Luis Eduardo Martínez M./Corresponsal
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Seguimiento a Acuerdos de Las Tunas
Luis Eduardo Martínez M./Corresponsal
MATAGALPA.- Representantes de los más de tres mil beneficiarios de los Acuerdos de Las Tunas emplazaron al Gobierno para que proceda a legalizar varias fincas y otorgar las parcelas familiares a los obreros agrícolas que las tienen en posesión desde hace varios meses.
En una reunión sostenida este viernes en Matagalpa con el Viceministro de Hacienda y Crédito Público, Alfonso Sandino Camacho, los representantes de los campesinos expusieron la necesidad de titular las parcelas para que los beneficiarios puedan aprovechar las épocas de siembra de granos básicos.
Isaac Jaen Rivera, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) dijo que los acuerdos suscritos con el Gobierno no han sido cumplidos en su totalidad y esperan que la titulación y asignación de las parcelas familiares sean efectivas a más tardar en la última semana de febrero.
A raíz de los Compromisos de Solidaridad para el Cumplimiento de los Acuerdos de Las Tunas, ratificados en mayo del año pasado, el Gobierno se comprometió a crear dos mil parcelas de tres manzanas de extensión cada una y titularlas a favor de dos mil familias campesinas.
Actualmente el Gobierno dispone de siete fincas que están en posesión de los beneficiarios de los acuerdos, pero algunas están siendo reclamadas por otros dueños.
En este sentido, Jaen Rivera dijo que deben inspeccionar otras propiedades, porque unas mil quinientas familias todavía están en “el limbo”.
Durante la reunión, según Jaen, el Gobierno y los representantes de los obreros crearon comisiones para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
Una de las comisiones coordinará la distribución y legalización de las parcelas en las fincas que pertenecen al Estado y que no han sido reclamadas por otras partes.
Otra se encargará de inspeccionar otras fincas que supuestamente pertenecen al Estado y que serían destinadas para ubicar a las familias que están en fincas en litigio.
También existe una comisión jurídica que se encargará de los casos de las fincas que los campesinos tienen en posesión, reclamadas por terceros y que los funcionarios dicen que pertenecen al Estado.
“Si el trabajo de estas comisiones no nos satisface, tenemos que ver qué tipo de presión vamos a ejercer, porque fuimos claros al decirles que el desempleo está y que no nos ha cumplido”, dijo.
Y es que los beneficiarios dependen principalmente del trabajo en los cortes de café y en el caso del departamento de Matagalpa, ya concluyó la temporada de cosecha.
Como siempre, a la reunión no se permitió el acceso a los periodistas y al finalizar el encuentro, LA PRENSA no pudo obtener la opinión del viceministro Sandino.
