José Adán Silva
La Contraloría General de la República (CGR) está presionando al procurador Alberto Novoa para que proceda a declarar nulo el contrato que suscribió la empresa de telefonía celular BellSouth con el ente regulador de las telecomunicaciones y correos (Telcor).
Mediante una carta enviada la semana pasada, pero fechada el 29 de noviembre, los cinco contralores le hacen ver al procurador Novoa que él no es autoridad judicial como para desestimar de entrada un posible juicio para anular el contrato de ampliación de cobertura que Telcor firmó con BellSouth.
Novoa envió el pasado primero de noviembre una carta a la CGR donde establece que no puede declarar de nulidad el contrato entre ambas instituciones, mediante el cual se le concede a BellSouth la ampliación de la cobertura de servicios de telefonía celular para que opere en el centro del país y en las regiones autónomas del Atlántico nicaragüense.
BellSouth pagó 2.6 millones de dólares por el permiso, y la Contraloría declaró de nulidad el trato, aduciendo que debió llamarse a una licitación pública.
Por tal motivo, los contralores solicitaron a la Procuraduría que actuara, pero Novoa argumenta que cualquier impulso judicial para anular el contrato “sería un esfuerzo estéril y que al ser sometido a contienda judicial fácilmente puede ser desestimado por ser notorialmente improcedente”.
cgr sostiene que contrato fue irregular
Al respecto los contralores le mandan a decir a Novoa que después de un análisis jurídico sobre el caso, no quedan dudas de que el contrato fue irregular al no haber celebrado una licitación pública, y que consideran “totalmente valederas las irregularidades determinadas” en el contrato.
Señalan los contralores que existen méritos suficientes para que la Procuraduría proceda conforme a sus leyes a entablar las acciones necesarias ante los órganos jurídicos para anular el contrato entre BellSouth y Telcor.
“Es pertinente aclarar a usted que la Procuraduría General de la República no debe, por prohibición expresa en los casos de demanda o reclamaciones, realizar análisis o juicios a priori, arrogándose facultades jurisdiccionales de decisión que son competencias constitucionales del Poder Judicial, acerca de los resultados que se pudieran obtener en una posible demanda”, dice la carta.
“Lo que queremos es que proceda como abogado del Estado, y defiende los intereses”, justificó el contralor Francisco Ramírez al comentar la carta, en la que le dan un plazo de 15 días al procurador para que remita a la Contraloría un informe de las actuaciones para anular el contrato.
“La Procuraduría no tiene facultades para revertir las resoluciones de la Contraloría, por el contrario debe cumplirlas bajo apercibimiento de determinar responsabilidades si no lo hiciera”, le mandan a decir a Novoa, quien al ser consultado por LA PRENSA simplemente dijo que no tenía argumentos para declarar nulo el contrato. “Si los contralores tienen los argumentos, que me los manden”, dijo Novoa.
