Alberto L. Alemán Aguirre
Cualquier discusión sobre la violencia en El Salvador no puede estar completa sin una referencia al tema de las maras, el problema número uno de seguridad pública en ese país.
La guerra de los años 80 fortaleció —no creó— una cultura donde la violencia era el comportamiento social más usado para dirimir las diferencias políticas y sociales, según indica un estudio preparado por investigadores de la UCA para el BID en 1998, titulado “La violencia en El Salvador en los años noventa. Magnitud, costos y factores posibilitadores”.
Antes de esa década de conflicto, ya el país poseía los índices de homicidios más altos de todo el continente, afirman los investigadores.
El problema tiene varias dimensiones, pero creo que en particular se descuidan las de tipo social y socio-psicológicas, que tienen relación entre sí.
Nadie niega que los más terribles criminales merecen que les caiga todo el peso de la ley. Hasta hoy han privado las soluciones represivas con pequeños elementos accesorios de tipo social, pero se hace evidente que con “Súper Manos Duras” o durísimas únicamente, el problema no va a desaparecer de ese país ni en Centroamérica. O, al menos, no dará un retroceso significativo sin cambios urgentes , profundos.
No sucederá eso porque dos de las bases principales del fenómeno son sociales y económicas.
Los científicos sociales del istmo y los activistas de derechos humanos han creado un coro al que hoy se van sumando incluso organismos internacionales como la CEPAL, el BID, el PNUD y hasta el Banco Mundial.
Pobreza, desempleo, marginación, falta de educación, inexistencia de alternativas, bajos salarios: son algunos factores alarmantes, citados en diversos estudios que advierten sobre los peligros de la pobre gobernabilidad, la seguridad precaria y el mayor apoyo a actitudes autoritarias en El Salvador y el istmo entero.
La mayoría de los jóvenes que integran las maras son humildes, con escasa educación y sin alternativas.
Y en el porcentaje más grande, las víctimas de su agresión son jóvenes mismos, como lo demuestran sucesivos estudios del fenómeno en El Salvador
Las advertencias son bastante claras: sin mejor distribución de la riqueza, sin igualdad social y de oportunidades, no habrá sociedades modernas en Centroamérica con altos niveles de seguridad y estabilidad.
Por otra parte, las estrategias represivas de seguridad parecen obviar un componente psico-social muy importante: la mara es una especie de cuerpo protector que da seguridad, refugio y que hasta a veces es un sustituto del afecto familiar para sus integrantes.
Así nacieron las maras en Los Ángeles y otras ciudades gringas. Fueron en parte una respuesta de defensa de los inmigrantes salvadoreños, amenazados por otras mafias latinas y excluidas por el sistema social de EE.UU. Y viniendo ellos de un país donde la violencia brutal era algo tan común, no es de extrañarse el cóctel letal que se produjo.
Los investigadores de la UCA que prepararon el reporte para el BID, sugieren que la actividad marera podría interpretarse como intentos de recuperación de un espacio social perdido.
“La mayoría de los jóvenes que se integran a las pandillas juveniles en la actualidad, reclaman un poco de atención de parte de la sociedad, de la cual se sienten profundamente marginados”, sostienen. “Al final la violencia sería un mecanismo legitimado y justificado por cierta parte de la población para recuperar un poder perdido sobre su entorno más inmediato”.
¿Por qué las pandillas en Nicaragua no han llegado al nivel de las de El Salvador?
Sin pretender ser exhaustivo, creo que hay que destacar elementos importantes en la actividad de maras como la “Salvatrucha” o la “18”: el involucramiento activo y el control de la distribución de drogas y el tráfico de armas, y una estructura interna, militarmente jerarquizada.
Esto está ausente en Nicaragua, por ahora. Pero dada la pobreza, la debilidad de las instituciones y el avance del narcotráfico, ¿hasta cuándo?
