Moisés Martínez
La batalla por el agua en Nicaragua continúa hoy. La Alianza por la No Privatización del Agua anuncia un plantón a las nueve de la mañana en las instalaciones de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), en la continuación de un conflicto que tiene ribetes legales, sociales y hasta ideológicos
Las autoridades de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) han aprovechado cada encuentro con medios de comunicación, para explicar reiteradamente los alcances del proyecto en la Gerencia Comercial que, en teoría, buscan mejorar su efectividad para superar la crisis financiera que atraviesa esa empresa.
Y en sus explicaciones son drásticos y dramáticos. De acuerdo a las autoridades de Enacal, si este proyecto no se concreta, la empresa sólo podrá durar unos años más antes de hacer “crack” y prácticamente dejar el sistema de distribución de agua potable nicaragüense en el completo colapso.
Sin embargo, los principales organismos de la sociedad civil del país no creen ninguno de los argumentos brindados por las autoridades gubernamentales.
Para éstos, la consultoría en la Gerencia Comercial sólo significa una cosa: la privatización del agua potable.
De acuerdo a estas organizaciones, las que han sido tildadas de tener tendencia izquierdista, la consultoría sólo pretende corregir las principales fallas del sistema comercial de Enacal para hacer más atractiva esta empresa y así ponerla en bandeja de plata para que sea devorada por alguna transnacional interesada en adquirirla.
AGUA PARA ÉLITES
Aseguran que esto originaría un manejo de la distribución del agua potable que haría a un lado el concepto social y humano de lo que implica un libre y fluido acceso al vital líquido para las grandes mayorías, pasando a priorizar obviamente la obtención de ganancias mediante la facturación a unos cuantos miles de usuarios con la capacidad económica suficiente para poder costear el servicio, convirtiéndolo en algo sólo al alcance de las élites sociales.
En medio de estos choques de ideas e interpretaciones, en las que no han estado ausentes los señalamientos de tipo ideológicos y políticos por ambas partes, un tercer actor y tal vez el más importante de todos por ser el que ha aportado el dinero para el desarrollo del cuestionado proyecto en Enacal, se ha mantenido como observador expectante de todo el conflicto en Nicaragua.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el organismo que está aportando los 13 millones de dólares de todo el proyecto en su conjunto, el cual comprende, además de una supuesta modernización de la gestión de la Gerencia Comercial de Enacal, el mejoramiento de las redes de tuberías y alcantarillados.
BID NIEGA PRIVATIZACIÓN
Rubén Darío Avendaño, especialista de la división de administración de recursos naturales y medio ambiente del BID, y encargado del proyecto que impulsa este organismo financiero en Enacal, no oculta su preocupación por la forma en que según él los organismos civiles han tergiversado y mal interpretado las intenciones del proyecto en Enacal.
Para Darío Avendaño, lo grave de esta situación es que estos conflictos están dejando a un lado el verdadero problema del agua en Nicaragua, que es el estado de coma en que se encuentra actualmente Enacal, con una mora por el orden de los 400 millones de córdobas y con casi un 40 por ciento del agua bombeada que actualmente no es facturada, lo que técnicamente se conoce como “agua no contabilizada” y que termina costándole a esta empresa unos 106 millones de córdobas anualmente.
El funcionario del BID explicó que los estudios de este organismo financiero determinaron que el área comercial de Enacal es la más débil de toda la empresa, encontrándose serios problemas principalmente en el sistema informático y en la base de datos catastrales, así como mala facturación, dado que constantemente se establecen montos de pago por niveles de consumo de agua no hechos por los usuarios.
“Si hay una empresa especializada en proveer esos servicios, pues dejemos que la empresa nos deje todo montado, esto no es un contrato de por vida, es por cinco años, donde se le estará transfiriendo toda la experiencia a Enacal y luego se va. Si Enacal no aprende en cinco años a manejarse, eso es problema de la empresa, pero allí no hay una privatización”, apuntó.
PRIVATIZACIÓN PUEDE SER NECESARIA
En ese sentido, Avendaño reconoció que el BID puede apoyar un proceso de privatización de Enacal, siempre y cuando se determine en primer lugar que ésta es la única forma en que se puede resolver la situación de poca cobertura de agua potable que existe en Nicaragua, la que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es solamente de un 64 por ciento a nivel nacional.
Asimismo, el otro factor de acuerdo al funcionario del BID para realizar una privatización, es que exista un consenso entre las autoridades gubernamentales, legislativas y regulatorias del país.
“La idea es que si hay una empresa pública que pueda prestar un buen servicio, pues la financiamos. Pero si encontramos una empresa que no puede establecer un buen servicio, que no tiene buena calidad, entonces le decimos al país: ¿Qué quiere hacer con su empresa? ¿la modernizamos? ¿la ajustamos? ¿la privatizamos? Pero eso es decisión del Gobierno y las demás instituciones, no del BID”, afirmó.
¿CONVIENE O NO?
Para Hartmut Brühl, del comité técnico de la Global Water Partnership (GWP), organismo internacional especialista en políticas hídricas, hay que pensar en establecer el sistema más adecuado para la realidad nicaragüense.
“Hay muchas formas de cooperación pública y privada que se han implementado en Latinoamérica para enfrentar el problema del agua potable y la menor parte de esas experiencias han sido privatizaciones totales, esas en la que todo el patrimonio estatal es vendido a una empresa privada”, declaró.
“Hay varias posibilidades donde los entes quedan públicos pero queda una compañía que está gestionando como una empresa privada, pero que siempre pertenece al sector público. Eso es algo que se hace mucho en Europa, donde es normal que se hagan contratos para hacer una gestión privada en empresas públicas”, explicó Brühl.
“No es necesario una privatización, también hay otras posibilidades, pero privatización no es algo del diablo. Es una cuestión de organizar regulaciones con las reglas claras para esa privatización. Sé que en Chile ha funcionado bien. Y eso es algo en hay que tener mucho cuidado, en el sentido de que haya una buena regulación en donde se establezcan reglas del juego claras, con una legislación nacional muy involucrada”, opinó.
A su juicio, una privatización no es algo tan dañino si se reconoce que en muchos casos los problemas se deben al pésimo manejo estatal de las entidades distribuidoras de agua potable.
“Las compañías municipales o públicas muchas veces no tienen los conocimientos básicos de gerencia. Lo importante es discutir las opciones más favorables. No hay que olvidar que muchos de estos monopolios estatales tienen sus deficiencias, principalmente en su gerencia”, comentó.
“Como son monopolios estatales, los ingresos no dependen de la compañía de agua, sino de los ingresos del Estado en general y con eso la compañía de agua no pueden pagar los trabajos de mantenimiento y operación, y eso se traduce en un servicio malo, y la población con un servicio malo no está dispuesta a pagar y eso provoca un círculo vicioso que causa muchos problemas”, finalizó.
EL ANÁLISIS DE LA RED
La Red Nacional de Defensa al Consumidor ha sido el organismo civil que ha estado al frente de la ofensiva contra Enacal en esta batalla por la supuesta privatización del agua potable.
Esta organización elaboró un análisis técnico y jurídico de los documentos del proyecto de licitación, y según esta revisión, éste no es más que una trampa para llevar a la empresa a una inminente privatización. Estas son algunas de las impresiones recogidas en el documento de la Red:
Queda en evidencia que se proponen trasladar la responsabilidad de Enacal a una transnacional que se haga cargo de su administración y tome todas las decisiones que afectarán el presente y futuro del servicio de agua y alcantarillado. Encomiendan el diseño, la implementación y administración de la Gerencia Comercial de Enacal.
Por eso no es extraño que se use la figura de la “Consultoría” para otorgar a un consultor la responsabilidad de la administración total del área comercial de Enacal, cuando ello implica: recepción y resolución de todas las solicitudes de servicios, atención de los reclamos y toda la relación con los usuarios (cortes y reconexión del servicio), la instalación y cambio de medidores, lectura de medidores, facturación y distribución de facturas, así como la administración de la deuda de los usuarios en mora (cobranza, sanciones), en la que incluso textualmente dice el documento que la empresa contratada efectuará las acciones legales para el cobro de los servicios en el área comercial.
En el texto de la licitación se establecen violaciones a los derechos de los trabajadores de Enacal, cuyos empleados quedan sujetos a que la “consultora” los contrate sólo si le resulta conveniente, lo que evidencia la aplicación del ya conocido sistema de subcontrataciones con empleados que ganan a destajo y que en su dinámica cometen toda clase de abusos contra los usuarios, ya que ganan por número de cortes y reconexiones.
Otros ejemplos de arbitrariedades se reflejan con lo que es la distribución postal de facturas, donde los términos de la contratación dicen que: “En caso que un usuario alegara la falta de recepción de la factura en tiempo, subsistirá la obligatoriedad de pago sin perjuicio de la facultad de realizar el correspondiente reclamo”. Es decir, que primero pague y después reclame, sin importar las razones del usuario para rechazar el pago de una factura por cobros excesivos o indebidos, e incluso por no haber recibido la factura a tiempo. Esto viola todos los derechos consignados en la Ley de Defensa de los Consumidores.
