Edmundo Dávila [email protected]
Costa Rica está de luto. Esa fue la respuesta que un amigo de ese vecino país me dio al preguntarle sobre el sentir del pueblo costarricense en relación a las acusaciones hechas a varios ex presidentes, empresarios y personalidades de aquella nación, siendo hasta el momento el caso más conocido el del efímero Secretario de la OEA y ex Presidente de Costa Rica (1998-2002), Miguel Ángel Rodríguez, a quien se le acusa entre otras cosas, de haber recibido jugosas coimas (gratificaciones) por favorecer a ciertas compañías que participaron en millonarias licitaciones negociadas durante su mandato.
De la conversación con mi amigo tico, llegué a ciertas conclusiones sencillas sobre medidas efectivas a tomar en el combate a la corrupción, que deberían ser evidentes para cualquier ciudadano nicaragüense. Es obvio que si tales medidas se aplicaran rigurosamente, contribuirían mucho a erradicar este inveterado mal endémico que tanto daño ha causado y sigue causando a Nicaragua. Helas aquí:
Eliminar la corrupción desde la raíz. Se debe castigar a todos los corruptos independientemente del tiempo que haya transcurrido desde que cometieron delitos en contra del erario. No se puede eliminar la corrupción si arbitrariamente se procesa a unos cuantos responsables. Sólo erradicando las causas primarias de un mal, es que éste puede eliminarse por completo.
Quitar la prescripción a ciertas faltas. Los delitos relacionados con el abuso de poder, malversación de fondos públicos y cualquier otro tipo de corrupción, no deben prescribir para que siempre exista la posibilidad de castigar a los transgresores. El tiempo no es cómplice ni exime la culpa.
Depurar los poderes del Estado. No se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo, dice un popular refrán. “La justicia tiene que ser justa”, y por lo tanto no debe plegarse a bandos ni colores políticos. Los funcionarios públicos tienen que ser honorables, íntegros e imparciales, sin antecedentes personales turbios o de dudosa moralidad, para que puedan actuar con ética, moral y justicia, sin importar el partido en que militen. Si no practican estos valores, deben ser destituidos ipso facto de sus cargos.
A los que se acuse de corrupción tendrán el derecho a defenderse, pero si se demuestra su culpabilidad, deberá aplicárseles todo el peso de la ley. Un juez que tome partido al emitir su sentencia se considerará también corrupto y se le aplicará la misma ley.
Expulsar definitivamente de la vida política a los corruptos. En ningún país debería permitirse que un individuo acusado de corrupción, juzgado imparcialmente y encontrado culpable, continúe campantemente en la palestra política. ¿Qué moral o credibilidad podrá tener alguien que defraudó a sus seguidores, que fue electo por su aparente honradez y capacidad, y durante su gestión demostró todo lo contrario? Es indudable que si cualquiera de los funcionarios o ex funcionarios públicos actualmente acusados de corrupción en Costa Rica, trataran de regresar a la política en un futuro, serían repudiados en forma unánime por el pueblo. Si éste no reacciona así, se convertiría en consentidor, que tiene la misma pena que el hechor.
Castigar de acuerdo al grado del delito cometido. No es lo mismo recibir una coima, pagada por una compañía extranjera para favorecerla con un millonario contrato, que destruir, saquear y estancar el desarrollo de un país durante largos años. En el primer caso, los gobernantes no estarían expoliando directamente los recursos del pueblo, ni enriqueciéndose a costa del hambre y la miseria de sus gobernados. Pero en el segundo constituye simplemente un genocidio económico. Justicia no es tratar a todos por igual, sino castigar a cada quien de acuerdo a la magnitud del daño causado a la sociedad.
Todo ciudadano tiene responsabilidades cívicas que cumplir. El pueblo tiene un alto grado de responsabilidad en la lucha contra la corrupción y debe demostrar su capacidad de indignación. Si no se repudia y castiga a todos los corruptos, seremos sus cómplices. Los recientes escándalos de corrupción en Costa Rica podrían servirnos de ejemplo para conocer el papel determinante que el pueblo juega en el cumplimento de la justicia.
Es tiempo que tomemos como principal elemento para elegir un candidato la rectitud, ética y moral con la que éste ha conducido su vida en el pasado y que se refleje en el presente. En Costa Rica seguramente el pueblo tendrá la última palabra. Vale la pena comprobarlo.
El autor es Ingeniero en Sistemas de Información, MBA
