Adolfo Olivas Olivas
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¡Castigo por asesinato!
Adolfo Olivas Olivas
La indignación provocada por el asesinato de María José Bravo Sánchez, corresponsal de LA PRENSA en el municipio de Santo Tomás, departamento de Chontales y las pruebas contundentes que demuestran que Eugenio Hernández González es el autor material de la acción criminal, debe obligar a las autoridades judiciales a emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato, para resarcir la memoria de la joven colega, que el pasado 9 de noviembre murió de un balazo a quemarropa en el pecho, al momento de cubrir una actividad política.
Se puede decir que la libertad de prensa está en peligro, producto de la crisis entre los poderes del Estado nicaragüense.
Es evidente que la periodista María José fue deliberadamente escogida como blanco, o lo que es peor todavía, fue objeto de una verdadera operación política, alimentada por los conflictos entre los poderes del Estado.
Para confirmar o rechazar esta hipótesis, la Policía Nacional a petición del Gobierno debería de crear una comisión de investigación, con el menester de buscar el móvil del crimen contra la periodista, que se hallaba en el Centro de Cómputos del Consejo Electoral Departamental de Chontales, donde partidos políticos se disputaban la Alcaldía de Santo Tomás y otros municipios chontaleños.
Ante la ausencia de un Estado de Derecho y de un verdadero sistema policial y judicial, los periodistas son los únicos que están efectuando una labor de investigación sobre los acontecimientos que sacuden la sociedad nicaragüense, entre ellos los casos de corrupción e impunidad.
En general, es deplorable la propensión que tienen los políticos, como el caso del diputado chontaleño Dámisis Sirias y su esposa, quien días antes atacó verbalmente a la periodista María José Bravo Sánchez, profiriendo amenazas e incitando a las agresiones.
Para evitar un juzgamiento de parte de un Tribunal de Conciencia, el asesino Eugenio Hernández González decidió ser enjuiciado por un Juez de Derecho. Aunque ese derecho está contemplado en el Código Procesal Penal de Nicaragua, no es de confiarse por las inclinaciones políticas de los jueces.
Siendo que una sola persona decidirá el destino del criminal Hernández González, es de capital importancia que se tome en cuenta el precepto de Derechos Humanos de que todo ser humano nace libre y con igualdad de derechos que nada ni nadie tiene el derecho de privarle la vida a otra persona.
Un llamado a la justicia, al Gobierno y a los partidos políticos para que tomen conciencia que los hombres y mujeres de prensa son seres humanos que merecen respeto a su imagen, a su dignidad y a sus garantías individuales.
