Marcela Sánchezwashingtonpost.com
¿Qué es lo que usted no entiende de la palabra “ilegal”?
Para cualquiera que escribe sobre inmigración, como yo, ésta es una pregunta familiar. Pregunta que me fue planteada de nuevo esta semana cuando leía mensajes electrónicos de lectores consternados con mis puntos de vista sobre la inmigración ilegal. En pocas palabras, muchos desestiman el hecho de que no condeno de manera automática a aquellos inmigrantes que viven aquí ilegalmente.
La semana pasada respondí a unas tres docenas de esos lectores y les pedí que compartieran conmigo aquella experiencia personal que mejor explique su actual posición frente a la inmigración ilegal. Algunos describieron el horror de haber sido víctimas de la violencia de pandillas mexicanas, otros compartieron sus planes de empacar e irse de sus vecindarios, frustrados por lo que consideran una falta de respeto por parte de los hispanos recién llegados.
Muchos parecían particularmente cansados de los políticos, demócratas y republicanos, como de los grandes intereses económicos y los medios por comportarse como si estuvieran felizmente ciegos al impacto que los inmigrantes tienen en sus trabajos y sus comunidades. La cólera es real y encuentra eco en el 49 por ciento de estadounidenses que quieren reducir la inmigración, según una encuesta de Gallup en julio.
Por más de 50 años ha sido ilegal entrar a este país sin la documentación apropiada. Pero para muchos es obvio que la ley no se está haciendo cumplir ni suficientemente, ni de manera absoluta. De hecho no hay interminables filas de buses, trenes y aviones repletos de personas deportadas en un esfuerzo de librar al país de los 8 a 12 millones de inmigrantes ilegales que se estima residen aquí actualmente.
Lo que hay, en cambio, es un sistema que parece acomodarse cada vez más a su presencia. Sus hijos pueden asistir a escuelas públicas. El gobierno federal les ofrece un número de identificación por si quieren pagar impuestos, lo que muchos hacen. En algunos estados todavía pueden obtener licencias para conducir y algunos gobiernos locales han construido refugios para albergar a jornaleros que antes no podían hacer nada distinto de esperar por un día de trabajo en gasolineras o centros comerciales.
Es demasiado fácil ignorar las percepciones negativas de aquellos afectados directamente por la inmigración ilegal o despreciarlas porque suenan irracionales o racistas. La verdad es, como aprendí de estos lectores, que muchos están diciendo lo que piensan en una forma que es más honesta que el debate público sobre este tema.
Los líderes en Washington no hablan con la misma sinceridad y franqueza. De hecho, parte de su estrategia en esta temporada electoral ha sido evitar el tema por completo. El presidente Bush y el senador John Kerry sólo lo trataron brevemente en el debate de la semana pasada, después de que el moderador Bob Schieffer destacó que había recibido más correos electrónicos sobre inmigración que sobre cualquier otro tema.
Kerry prometió que controlaría con seriedad las fronteras y haría cumplir las sanciones a los empleadores. Bush, por su parte, sugirió que el flujo de inmigrantes ilegales de México no podrá detenerse mientras los trabajadores ganen 10 veces más aquí que allá.
Lo que ambos candidatos saben, pero que Washington en general no reconoce, es el rol que Estados Unidos jugó y continúa jugando en la situación que tanto condenan los lectores. Miles de salvadoreños y guatemaltecos huyeron de guerras que fueron financiadas en parte por Estados Unidos en los ochenta y vinieron al norte. Mientras algunos han logrado legalizar su situación, otros tienen permisos temporales de trabajo. De cualquier manera, todos continúan sirviendo de imán a otros que llegan sin papeles.
A pesar de sus éxitos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA no evitó que más de un millón de mexicanos perdieran su trabajo en áreas rurales. Firmado por el presidente Clinton y promovido por Bush como un modelo para el resto de la región, NAFTA debería enviar la señal de que más inmigrantes van a venir a medida que otros acuerdos comerciales como CAFTA, con países centroamericanos, sean promovidos con tanta pasión.
Por tercera vez en el último cuarto de siglo, el nivel de preocupación sobre la inmigración ha alcanzado un punto álgido. Los dos veces anteriores el país tomó en respuesta dos caminos muy distintos. La primera, en los ochenta, culminó con un programa de amnistía para cerca de tres millones de personas que vivían aquí ilegalmente. La segunda vez llevó a la reforma de inmigración de 1996 que, combinada con otras leyes aprobadas ese año, representó las medidas más fuertes contra inmigrantes adoptadas en décadas.
En otras palabras, tanto la amnistía como la mano dura han sido probadas en el pasado y la intranquilidad actual seguramente continuará aumentando si líderes en Washington no hablan, con la franqueza que tuvieron los lectores para compartir sus experiencias conmigo, acerca de lo bueno y lo malo de la inmigración.
Lo que ambos candidatos (Bush y Kerry) saben, pero que Washington en general no reconoce, es el rol que Estados Unidos jugó y continúa jugando en la situación que tanto condenan los lectores. Miles de salvadoreños y guatemaltecos huyeron de guerras que fueron financiadas en parte por Estados Unidos en los ochenta y vinieron al norte
