En marzo del 2002, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo que “los países que fortalezcan la gobernabilidad, inviertan en los recursos humanos y alienten la libertad económica recibirán más ayuda de Estados Unidos. Y, más importante, en el largo plazo, no la necesitarán porque las naciones con leyes y políticas transparentes atraerán más inversión extranjera. Tendrán más ingresos tributarios. Y todas estas fuentes de capital serán invertidas más efectivamente y productivamente para crear más empleos”.
Es el nuevo paradigma para la asignación de la asistencia bilateral y multilateral para el desarrollo proveniente de Estados Unidos, presentado después de la Guerra Fría y denominado Cuenta del Reto del Milenio, que en su primer año de aplicación beneficiará a países con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita igual o menor que US$1,415, entre ellos Nicaragua que muestra un nivel de ingreso per cápita promedio anual de US$810 y que recibirá una donación, en principio, de aproximadamente US$120 millones de dicha cuenta durante el actual año fiscal estadounidense.
Pero el debilitamiento de la gobernabilidad arriesga no sólo el beneficio del nuevo paradigma de la cooperación estadounidense, sino también el empeño de atraer más inversión extranjera directa, un eje central de los tratados de libre comercio. Creo que los problemas de la gobernabilidad, originados en el ruido político generado por los líderes partidarios no ahuyentan la inversión privada, ya que los inversionistas cobran un mayor riesgo en detrimento del bienestar individual, pero la inapropiada administración de la justicia y el incorrecto procedimiento en la aplicación de las leyes y las influencias de personas e instituciones partidarias ahuyentan efectivamente los intentos de ampliar la base productiva y la creación de más y mejores empleos, implicando un deterioro de la confianza del inversionista privado que, en la actualidad, garantiza el 90 por ciento del empleo total del país.
Es necesario reconocer que se han observado avances en el establecimiento y el fortalecimiento de la gobernabilidad en nuestro país: existe libertad de expresión, observancia de los derechos humanos, sólidos derechos de asociación, prevalencia de elecciones libres y honestas, un apropiado control civil sobre las fuerzas armadas y una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
Pero es bastante cuestionable la persistencia de severas críticas sobre la administración de la justicia, el pobre desempeño de las entidades gubernamentales encargadas de mediar y dirimir los conflictos políticos, la poca transparencia en la formulación del presupuesto nacional y la creciente inconformidad social por demandas salariales, ajustes de tarifas de transporte público, reclamos de títulos de propiedad, e incumplimientos de promesas gubernamentales con las víctimas del Nemagón y los pobladores de Las Tunas.
La Ley Nº 346, Ley Especial para la Tramitación de Juicios Promovidos por las Personas Afectadas por el Uso de Pesticidas Fabricados en base de D.B.C.P. (Nemagón) es un claro ejemplo de los efectos negativos sobre la inversión directa proveniente del país que hoy trata de impulsar la Cuenta del Reto del Milenio si persisten los inadecuados procedimientos que se han utilizado para la defensa de los trabajadores afectados por el Nemagón y que no responden efectivamente a una justa compensación de sus reclamos.
En el marco de los tratados de libre comercio se estipula, en una forma más explícita, el respeto a los convenios internacionales —asociado con los temas inversionista laboral y de medio ambiente—, y el fortalecimiento del Estado de Derecho, asociado con el tema de la gobernabilidad, pero estos dos aspectos han sido, en ciertas formas, transgredidos cuando la Ley Nº 346 contradice preceptos constitucionales —tales como el rompimiento del principio de igualdad ante la ley y el establecimiento de sanciones y compensaciones mínimas como si dicha ley fuese, per se, un tribunal de justicia, y el atropello a los derechos y garantías procesales del derecho a la defensa—.
Por lo tanto, el talón de Aquiles de la Cuenta del Reto del Milenio para el caso de Nicaragua parece ser el debilitamiento de la gobernabilidad, lo cual podría desacelerar la entrada de la inversión extranjera y la futura ayuda estadounidense y, como un efecto, se dificultaría la sostenibilidad del futuro crecimiento económico del país y, por ende, la reducción de la pobreza humana del país.
No basta sólo combatir la corrupción en el sector público, sino también los efectos de la corrupción en el ambiente empresarial, cuando, por ejemplo, se alteran los medios de prueba y los procedimientos jurídicos, con el fin de facilitar una rápida e inapropiada indemnización a los trabajadores afectados por el Nemagón resultante, en gran parte, de los elevados costos de la defensa de los demandantes.
En conclusión, si la gobernabilidad se vuelve precaria en nuestro país, no sólo se pondría en alto riesgo la inversión extranjera directa sino también se ahuyentaría la inversión por una inapropiada administración de la justicia y, por otro lado, también se pondría en riesgo la obtención, aunque modesta, de la ayuda estadounidense para combatir la pobreza, aún cuando los proyectos productivos que sean presentados por las autoridades gubernamentales satisfagan las condicionalidades de la Cuenta del Reto del Milenio.
El autor es economista.
