Gustavo Ortega Campos
El 2 de diciembre fue aprobada por unanimidad la primera parte de la Ley de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de Crédito que otorga amplia protección a los fiadores frente a las empresas emisoras del llamado “dinero plástico”.
La ley indica en sus partes que aquellos tarjetahabientes con un límite de crédito menor a 1,000 dólares, sus fiadores sólo podrán ser responsables “por lo que firmen y acepten”.
Igualmente se establece que el emisor queda obligado a comunicar al fiador solidario en los casos que se haya constituido tal fiador en los términos autorizados por la ley, el estado de mora en que ha incurrido el deudor principal, y cuando decida ejecutar un cobro judicial contra el titular de la tarjeta.
La ley plantea que los intereses derivados por el uso de tarjetas de crédito deberán regirse por el Artículo 46 de la Ley General de Bancos de 1999, el cual establece que en los contratos entre las instituciones financieras y sus clientes, éstos podrán pactar libremente las tasas de interés.
En ese sentido, los intereses no podrán ser capitalizados, los intereses moratorios no podrán exceder el monto y cuantía de la deuda principal, y cuando se reclame deuda principal y los intereses moratorios, éstos no podrán exceder del 25 por ciento de la deuda principal.
Los diputados también aprobaron un artículo que castiga a la empresa emisora a pagar una multa al Fisco de hasta cien veces el valor de un cobro indebido que, de mala fe, realice a un usuario.
También queda claro que será delito de usura, con las consecuencias penales que ello acarrea, cobrar intereses más allá de los pactados inicialmente y cuando las instituciones dueñas de las tarjetas de crédito incluyan cargos que “escondan intereses disimulados por cualquier otro servicio como seguros y protección contra fraude, a no ser que hayan sido autorizados por el cliente”.
La ley está pendiente que sea vetada, o bien promulgada, por el Ejecutivo.
