Es común que las políticas comerciales de los gobiernos y sus mecanismos para ponerlas en marcha sean resultado de la interacción de las fuerzas políticas internas y la de estas últimas con los gobiernos de otros Estados. Para tener poder sobre el comercio, los Estados descansan en instrumentos que legitiman su autoridad, incluso el uso de la noción de soberanía y el establecimiento de sistemas legales que delinean el control de la actividad económica.
Sin embargo, la política mundial contemporánea demuestra que las naciones están perdiendo soberanía frente al capital transnacional, la tecnología y las organizaciones internacionales. Uno de los efectos más profundos de este incremento es el flujo de mercancías, servicios, capital, conocimiento y trabajo, a través de las tradicionales fronteras estatales a finales del siglo XX ha sido el debate sobre la naturaleza del Estado, en particular de lo que constituye la soberanía.
A pesar de este proceso de cambios, el Estado-nación continúa siendo un instrumento vital de mediación política, al articular los intereses políticos en conflicto y generar las políticas comerciales y su negociación internacional.
La tendencia a considerar que el Estado se está debilitando mientras el capital privado se fortalece genera confusión acerca del papel apropiado del Estado, y el mercado en torno a las normas del sistema de intercambio de mercancías que gobierna el comercio a través de las fronteras.
Esta confusión quizás sea más severa en Estados Unidos a consecuencia de que este país como garante del sistema mundial y del ideal del libre comercio, refleja una creciente contradicción de cómo reconciliar esos objetivos con su interés nacional.
Formalmente Estados Unidos ha apoyado la versión pura del libre comercio, pero al mismo tiempo su propia práctica se ha alejado de los supuestos del liberalismo económico que en teoría profesa.
Dada su vocación ideológica por el laissez faire, toda política nacional que se aleja de dicha norma ha sido pobremente planeada, carece de objetivos industriales de largo plazo y, por lo general, no ha ayudado ni al sistema comercial ni al propio interés estadounidense. En la actualidad este dilema local se proyecta sobre Estados Unidos como principal arquitecto y patrocinador del libre comercio, y sobre el sistema de comercio mundial.
Un ejemplo claro de esta contradicción ha sido el debate originado en ese país en 1994 respecto a la ratificación del acuerdo alcanzado en la Ronda Uruguay del GATT que se refirió a la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y por consiguiente a la pertenencia estadounidense, a dicho organismo internacional. Varias de las voces de oposición —provenientes del Congreso, ciertas élites políticas, los medios y la academia— objetaban que la aceptación de la jurisdicción de la OMC en las disputas comerciales podía sentar precedentes sobre la normativa interna en esa materia. Es decir, ponían en tela de juicio la soberanía de dicho país respecto de una entidad supranacional.
Quienes alentaron el ingreso a la OMC consideraban que ello estaba directamente enfocado al interés comercial del país del norte, porque el nuevo sistema de resolución de disputas comerciales, que la naciente entidad representa, resultaría en resoluciones más rápidas y justas de las quejas del comercio estadounidense contra otros Estados.
Desde la perspectiva tradicional del liberalismo económico, las necesidades orientadas al interés nacional se limitan a la seguridad militar, lucha contra el terrorismo, narcotráfico y geopolítica. También se refieren al interés del consumidor en el entorno del libre comercio. Sin embargo, grupos industriales, sindicatos y algunos representantes del Congreso pugnan porque se proteja a ciertos sectores de la economía nacional, dada su importancia para el mercado laboral en cuanto a los niveles de empleo, salario y las condiciones de trabajo y ambiental.
Estas negociaciones entre los grupos de interés, que por lo general se resuelven mediante disposiciones legales negociadas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, reflejan la falta de unanimidad en cuanto a las previsiones sobre los beneficios derivados del libre comercio y a las contradicciones en que incurre Estados Unidos una vez que estos grupos entran en pugna.
Estados Unidos protege a la agricultura por medio de subsidio, los cuales funcionan como barreras no arancelarias al comercio, pues tienden a favorecer a unos productores sobre otros. Desde la gran depresión de los años treinta, los productores estadounidenses recibieron grandes cantidades como ayuda del gobierno federal. Los agricultores crecieron acostumbrados a recibir un cheque por correo y se apoyaban en los subsidios más que en el libre comercio.
Desde la postura del libre comercio, los subsidios no sólo llevan a la sobreproducción, sino que también generan en forma artificial precios muy bajos, lo que lleva a los consumidores a descartar las mercancías extranjeras y a mantenerlas fuera del mercado. Según esta corriente, Estados Unidos manifiesta una postura poco congruente: mientras se queja justificadamente de los subsidios impuestos por la Unión Europea, los que reciben los productos lácteos y el azúcar estadounidenses son superiores a los de los mismos productos de la competencia europea.
De esta manera los socios comerciales de Estados Unidos con dificultad aceptarían esta falta de coherencia y pueden responder con barreras comerciales adicionales, a la exportación estadounidense. Por tanto, para mantener su credibilidad como líder de la economía mundial, Estados Unidos debe ofrecer la eliminación de sus barreras arancelarias y no arancelarias a los productores agropecuarios.
El autor es vicedecano de la Facultad de Derecho, UNAN-León
