- A partir del 2006 se gravará con un 1.4% los ingresos brutos de las empresasy se comenzará un proceso de reducción de 33 mil puestos públicos
Alberto L. Alemán
“Jugar con el santo, menos con la limosna”. La frase cobra nueva actualidad en Panamá, donde el gobierno de Martín Torrijos acaba de demostrar que está dispuesto a impulsar su programa económico, aún cuando esto requiera de medidas impopulares que golpean los bolsillos de muchos.
El miércoles, el Presidente firmó una nueva ley que introduce una reforma fiscal con la que su Gobierno pretende recaudar de 250 a 350 millones de dólares más desde el 1 de enero del 2006, eliminado beneficios y exoneraciones a varios sectores económicos.
La medida, aprobada por la mayoría que el gobernante Partido Revolucionario Democrático posee en el Parlamento, atrajo la oposición de sectores tan diversos como las cámaras empresariales, los sindicatos y uniones de empleados públicos.
La nueva ley tiene varios objetivos: aumentar la recaudación fiscal, reducir el sector público y sus gastos —se pretende eliminar 33 mil empleos en 5 años— y bajar el déficit fiscal del cinco por ciento actual (unos 700 millones de dólares) al uno por ciento del PIB para el 2009, último año del período de Torrijos.
Entre los argumentos a favor, el Ministro de Economía, Ricaurte Vásquez, destacó que la reforma permitirá aumentar los gastos sociales en áreas como salud, combate a la pobreza y educación.
“El Gobierno podrá llevar a cabo sus programas y proyectos para los más necesitados”, defendió Vásquez.
Al sancionar la ley, el presidente Torrijos sostuvo que la distribución de la carga impositiva será más justa y que permitirá un ahorro de gubernamental significativo.
“La idea no es cobrarle a los que no pueden pagar, sino cerrarles los escapes a los que sí pueden hacerlo”, añadió el gobernante.
LA PIEDRA EN EL ZAPATO EMPRESARIAL
Uno de los puntos más polémicos es la introducción de un Impuesto de Renta Mínimo Alternativo (IRMA), del que se resiente principalmente el sector empresarial. El IRMA representará el 1.4% de los ingresos brutos de las empresas.
Asimismo, se estableció el 1.4 por ciento para las personas naturales que ejercen el comercio, se sacan de la base de cálculo los impuestos especiales, consumo de gasolina y licores, y se gravan con uno por ciento las donaciones a partir de 50,000 dólares. También se bajó de 350 a 300 dólares la anualidad obligatoria de las sociedades anónimas, aunque se mantiene en 250 dólares el pago por inscripción.
El empresariado amenaza con un alza generalizada de precios, pues los costos mayores serán trasladados a los consumidores. Además, advirtió el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Guillermo Villarreal, las nuevas disposiciones impositivas ahuyentarán la inversión extranjera, dificultarán la creación de nuevas empresas y fomentarán “más desempleo e informalidad”.
Los sindicatos se han sumado a las críticas pero desde otra perspectiva. Para estos sectores, ni el gran capital ni las transnacionales saldrán afectados, sino la clase media y la clase trabajadora, por las subidas de precios que, se teme, sobrevendrán.
Saúl Méndez, un dirigente sindical de izquierda, afirmó que “el modelo neoliberal” continúa con el gobierno de Torrijos, formalmente de centro-izquierda.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) estudia presentar una advertencia de inconstitucionalidad contra la reforma, entre otras cosas, por el IRMA.
En el presente, si formalmente la carga impositiva es del 30% de los ingresos, una serie de exoneraciones permite a muchos reducirla en la realidad a un 15%, explicó la periodista Marianela Palacios, del diario local La Prensa.
GASTOS DE REPRESENTACIÓN GRAVADOS
Entre el conjunto de medidas, destaca el gravamen del 10% que se impondrá a los gastos de representación de los funcionarios públicos y del sector privado. Según estadísticas oficiales, los gastos en este rubro de este último sector superan los US$100 millones y no eran declarados por una gran mayoría de los contribuyentes.
El Estado deberá entrar a un proceso gradual de adelgazamiento. En 5 años, el Gobierno espera volver a contar con una planilla de empleados públicos de 150 mil personas como en 1999, cuando asumió la presidenta Mireya Moscoso. Hoy, hay 183 mil personas en las nóminas estatales.
LOS MÁS AFECTADOS
Adolfo Quintero, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, estimó que los sectores que saldrán más afectados serán la construcción, los supermercados y el comercio detallista, pero que la reforma no deberá golpear a la mayoría de las empresas, ni tampoco a los trabajadores.
Quintero rechazó que, al menos desde un punto de vista teórico, la aplicación de la reforma desde 2006, vaya a producir significativos aumentos de precios.
En particular señaló que en el sector comercio, que trabaja con grandes volúmenes y escaso margen de diferenciación, y donde existe un libre juego de mercado con muchos actores – Panamá es un país con una oferta incomparable mayor en todos los campos que Nicaragua –, es difícil una subida sensible de los precios.
Por otra parte, si suben los precios, los empresarios «pagarán más impuestos», señaló Quintero en una conversación telefónica con LA PRENSA.
Auguró que el Gobierno no sufrirá pagará altos costos políticos importantes por ahora.
SIN PLAN NACIONAL
“Esta reforma fiscal no está completa, no está dentro de un plan de desarrollo nacional, donde definamos metas que queremos alcanzar, qué porcentaje de pobreza eliminar”, dijo Adolfo Quintero, presidente del Colegio de Economistas de Panamá. Asegura que el próximo gran paso del Gobierno será emprender la reforma de la deficitaria Caja del Seguro Social, “ lo que vendrá en las próximas semanas”.
EL PAÍS EN BREVE
3millones de habitanteses la poblaciónde Panamá.
12.9mil millones de dólares es el PIB (2003).
4,250dólares es el PIB per cápita.
3.9 %creció el PIB en 2003.
Fuente: Banco Mundial
(Con la colaboración de Marianela Palacios de La Prensa de Panamá y agencias).
