Alejandro Serrano Caldera
La crisis que actualmente atraviesa el país es de carácter predominantemente político. Tiene que ver con las pretensiones de las dos principales fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, de cambiar la naturaleza del Estado y la forma de Gobierno y de romper el equilibrio que debe prevalecer en un sistema democrático, de balance y control entre los poderes.
La presente crisis se desarrolla en un proceso prolongado y profundo de debilitamiento de la representatividad, legitimidad y credibilidad de los actores políticos. En ese marco de creciente ingobernabilidad los acuerdos firmados por el presidente Enrique Bolaños y el secretario general del FSLN, Daniel Ortega y la instalación de un diálogo entre el Gobierno y los dos partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional, el PLC y el FSLN, han significado un esfuerzo por reducir los riesgos de la confrontación y revertir la tendencia hacia la imposición de soluciones unilaterales ajenas a los intereses de la ciudadanía.
El diálogo que se ha instalado, para que fructifique, debe atender en primer lugar a los intereses de la Nación y no al de las cúpulas que lo sostienen. Los acuerdos que en él se alcancen deben traducirse en iniciativas legislativas sin nombres y apellidos, que representen un verdadero mejoramiento del sistema democrático representativo y participativo y unos mayores niveles de justicia distributiva, que lleven a los más pobres los beneficios de los logros alcanzados en la macroeconomía.
El Grupo de Reflexión y Participación Ciudadana considera que la solución a esta profunda crisis solamente puede darla el pueblo, a través de su expresión libre y soberana, por lo que su criterio debe ser tenido en cuenta por los actores del Diálogo Tripartito.
Sostenemos también que la actual Asamblea Nacional no está facultada para transformar el Sistema Presidencial en un Sistema Parlamentario, Semiparlamentario o Semipresidencial, como se pretende, pues ésta sería una reforma que, por su naturaleza y alcance, tiene el carácter de total. Nicaragua se merece una Constitución digna de respeto de parte de todos y cada uno de sus conciudadanos.
En base a esas consideraciones proponemos: 1) Invitar a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país a entablar de inmediato un Diálogo Alternativo que lleve a la agenda nacional los problemas más acuciantes del pueblo nicaragüense y aporte soluciones democráticas, estratégicas y participativas. 2) Que en ocasión de las elecciones generales del 2006, se convoque a la elección de la Asamblea Constituyente para aprobar una nueva Constitución Política, que tome en cuenta las propuestas de la ciudadanía resultantes del Diálogo Alternativo.
El Grupo de Reflexión y Participación Ciudadana piensa que en todo caso y en cualquier circunstancia la Sociedad deberá continuar el Diálogo Alternativo hasta construir su propia propuesta estratégica, el Proyecto de Nación que dé sentido a las aspiraciones y reivindicaciones del pueblo nicaragüense por una vida más digna, justa y democrática.
