- Tanto el Gobierno como la empresa privada están preocupados por el paso con que la Asamblea Nacional discute el acuerdo
- Inversión extranjera ya fijó sus ojos en una región, con el tratado
Luis Nuñez Salmerón
Empresarios y autoridades de Gobierno coincidieron en expresar su preocupación por la lentitud con que el parlamento nicaragüense está tratando el tema del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta), ya que eso pone al país en desventaja respecto al resto del área.
La ministra de Fomento, Industria y Comercio, Azucena Castillo, hizo un llamado a los diputados para que aceleren la ratificación del tratado, ya que de lo contrario cuando lo hagan “los demás países ya tendrán avanzada su estrategia”.
Según la funcionaria, están trabajando en una estrategia encaminada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pyme), que es una de las preocupaciones que han expresado los diputados, quienes consideran a este sector como uno de los más vulnerables ante las amenazas del DR-Cafta.
La Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham) también expresó una posición similar, asegurando que mientras otros países ya están vendiendo el tratado como oportunidades para los inversionistas, en Nicaragua por lo menos siete empresas internacionales han parado sus intenciones de invertir unos 485 millones de dólares, mientras se ratifica el tratado, afirmó el presidente la Cámara, René González Castillo.
Según el empresario, el tratado “es una oportunidad de oro” que el país debe aprovechar para lograr la competitividad sobre todo teniendo el mercado más grande del mundo tan cerca de la región.
Por otro lado, la ministra Castillo destacó los avances del país en materia laboral, por encima de los otros países del istmo “ya tenemos un libro blanco y una legislación moderna que permitirá superar los principales señalamientos al tratado”.
El problema, según Castillo, es que el tiempo va pasando y esa es una oportunidad que el país va perdiendo sobre todo en inversiones, más cuando existe un especial interés por el istmo de parte de empresas asiáticas y europeas que ven la posibilidad de establecerse cerca de Estados Unidos.
En este sentido el presidente de la Comisión Especial delDR-Cafta en el parlamento, Carlos Noguera, confirmó recientemente que a finales de marzo podrían tener listo el dictamen de ratificación del tratado, que fue enviado desde octubre del año pasado por el presidente Enrique Bolaños.
Castillo también destacó que los diputados quieren incluir temas en la discusión sobre el DR-Cafta que no tienen nada que ver con el tratado, como la creación del Banco de Fomento y el acceso al crédito para pequeños y medianos productores.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Mientras los empresarios demandan la pronta aprobación del DR-Cafta, organizaciones de la sociedad civil exigen que no se firme, al menos en este momento, mientras se crean condiciones para enfrentarlo mejor, afirmó Amado Ordóñez, director ejecutivo del Centro Humboldt.
En tal sentido afirmó que en el marco de este tratado se hace necesario implementar por lo menos 147 reformas institucionales que tienen que ver con las leyes de minas, de pesca, y de recursos hídricos.
Y es que todavía estas organizaciones expresan sus reservas sobre la protección del ambiente en el marco de este tratado.
Según Ordóñez, la dinámica impuesta por el tratado se expresará en un mayor deterioro del ambiente, “si una compañía considera que la legislación ambiental obstaculiza el comercio, puede llevar el caso a arbitraje comercial”.
Según él, es necesario hacer una reingeniería en todo el Estado para adecuarlo a las nuevas condiciones y garantizar la protección ambiental. Esto incluye la reforma a la ley de biodiversidad, lo mismo que reactivar el Plan Nacional Ambiental.
Ordoñez aseguró que el tratado implica riesgos al no valorar el impacto que en materia de propiedad intelectual, específicamente en lo relativo a la Ley de Obtenciones Vegetales (Ley Upov).
Ésta presenta como limitante el acceso a los recursos que establece la misma ley, ya que cualquier denuncia se concentrará en los funcionarios encargados de tramitarla.
Por su parte Mara M. Burr, asistente del representante de Comercio de Estados Unidos para el Ambiente y los Recursos Naturales, aseguró que la legislación ambiental es una atribución de cada uno de los países firmantes del tratado, quienes deberán definir sus prioridades en esta materia.
Cualquier empresa internacional que se establezca en el país deberá estar sujeta a la legislación nacional y ajustarse a ella.
La funcionaria afirmó que el Congreso estadounidense aprobó recientemente un fondo de 20 millones de dólares para apoyar lo relacionado en materia ambiental y laboral.
Pero Ordóñez sostiene que la asignación de cuotas libres impone producir más y ello a su vez significa ampliar áreas en detrimiento del recurso forestal, “la ganadería debe apuntar a hacerse menos extensiva y sí más eficiente”, sostiene.
ALGUNOS DETALLES
Los países del istmo y República Dominicana firmaron un convenio de cooperación mediante el cual se creó la Secretaría de Asuntos Ambientales, en el Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
Según los grupos ambientalistas, uno de los riesgos más notorios del DR-Cafta es la importación masiva de productos transgénicos.
”Actividades como la pesca, la minería y otras deben ser reordenadas, ya que lo que hacen es agotar los recursos naturales”, afirmó Amado Ordóñez, director del Centro Humboldt.
Mientras que Amcham insiste en señalar que el DR-Cafta es quizá la mejor oportunidad para el desarrollo económico, ya que eso nos permite aprovechar el ingreso al mercado estadounidense en mejores condiciones, según declaró el presidente de la cámara empresarial, René González.
”Los diputados deben estar conscientes de la importancia del DR-Cafta para el país”, afirmó la titular del Mific, Azucena Castillo, sobre todo porque ya los otros países están sacándole los primeros beneficios atrayendo inversiones.
Con el tratado, la región se convertirá en una plataforma de exportación hacia Estados Unidos para empresas europeas y asiáticas que desde ya expresan su interés por establecer sus inversiones.
La Asamblea Nacional ha dicho que someterá a discusión el tratado hasta finales de marzo o comienzos de abril, tiempo que la empresa privada y el Gobierno consideran demasiado largo.
La sociedad civil sostiene que no hay políticas de desarrollo para los sectores considerados como “perdedores”.
DINÁMICAS DIFERENTES
El Salvador fue el primer país de la región que ratificó el tratado, mientras Costa Rica todavía mantiene el debate sobre su aprobación, dado que hay fuertes intereses nacionales. En Nicaragua los aspectos que mayor preocupación generan, son el referido a la privatización de los recursos hídricos, y las legislaciones ambientales y laborales.
