- Ex gobernante de Guatemala, habría ordenado masacre en embajada española en 1980
EFE/AFP
MADRID.- La Audiencia Nacional española ha cursado orden internacional de detención contra Fernando Romeo Lucas García, presidente de Guatemala entre 1978 y 1982, por su presunta responsabilidad en el asesinato de siete ciudadanos españoles.
En una resolución difundida ayer, el juez Fernando Grande-Marlaska señala que “se ha podido comprobar razonablemente” que Romeo Lucas “pudiera residir actualmente en territorio de Venezuela”, por lo que se dirige a Interpol y a las autoridades de Caracas para que detengan al ex presidente a efectos de su posterior extradición.
El juez imputa a Romeo Lucas, para el que ha decretado la prisión incondicional, un delito de torturas, siete delitos de asesinato y un delito de asesinato en grado de tentativa, que también podían ser calificados de asesinatos terroristas.
La Audiencia Nacional Española acusa a Lucas García (1978-1982) por el asalto a la embajada de España en Guatemala, ocurrido el 31 de enero de 1980, en que murieron calcinados 34 guatemaltecos y 3 españoles, así como del asesinato de tres sacerdotes ibéricos.
El juez subraya en el auto que “en las escasas horas que duró el incidente no se atendió ninguna de las llamadas efectuadas” por el embajador Máximo Cajal —a quien se trató de asesinar—, “entre ellas al ministro de la Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz”, contra el que Grande-Marlaska ya cursó en diciembre una orden internacional de detención.
El magistrado cree también responsable al ex presidente guatemalteco de los asesinatos de los sacerdotes José María Gran Ciera, en junio de 1980, de Faustino Villanueva y Juan Alonzo Fernández, en julio de 1980 y febrero de 1981, respectivamente.
Además, le imputa la muerte de Carlos Pérez Alonzo, secuestrado por militares el 2 de agosto de 1981 “sin que al día de la fecha se tenga conocimiento sobre su estado”.
Estos asesinatos, explica el juez, respondieron a “una finalidad de castigo” por la colaboración de estas personas “con el conjunto de campesinos y el pueblo maya, tratando de generar miedo en terceros”.
Estos hechos, según el auto, fueron auspiciados por la estructura gubernamental de Guatemala desde la que “se entretejió un plan tendente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines”.
“Esa violencia —añade el juez— se materializó en plurales asesinatos, torturas violaciones de mujeres, etc., haciendo del terror un ‘modus vivendi’”.
“No sólo se atacaba físicamente a la etnia maya, sino asimismo al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos”.
ACTIVISTAS CELEBRAN
La Fundación Menchú, presidida por la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, saludó el libramiento de orden de captura por parte de España contra el ex gobernante Lucas García.
“Para nosotros es un avance más, ya que con ésto el proceso va adquiriendo una dimensión diferente. El sistema de impunidad que ha prevalecido hasta el momento empieza a verse afectado, empieza a agrietarse con estos avances en el ámbito de justicia universal”, aseguró a la AFP el director de la Fundación Rigoberta Menchú, Gustavo Meoño.
Otras organizaciones guatemaltecas de derechos humanos también aplaudieron.
“Es un gran paso para derribar el muro de la impunidad (…) Estos crímenes quedaron impunes por mucho tiempo y, si no tienen justicia en Guatemala, la están teniendo en otras partes del mundo”, dijo a la AFP el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, Frank LaRué.
COMPETENCIA
El 25 de febrero de 2003, el Tribunal Supremo español estableció la competencia de la Audiencia Nacional “para la investigación y enjuiciamiento de los hechos cometidos contra ciudadanos españoles en la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 y de los hechos cometidos en perjuicio” de cuatro sacerdotes españoles.
