Johnny Cajina Guillén
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Justicia sigue con malas notas frente a la población
Johnny Cajina Guillén
Más del 90 por ciento de los nicaragüenses considera que la no independencia, la retardación de justicia y la corrupción son los principales problemas que aquejan al sistema judicial de la nación y únicamente el seis por ciento cree que sus funcionarios responden a los intereses de los ciudadanos.
Lo anterior se desprende de una encuesta de percepción ciudadana sobre la justicia en Nicaragua, cuyos resultados fueron presentados ayer por el Grupo Cívico Ética y Transparencia.
“El sistema judicial ha salido muy mal valorado, pero se trata de un ejercicio para establecer cuál es la percepción de los nicaragüenses sobre la justicia antes que la Ley de Carrera Judicial entre en funcionamiento”, expresó el director de Ética y Transparencia, Roberto Courtney.
Según la encuesta, realizada entre 1,921 personas de los 15 departamentos y las dos regiones autónomas, únicamente 3.7 por ciento de los nacionales considera que la administración de la justicia marcha bien.
JUSTICIA ANDA MUY MAL
Un 37.2 por ciento considera que la justicia marcha regular, otro 19 por ciento dice que está mal, pero que va mejorando, mientras que un 39 por ciento asegura que el sistema judicial va mal y está empeorando.
A la pregunta: ¿En su opinión a qué intereses responden las actuaciones de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia? El 44 por ciento de los encuestados dijo que a los partidos políticos y casi un 17 por ciento cree que responden a intereses personales.
Tan sólo el 6.4 por ciento considera que los funcionarios responden a los intereses de los ciudadanos.
Asimismo, el 91.5 por ciento de los consultados dijo que en el sistema judicial existe corrupción, misma que se refleja en los altos salarios, el aumento de los bienes y la vida ostentosa de sus funcionarios.
El 91 por ciento reveló además que la justicia no se imparte por igual, pues creen que el sistema trata con menos severidad a los ciudadanos con influencia política y económica.
Precisamente el 86 por ciento afirmó que la posición política y social es determinante a la hora de obtener justicia.