Justicia con rostro campesino

Managua. Una sirena anuncia el paso de una patrulla de la Policía, un fiscal se presenta al lugar del hecho, se recogen las evidencias, se apresa al sospechoso, y 48 horas más tarde es llevado ante el juez con la respectiva acusación.

Departamento de Río San Juan. Comunidad Los Chiles. Una vaca se pasea por el frijolar del vecino y lo destroza. El dueño de los frijoles reclama y hay problemas.

En el sitio no hay Policía, no se escucha la sirena, no hay fiscal ni juez. ¿A dónde ir? Simple, a buscar al líder de la comunidad, que en términos judiciales se le conoce como facilitador judicial rural, la única persona que es reconocida para resolver el problema.

Plácido Aragón Mejía, un hombre de 41 años, dueño del único puesto médico de la comunidad Los Chiles, situada a pocos kilómetros de San Carlos, está capacitado para resolver el caso y lo resuelve con una mediación. El dueño del animal debe pagar por los daños y el problema queda resuelto.

Este es el trabajo de los facilitadores judiciales rurales. Son gente de la comunidad resolviendo los problemas de sus habitantes. Mediando.

Estos líderes son gente de extracción campesina. El trabajo de arar la tierra, rozar, ordeñar, pescar o cuidar del ganado lo combinan con la administración de justicia.

Están ahí para encontrar soluciones a conflictos donde los jueces no pueden, es decir donde el acceso a la justicia es casi nulo.

Los facilitadores destinan un espacio de sus casas, una mesa, sillas y ahí realizan los acuerdos que deben ser proporcionales al problema. Ese acuerdo tiene validez legal y es convalidado por el Juez Local Único más cercano de la comunidad.

MIRADA ATRÁS

Cuando en Nicaragua se vivían los intensos momentos de la guerra, cuando la contrarrevolución secuestraba campesinos en territorio nacional, casi siempre había un líder comunal, ligado a la religión, que intercedía para conseguir su libertad.

Su papel fue perfeccionándose a tal punto que hoy, catorce años después de terminada la guerra, son reconocidos por el Poder Judicial, están legitimados y se han ganado el respeto de la gente.

El magistrado Marvin Aguilar atiende este programa que nació en 1997. Recuerda que en aquellos tiempos duros de la postguerra, había grupos denominados “desalzados” que hacían gestiones para lograr que la gente se desalzara y para ayudar en los conflictos en las zonas donde los había.

Es así que nacieron: en medio de la guerra pero en son de paz. Su fin era apoyar el proceso de afianzamiento de la paz y la democracia, especialmente en las zonas de post conflictos bélicos, principalmente en municipios del centro, norte y Atlántico del país.

“Después, en la época post bélica se crearon estos ‘facilitadores judiciales rurales’ con parte de esos objetivos también, con la misma gente. Las comunidades escogían a sus líderes, escogían a la persona de mejor comportamiento social, que no tuviera antecedentes penales, que fuera aceptada por toda la comunidad”, rememora Aguilar.

El mismo método de selección de los líderes comunitarios sigue implementándose para escoger a cada Facilitador Judicial en cada comunidad donde tienen presencia: 57 municipios a nivel nacional, los de más difícil acceso.

LOS REQUISITOS

Para llegar a ser Facilitador Judicial, los campesinos deben al menos saber leer y escribir, haber pasado dos primeros años de capacitaciones consecutivas que imparte la Corte Suprema de Justicia, ser reconocido líder comunitario del lugar, no haber purgado ninguna condena penal ni tener antecedentes penales.

Pero quizá los requisitos más valiosos que debe reunir son morales.

Haciendo a un lado la legalidad, un facilitador debe gozar de mucha credibilidad, porque en las comunidades campesinas donde tienen presencia, la forma de vivir es más verbal, moral y de credibilidad que de conocimientos o capacidades intelectuales.

“La gente cree más en las personas que son más limpias y más honestas en el lugar. Por lo general creen mucho en las personas que son muy apegadas a la Iglesia, sea católica o evangélica”, expresa Edelma Gómez Blanco, directora del programa.

Y todos esos requisitos son tomados en cuenta al momento de elegir. Su nombramiento se hace en una reunión de toda la comunidad o todo el sector donde va a tener cobertura el facilitador, es decir, en una asamblea pública.

Este campesino líder electo, tiene toda la autoridad moral para contribuir a realizar mediaciones entre las comunidades. Esto ha permitido que muchos conflictos menores o económicos logren llegar a un arreglo pacífico en las comunidades y que no vayan a los juzgados, según cuenta Edelma Gómez.

DESCONGESTIONAN LOS JUZGADOS

La reducción de la carga de trabajo de los jueces locales Únicos de aquellos municipios, es uno de los logros de los facilitadores judiciales.

Un facilitador interviene solamente en los delitos correccionales o menores, cuyas penas son menos que correccionales, es decir cuyas penas son menores de tres años.

10,956 casos han sido resueltos en 570 comunidades con alto índice de pobreza, de forma alterna a la vía judicial.

De éstos, el 59 por ciento son problemas de propiedad, un 22 por ciento refieren temas de violencia y, en menor escala, con el 19 por ciento, casos de violencia intrafamiliar.

Todos estos casos han dejado de llegar a los tribunales locales que se encuentran en los municipios, evitando así caminatas hasta de uno o dos días para poder acceder a un Juzgado.

PROBLEMAS

Como todo, nada es perfecto. Una de las limitaciones fundamentales que representa el 7 por ciento del total de los 300 facilitadores han renunciado a sus funciones, lo cual es una desventaja porque implica iniciar el proceso de capacitación.

EXCESO DE TRABAJO YVICIOS EN EL DESEMPEÑO

La causa de esta deserción: el exceso de trabajo. Como son voluntarios, a veces la carga de trabajo les impide realizar sus labores agrícolas, se ven presionados.

Y de este tema del voluntariado se desprende otro. De acuerdo con datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), hay un porcentaje del 3 ó 4 por ciento de facilitadores que han tenido que ser destituidos de sus cargos porque se aprovechan de su misma función y abusan de su autoridad, mediante el cobro.

“Hay facilitadores que han llegado a hacer todo un negocio con las mediaciones y cobran casi como un abogado”, comenta Edelma Gómez.

Los cobros oscilan entre C$800, C$900 y hasta 1,500 córdobas por una mediación, lo que es una razón para prescindir de ellos.

LEGIMITADOS

El principal logro que han obtenido los facilitadores es la reducción del nivel de conflictividad en las zonas donde están.

Pero quizá el fruto más importante es el reconocimiento a su trabajo por los más altos poderes del Estado.

Los tomadores de decisiones han visto que la necesidad de llenar el vacío en el acceso a la justicia, ha sido solventada por los facilitadores, y les han dado ese reconocimiento.

JUSTICIA INDÍGENA INCORPORADA

Las comunidades indígenas tienen una forma muy particular y diferente al resto del país, de administrar justicia.

Aquí los jueces conocidos en su lengua miskita como “wihta”, están tanto en las comunidades alejadas como en las zonas urbanas.

El programa de los ‘facilitadores judiciales rurales’ que impulsan la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), planea extenderse hasta las comunidades de la Costa Atlántica, específicamente a los municipios de Puerto Cabezas, Siuna y Waspam, en la Región Autónoma Atlántico Norte.

En la cultura indígena, el núcleo familiar es considerado como lo más importante. Viven de manera sencilla y apegados a su propio modo de vida, sin influencias de otras culturas ni costumbres extranjeras.

“Ellos tienen líderes comunales en el campo y en el área urbana, que llaman ‘wihta’; éstos son los jueces comunales, y resuelven los casos”, explica el magistrado Marvin Aguilar.

La incorporación de los ‘wihta’ a la figura del Facilitador Judicial Rural, cuyas características son similares, podría ser una combinación peligrosa desde el punto de vista del respeto a su régimen tradicional.

Según el magistrado Aguilar, la intención no es desmontar la estructura que tienen, sino más bien respetar la estructura organizativa que tienen en la Costa Atlántica sobre el funcionamiento de los ‘wihta’.

“Vamos a capacitarlos y vamos a respetar el trabajo que desempeñan, que es muy efectivo, porque infinidades de casos los resuelven ellos”, comenta el magistrado.

Edelma Gómez Blanco, directora del Programa de Facilitadores Judiciales, informó que en este momento están trabajando con treinta ‘wihta’ o jueces comunales de la zona. Para entrar a trabajar con ellos se basaron en el principio del consenso, porque la percepción que tienen es que la gente del Pacífico llega a imponerse.

“Se les están llevando los jueces locales a sus comunidades y siempre respetando sus costumbres, sus valores y el mismo derecho consuetudinario que ellos han aplicado”, explica Gómez.

De una comunidad a otra, el sistema de justicia varía. En algunas median delitos graves, como las violaciones, y en otras no, y los casos son enviados al juez.

En el proceso lo que sí ha quedado claro en esta relación es la necesidad de capacitar a los ‘wihta’ para mejorar el trabajo de mediación de conflictos que históricamente han desarrollado en la zona.

PROPUESTA A NOBEL

Eulalia González Orozco es quizá la figura de Facilitadora Judicial Rural más reconocida. En Caño Negro, la comunidad donde vive en los adentros de Matagalpa, es testigo del incendio provocado en su humilde casa, como resultado de su trabajo como promotora de la resolución pacífica de conflictos en su comunidad. Eulalia forma parte de una lista de mujeres nominadas al Premio Nobel de la Paz. En ella se refleja Nicaragua, sedienta de justicia.