Juzgando y esperando

Roberto Argüello Noguera

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Juzgando y esperando


Roberto Argüello Noguera




Hace ya muchos años uno de mis hermanos me escribió diciendo que la política era sucia y que ensuciaba a quien participara en ella. Desgraciadamente el tiempo le ha dado la razón. Es, sinceramente, vergonzoso que dos de los políticos más conocidos de Nicaragua hayan sido acusados en los tribunales por delitos comunes. Y, uno está “preso” por lo que hizo, mientras el otro a pesar de lo que hizo (y sigue haciendo) “anda suelto”. Pero hasta aquí, es de todos conocida la historia de estos políticos. Lo importante es qué vamos y cómo vamos a hacer para remediar lo vivido.

Si con frecuencia hablamos de “nuestra frágil y nueva democracia” tenemos que estar bien claros de que la fragilidad de la democracia —y en especial la nuestra que es nueva— reside y se apoya en el equilibrio que ha de existir entre los poderes del Estado y en la vigilancia que se ha de dar entre los mismos poderes.

El equilibrio ha de basarse en la honestidad y en el firme deseo de aplicar claramente las reglas del juego, sin perder de vista —como Norte de brújula— el bienestar de la patria y de sus ciudadanos. La vigilancia ha de recaer en el pueblo soberano, fuente de todo poder.

En Nicaragua, en cambio, tenemos un Ejecutivo acorralado, sin campo ni fuerza para actuar. Atacado siempre por los otros poderes que, erróneamente, están convencidos de que no son yuntas que han de halar la misma carreta. Unida a esta presión y acorralamiento ha de destacarse la casi nula habilidad de su equipo asesor. El Ejecutivo está sólo con su voluntad y la poca fuerza que de ella puede sacar. Navega con velas rotas y poco timón en una mar traicionera, agitada malintencionada principalmente por el Legislativo.

Por otro lado, la Asamblea ha venido acumulando fuerza y poder —y quieren aumentarlo— de manera que desbalancea totalmente el equilibrio necesario y opaca o casi anula a los otros poderes del Estado. Esta Asamblea nombra magistrados, superintendentes de bancos, contralores y otros funcionarios que no por no tener títulos de presidentes de instituciones dejan de tener importancia e influencia en determinados casos. En el colmo de la audacia se ha dicho que pretenden nombrar a los ministros del gabinete presidencial. Con un poquito más van a querer nombrar al propio Presidente, obviando las elecciones y erigiéndose en “fieles intérpretes” de la voluntad del pueblo. Ahora bien, dicen los abogados que sólo quien nombra tiene autoridad para destituir.

En el supuesto caso de que la Asamblea estuviese conformada por diputados honorables, dignos, honrados y con una firme voluntad de servir a la patria, en una palabra, compuesta por diputados idóneos, la acumulación de poder —aún en manos de querubines— no sería ni buena ni conveniente ni prudente. El poder corrompe y el mucho poder corrompe más, y eso es lo que tenemos.

Lejos de la idoneidad anterior, la Asamblea se ha empeñado en demostrarnos que no es más que un rebaño de dos fierros y que sólo oyen y obedecen a los dueños de esos fierros. Legislan, cuando lo hacen, sólo en función de intereses personales bien definidos. No en función de patria o de respeto al pueblo que dicen representar. Obedecen sin escrúpulos ni vergüenza, sin honor ni dignidad, sin tener en cuenta la miseria, la enfermedad, el hambre, el abandono en fin, de sus representados: el pueblo.

Y lo peor: de ese vientre carcomido y enfermo, que comparte lecho a dos vías —cual indecente e incestuoso “menage a trois”— nacen bastardos hermanos los otros poderes del Estado.

De todos se puede hablar y criticar. Se puede señalar desde fallas hasta delitos. Hay togas manchadas de prevaricatos, hay fallos increíbles, hay tráfico de influencias y conflictos de intereses. Hay cegueras parciales o “tuerteras” en que los funcionarios sólo ven para un lado y no para el otro.

El remedio sería que enmendaran su actuación y comportamiento. Con “obras no palabras”. Difícil tarea y de muy dudosa probabilidad. El pueblo cansado y hastiado de tantos abusos ha de gritar un día exigiendo cambio y respeto. Ha de ejercer su derecho de vigilar y castigar a aquellos funcionarios que olvidando el fin de servir al pueblo, laboran (?) para su propio beneficio. Y mientras los poderes y funcionarios sigan diciendo lo que dicen y exigiendo el respeto que no merecen sin hacer lo que deben hacer, el pueblo seguirá señalando, juzgando y esperando. ¿Hasta cuándo?

El autor es ingeniero

Editorial
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