- Le dan 10 días a Rivas para que envíe toda la documentación
Jorge Loáisiga Mayorga
La Contraloría General de la República (CGR) dio un plazo de 10 días al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, para que entregue copia del contrato suscrito entre el Poder Electoral y la empresa Importaciones Ofimas, para la compra de las maletas electorales.
El magistrado Rivas guarda silencio sobre el tema y ha dicho que hablará del caso hasta después del primero de diciembre. Una solicitud de entrevista con él, que hizo LA PRENSA, continúa pendiente de respuesta.
La carta de la Contraloría, enviada el pasado 4 de noviembre, fue recibida en el CSE el día 12, pero hasta ayer los contralores no habían recibido copia del documento solicitado, confirmó el contralor Guillermo Argüello Poessy.
“Para dar cumplimiento a lo establecido en el punto IV de las normas para el análisis, control y seguimiento de las contrataciones del Estado, tenemos a bien solicitarle nos remita en un plazo no mayor de 10 días, copia del contrato suscrito por ese Poder del Estado para la adquisición de materiales auxiliares electorales empacados y a granel”, dice parte del texto.
“… el mismo deberá ser remitido con su correspondiente cuestionario debidamente contestado, firmado y sellado para efectos de cumplir con nuestra función constitucional de fiscalización y control”, agrega la misiva.
La Contraloría autorizó la compra directa de esos materiales el 16 de septiembre pasado por un costo total de 8.8 millones de córdobas.
«PONCHADORAS» INCLUIDAS EN MATERIAL ELECTORAL
“Después de la publicación que se hizo en LA PRENSA, creo que es normal que haya una inquietud por saber sobre esa contratación. El día de hoy (ayer) tratamos en el Consejo este asunto y el presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, el licenciado Juan Gutiérrez, nos informó que había enviado la carta”, expresó el contralor Argüello.
LA PRENSA denunció en su edición del pasado lunes, que el CSE habría violado la Ley de Contrataciones del Estado al adjudicar la elaboración de las 10 mil valijas electorales a la empresa Importaciones Ofimas, a un costo de 8.8 millones de córdobas, 1.7 millones más que la oferta más baja presentada por otro oferente.
En la mencionada maleta electoral se incluían las famosas “ponchadoras” que resultaron inservibles el día de las votaciones y en algunas Juntas Receptora de Votos tuvieron que utilizar martillo y clavo para perforar las cédulas de los votantes.
En Ofimas figura como socio Walter del Carmen Bravo Flores, un empresario de Matagalpa al que se le vincula con el presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes, aunque el empresario niega tales vinculaciones con él y ha dicho que conoce a Rivas porque ambos son matagalpinos.
Bravo Flores también fue socio de Mayoreo Ferretero S.A. (Mafesa), la empresa que vendió las “ponchadoras” para las elecciones del 2001, compra en la que la Contraloría encontró irregularidades.
Esas irregularidades están plasmadas en un informe de auditoría del 13 de diciembre del 2002.
Ofimas ganó la licitación del Proyecto de Suministro del Material Electoral Empacado y a Granel, pero Ofimas presentó el segundo precio más alto de todas las ofertas (8.8 millones de córdobas), 1.7 millones por encima de los 7.1 millones de córdobas que ofertó la sociedad Argüello César Comercial S.A., según el acta de apertura de ofertas, del 3 de agosto de este año.
La Ley de Contrataciones del Estado establece que entre los oferentes se debe escoger la mejor oferta al interés general, en las mejores condiciones de celeridad racional y eficiencia.
