María José Uriarte R.
El secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, considera que la resolución emitida por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) no provocará un incremento de la crisis política entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que por el contrario, ayudará a que éste se agilice, porque no era conveniente sentarse a conversar con unas reformas constitucionales aprobadas en segunda legislatura.
Insiste que la resolución de la CCJ debe ser acatada por la Asamblea Nacional por ser un fallo de ineludible cumplimiento y vinculante de una Corte regional, porque el no hacerlo significaría un “error lamentable” al no cumplir con una regla del derecho fundamental.
DIÁLOGO AÚN ES VIABLE
“Pero yo creo que de todas maneras el proceso de diálogo debe seguir, porque el pueblo de Nicaragua no puede seguir aguantando toda esa situación”, puntualizó Leal.
Tampoco comparte que los partidos mayoritarios analicen la posibilidad de impulsar una contraofensiva al Gobierno en respuesta a las maniobras legales que realiza para revertir la aprobación de las reformas constitucionales, ya que al único que va a afectar es a la población en general al causar un ambiente de zozobra, además que no se trata de quien puede “subir más la parada”.
MOMENTO PROPICIO PARA VOLVER A ESTADO DE DERECHO
“Esto es un acto jurídico, yo creo que aquí de todas maneras en un tema de entendimiento nacional debería estar el tema de las reformas constitucionales, leyes de servicio público, entonces hay un fallo de la Corte, que momento más propicio e idóneo para decir vamos a acatar ese fallo y entendámonos en un diálogo nacional que es lo que vamos a hacer y si se decide un sistema parlamentario bienvenido sea, pero es decisión de todos los representantes de los partidos políticos”, adujo el secretario de la Presidencia.
Fuentes políticas no descartan que los partidos mayoritarios decidan agilizar la sentencia de los delitos electorales en la que se declare culpable al presidente Bolaños y otros funcionarios de gobierno
A juicio de Leal, de ser así, sólo quedaría en evidencia que hay un control sobre el Poder Judicial de algunos partidos políticos, y de lo que se trata es de lograr que el sistema judicial se despartidice.
En recientes encuestas de opinión pública la población ha expresado su percepción de que el Poder Judicial está partidizado y responde a los intereses particulares de los caudillos de las fuerzas mayoritarias del país.
