
Según la información de Sandoval, Ortega llegará en horas de la tarde a expresar sus condolencias a la familia del fallecido militante Walter Arata, a los padres del joven Walter Estrada y a los hijos de la señora Adilia Rivera, durante una misa que se realizará en la Iglesia Guadalupe de esta ciudad.
Las tres personas por quienes Ortega mostrará su pésame, murieron por heridas de bala ayer durante un desalojo de una propiedad urbana del municipio de Chinandega.
Esta semana varios productores manifestaron su temor por recientes tomas de tierras privadas en este departamento, y acusaron al Frente Sandinista de promover las invasiones para conseguir votos en las pasadas elecciones municipales.
El secretario político del FSLN en Chinandega, Andrés Sandoval, rechazó las acusaciones hacia su partido.
Según Sandoval, las invasiones de tierras privadas no tienen objetivos políticos, sino que obedecen a la necesidad de la población por conseguir una casa o una vivienda.
El secretario sandinista acusó al Gobierno, Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional, de ser los causantes de más muertes y violencia si no ordenan el inmediato retiro de sus fuerzas.
INVESTIGARÁN MUERTES
La fiscal auxiliar de Chinandega, Juana Francisca Valladares, quien estaba en el lugar de los hechos al momento de estallar la violencia, aseguró que investigará la actuación policial durante el desalojo de una propiedad privada. De acuerdo con Valladares, esta misma semana iniciará las pesquisas, con testimonios de las familias afectadas, para conocer con detalles si hubo exceso de violencia policial.
VER TAMBIÉN
