Política salpicó a las telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones continuó su firme auge durante el 2004. Los usuarios de servicios como Internet y telefonía celular se vieron beneficiados por la feroz competencia que existe entre los distintos operadores de estas ramas, los que han provocado que toda una gama de servicios especializados como los mensajes de texto y la conexión a Internet por medio de fibra óptica se hayan diversificado y reducido sus precios.

Sin embargo, todo este auge ha venido acompañado de sus dosis de controversia, polémica y enfrentamientos políticos.

El 2004 inició con la principal operadora en telecomunicaciones del país, Enitel, compartida por dos consorcios, los hondureños de Megatel, quienes poseían casi un 49 por ciento de los acciones y el control administrativo de la compañía, y sus socios, el consorcio mexicano América Móvil, quienes habían adquirido el otro 49 por ciento al comprar el último remanente accionario que todavía poseía el Estado.

AMÉRICA MÓVIL CONTROLA ENITEL

En marzo de este año, LA PRENSA reveló lo que todos los especialistas del campo de las telecomunicaciones en Nicaragua ya prevían, pese a los constantes desmentidos de los representantes de Megatel: América Móvil compró el porcentaje accionario de Megatel, logrando el control total de Enitel y consolidando su fuerza en el mercado de las telecomunicaciones nicaragüenses, pues también son los dueños de la empresa de telefonía celular Aló PCS.

Pero eso no fue el único cambio importante ocurrido en el país. La principal compañía de telefonía celular del país, BellSouth, dejará el país luego de ser la primera empresa de su tipo en operar en Nicaragua, pues una transacción que superó 400 millones de dólares traspasó al poderoso consorcio español Telefónica todas las operaciones que tenía BellSouth en Latinoamérica.

POLÍTICA SALPICÓ A LAS TELECOMUNICACIONES

Sin embargo, esta empresa enfrenta una dificultad que se ha venido a convertir en una astilla que hiere sus operaciones. En abril, el ente regulador de las telecomunicaciones, Telcor, anunció la ampliación de cobertura para esta compañía, dándole ahora una extensión nacional.

La Contraloría General de la República (CGR) intervino en el asunto y declaró de nulidad la resolución, aduciendo que la ampliación no se dio con una debida licitación.

La inusual atención que ha tenido la CGR con este caso y las advertencias hechas por el ente fiscalizador al procurador Alberto Novoa, de ser sancionado si no inicia a la mayor brevedad un juicio en contra de BellSouth, provocó que esta compañía acusara públicamente a los contralores de estar actuando más en base a intereses políticos que en sustentos legales, como parte de un efecto colateral del conflicto que existe entre el ente fiscalizador del Estado y el presidente Enrique Bolaños.

ANTENAS MOLESTAN

Pese a ser fieras competidoras entre sí, las empresas operadoras de telefonía celular conjuntamente cerraron filas para enfrentar su mayor amenaza en el 2004: una iniciativa de ley que manda a regular la colocación de las antenas de telefonía celular.

Numerosas quejas de la población, molesta por el creciente paisaje de antenas que se han desplegado por todo el país y una supuesta amenaza para la salud por los niveles de radiación generados por estas infraestructuras, originó una iniciativa de los diputados para regular la colocación de las antenas.

La mayor preocupación de los operadores es que parte de esta iniciativa establece la remoción de varias de las antenas ya colocadas para ubicarlas en los perímetros que establece la ley, lo que a consideración de los operadores les implicaría afectaciones económicas por millones de dólares. La ley todavía se encuentra engavetada en el parlamento.

Ya casi al finalizar el año, otra medida que también ha sido tildada de ser parte de la ofensiva del Poder Legislativo en contra del presidente Bolaños, golpeó con fuerza y de manera sorpresiva.

Faltando dos días para finalizar el período legislativo, los diputados de la Asamblea Nacional se sacaron de la manga una resolución en la que manda a Telcor a abstenerse de dar por abierto el mercado de la telefonía básica, larga distancia internacional y servicios de conexión a Internet, finalizando la exclusividad que posee Enitel para ofrecer estos servicios.

De acuerdo a Telcor, la medida de los diputados, quienes establecieron el 14 de abril del 2005 como la nueva fecha para la apertura del mercado de las telecomunicaciones, pone en riesgo millonarias inversiones de empresas interesadas en ofrecer varios de los servicios que actualmente son exclusivos de Enitel, principalmente el de larga distancia internacional, las que se según estimaciones del ente regulador de las telecomunicaciones, sus tarifas se reducirían en un 50 por ciento.

COLMILLO DEL PACTO

Sin embargo, la mayor tercia entre los legisladores y el Poder Ejecutivo se dio con la iniciativa y finalmente concretización de la denominada Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).

Esta megaentidad aglutinará bajo un mismo techo a los entes reguladores de los sectores de energía, agua y telecomunicaciones, más una cuarta instancia que se encargaría de la defensa de los reclamos de los consumidores.

Los parlamentarios elegirían a cuatro intendentes para cada una de las instancias de la Sisep, arrebatándole el control al Poder Ejecutivo de la regulación de los sectores, por lo que el Gobierno no tardó en reaccionar tildando a esta institución como un colmillo más del pacto libero-sandinista que en tantos problemas tiene al presidente Bolaños.

FENOSA “LECHERA”

En el caso de la energía eléctrica, fue más de lo mismo de todos los años. El 1 de enero del 2004 trajo consigo otra alza del 2.11 por ciento en la tarifa. Además, la distribuidora eléctrica Unión Fenosa reportó más de 10 millones de dólares en pérdidas durante su junta de accionistas en marzo pasado, las cuales se incrementarían considerablemente con el alza récord que tuvieron los precios de los hidrocarburos a lo largo del año.

Lo que sí fue inusual, es que este año algunos de los reclamos y planteamientos que constantemente hace Fenosa, tuvieron eco tanto en el Gobierno como en la Asamblea Nacional. De parte del Gobierno, éste le quitó a Fenosa el pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA) que la distribuidora eléctrica asumía por los usuarios que consumen menos de 300 kilowatts hora.

Pero el mayor espaldarazo que tuvo Fenosa fue la iniciativa de los parlamentarios para establecer una reforma en la ley de Presupuesto de la República para traspasar 5.6 millones de dólares de las utilidades generadas por la generadora eléctrica estatal Hidrogesa, para compensar las pérdidas que tuvo la distribuidora eléctrica a lo largo del 2004.

Este subsidio fue para evitar otro incremento de un 2.11 por ciento en la tarifa eléctrica, el cual fue aprobado por el ente regulador del sector energético, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el pasado 20 de diciembre.

Sin embargo, el incremento no será traspasado a las facturas de consumo eléctrico debido al subsidio aprobado por los diputados, pese a la inconformidad de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), que es la operaria de Hidrogesa.

Aunque la tarifa será revisada nuevamente en marzo del próximo año, debido a que tanto el INE como los diputados dispondrán una nueva reforma a la Ley de Industria Eléctrica para que la tarifa se ajuste trimestralmente.

Otro hecho relevante en el aspecto eléctrico fue el megaapagón de casi tres horas que afectó a todo el país el 22 de septiembre, provocado supuestamente por un rayo que golpeó una de las principales líneas de transmisión eléctrica, pero que evidenció la fragilidad del sistema eléctrico nacional ante eventualidades de este tipo.

CONTRA PRIVATIZACIÓN

El servicio de agua tampoco estuvo ajeno a la polémica. La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) inició el año superando dos obstáculos.

En primer lugar, disminuyó considerablemente la mora comercial de la empresa, pasando de unos 450 millones de córdobas a un estimado de 250 millones, después de dos años de “saneamiento” en las instancias de facturación y gestión comercial.

Posteriormente, a mediados de año detuvieron una nueva alza en la tarifa de agua potable por concepto de indexación, al lograr un acuerdo con los diputados de la Asamblea Nacional para discutir alternativas para frenar este incremento a principios del próximo año.

Aunque la amenaza de un incremento en la tarifa de agua potable aún persiste por los graves problemas de iliquidez financiera de Enacal, se estudian alternativas como subsidios o exoneraciones fiscales para evitar este nuevo golpe al bolsillo de los usuarios.

Sin embargo, Enacal fue señalada de implementar el mayor temor que existe para los organismos de la sociedad civil nicaragüense: un proceso de consultoría para mejorar la gestión comercial de la empresa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el que es señalado por la Red Nacional de Defensa al Consumidor como un intento de privatización encubierta del agua.

A raíz de la denuncia de la red, decenas de organismos civiles iniciaron toda una serie de plantones y protestas frente a las instalaciones de Enacal, las cuales continuarán en enero del año próximo.